En pleno debate entre el Ministerio del Trabajo, patronal y sindicatos por las nuevas condiciones laborales de los repartidores de plataformas digitales como Glovo y Deliveroo, cada vez son más insistentes las críticas de los empleados con contrato por cuenta ajena del sector.

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Este modelo es precisamente el que persigue el Ejecutivo con su nueva legislación. El ministerio de Yolanda Díaz intenta acabar con lo que considera falsos autónomos y quiere obligar a estas plataformas a realizar contratos formales a sus repartidores, conocidos popularmente como riders.

Just Eat defiende los contratos por cuenta ajena, mientras que Deliveroo, Glovo, Uber Eats y Stuart piden un modelo de autónomos con derechos reforzados.

El problema, como queda patente en estas protestas, son las condiciones de buena parte de estos repartidores contratados, ya que están muy por debajo de las que mantienen los riders trabajando como autónomos. 

Los últimos en denunciar su situación han sido un grupo de repartidores de Just Eat de Barcelona que han estallado contra sus condiciones laborales: "Estamos hartos de que se nos explote", dicen en el comunicado que ha sido remitido al departamento de Yolanda Díaz.

El modelo de Just Eat

Just Eat defiende contratos por cuenta ajena con sus repartidores, pero hasta el momento no contrata a ningún repartidor y solo tiene planes de tener su propio equipo en el futuro. Desde su nacimiento trabaja con empresas externas con las que subcontrata el servicio, y son estas las que tienen mantienen a los repartidores en sus estructuras laborales.

Precisamente, trabajadores contratados por estas empresas externas son los que han lanzado la voz de alarma. Estos empleados de subcontratas de Just Eat denuncian -entre otras cosas- que su salario base es de 374,97 euros, que no tienen bono por lluvia, ni nocturnidad, ni pago por kilometraje.

Indican además que para poder optar al trabajo tienen que disponer de un vehículo propio y que la gasolina sale de su bolsillo. El contrato es de obra y servicio por 15 horas cotizadas y las horas adicionales son horas ordinarias, no extras, por lo que pagan una tarifa de 6,56 euros brutos.

Advierten además que las nóminas no son claras y explícitas, que el material es casi inexistente y que no disponen de ropa de lluvia, ni material sanitario. Además, cobran un euro por pedido aunque implique un desplazamiento de más de cinco kilómetros.

En esta línea hacen un llamamiento a la patronal para que tome "cartas en el asunto". "Tenemos un contrato precario, y por lo que cotiza esta empresa por nosotros no tenemos derecho ni a paro", advierten.

Petición a Trabajo

"Estamos hartos de esta situación, de que se nos explote mientras ellos se enriquecen a costa de los trabajadores sin ni tan siquiera invertir en vehículos de empresa y no siquiera pagarnos la gasolina". 

Y continúan indicando que "muchos aguantamos esta situación porque no tenemos otro trabajo. Muchos nos hemos quedado sin empleo a causa de la pandemia. La mayoría procedemos del sector de la restauración y queremos que se escuche nuestra voz".

Respecto del modelo de contrato por cuenta ajena que promueve el Gobierno han indicado que si "este modelo de negocio es el más beneficioso" para las arcas de la Seguridad Social "solicitamos que se hagan inspecciones de Trabajo y se haga una auditoría".

Y concluyen solicitando a la ministra Yolanda Díaz que se comprometa con el sector. "Lo demostraría al crear una ley que aclare la relación laboral de los repartidores con las plataformas y evite la precariedad en el trabajo, tal como la vivimos nosotros trabajando con Just Eat".

La realidad de estos contratos ya fue denunciada por Invertia hace unas semanas.  Bajo el convenio colectivo de la Asociación Española de Mensajería, el contrato al que tuvo acceso este periódico (de una de las empresas con las que Just Eat externaliza el servicio), establece una jornada a tiempo parcial por 60 horas al mes (15 horas a la semana), con un periodo de pruebas de un mes y con 30 días naturales de vacaciones.

Condiciones laborales

Este contrato establece además un pago de 6,56 euros por hora (que incluye el prorrateo de dos pagas extra). La hora complementaria se paga a 5,62 euros y pueden hacer hasta un 50% más de las horas base del contrato, o sea, pueden hacer un total de 7,5 horas extra cada semana y un total máximo de 22,5 horas semanales.

De esta manera, el dinero máximo percibido a la semana sería de 140,55 euros trabajando 22,5 horas (15 regulares y 7,5 extras), 560 euros al mes. El horario es de lunes a domingo de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 00:00.

En este sentido, el acuerdo entre Trabajo, sindicatos y patronal está bastante lejano. Las empresas del sector consideran que esta normativa se está elaborando sin considerar sus propuestas y que lo que se ha presentado hasta el momento, "es discriminatorio, tiene dudoso encaje práctico y es perjudicial para la economía". 

El Ministerio de Trabajo quiere tener el máximo consenso posible en esta normativa, una de las banderas de lucha de la titular de la cartera, Yolanda Díaz, pero si no hay acuerdo en un plazo razonable, está dispuesto a promulgar un Decreto Ley que ponga fin a la incertidumbre.

Trabajo nunca ha ocultado que su objetivo es hacer una normativa en la línea de algunas sentencias judiciales que han decretado que los empleados de estas plataformas son falsos autónomos y que, por tanto, deben ser contratados por cuenta ajena y pasar a formar parte de sus plantillas. 

Proyecto del Gobierno

El Ejecutivo no ha entrado todavía en cómo deberían ser estos contratos. Sin embargo, el proyecto al que ha tenido acceso Invertia y que el Ejecutivo presentó el pasado 11 de noviembre a Diálogo Social, establece la relación laboral entre los empleados y las plataformas y suma a esta legislación a los "servicios que se prestan dentro del hogar", es decir, trabajadoras del hogar.

Además, abre la puerta a que los trabajadores pudiesen conocer los algoritmos de sus empresas. "La representación legal de las personas trabajadoras tendrá derecho a toda la información relativa a los parámetros y reglas de toma de decisión en los que se basan los algoritmos utilizados por la empresa que puedan incidir directa o indirectamente en las condiciones de trabajo y de acceso y mantenimiento del empleo", dice la normativa.