Este jueves volverán a sentarse Gobierno, sindicatos y representantes de la patronal en el marco del Diálogo Social, que busca un acuerdo para modificar el Estatuto de los Trabajadores y adaptarlo a las nuevas estructuras laborales que han nacido de las plataformas digitales como Glovo o Amazon.

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La nueva normativa deberá regular la relación laboral de los repartidores de estas empresas, conocidos popularmente como riders y cerrar el debate y las disputas legales entre algunos trabajadores y Glovo, Deliveroo, Uber Eats o Stuart por su actual modelo de contratación.

En esta línea y después de más de un mes de negociaciones y sucesivos rechazos, el Ministerio de Trabajo presentará una nueva propuesta para intentar desbloquear las negociaciones e intentar evitar la promulgación de un Decreto Ley, si es que no hay acuerdo definitivo.

Sin embargo, las fuentes consultadas indican a este diario que el acuerdo se ve muy complicado, por no decir imposible. Principalmente por el rechazo de la patronal, que considera que esta normativa se está elaborando sin considerar sus propuestas y que lo que se ha presentado hasta el momento, "es discriminatorio, tiene dudoso encaje práctico y es perjudicial para la economía". 

Fuentes del sector con las que ha hablado este periódico, indican que las negociaciones del Diálogo Social "están demostrando lo compleja que es la regulación, ya que afecta a varias industrias y genera importantes modificaciones en el mercado laboral que deberían abordarse y discutirse con más tiempo para evitar efectos económicos adversos, especialmente en un momento crítico para la economía como el actual".

Relación laboral

Desde el sector se piden básicamente dos cosas: que la legislación no se haga de manera apresurada y que se considere la actual situación económica con la crisis del coronavirus haciendo estragos nunca antes vistos.

En el caso de los plazos, el Ejecutivo tiene prisas por sacar adelante estas modificaciones y su idea es intentar cerrar sus últimos flecos antes de que termine el año y poder enviarla a audiencia pública el primer trimestre de 2021. 

El Ministerio de Trabajo quiere tener el máximo consenso posible en esta normativa, una de las banderas de lucha de la titular de la cartera, Yolanda Díaz, pero si no hay acuerdo en un plazo razonable, está dispuesto a promulgar un Decreto Ley que ponga fin a la incertidumbre.

Trabajo nunca ha ocultado que su objetivo es hacer una normativa en la línea de algunas sentencias judiciales que han decretado que los empleados de estas plataformas son falsos autónomos y que, por tanto, deben ser contratados por cuenta ajena y pasar a formar parte de sus plantillas. 

El Ejecutivo no ha entrado todavía en cómo deberían ser estos contratos, pero lo que se conoce hasta el momento -por experiencias actuales de empresas de reparto- son condiciones precarias a tiempo parcial y con salarios que no superan los siete euros la hora.

Algoritmo de trabajo

Al mismo tiempo, las plataformas defienden un modelo mixto basado en autónomos con derechos reforzados tales como poder recibir una indemnización en caso de rescisión unilateral del contrato, mínimos salariales, mejorar los seguros de coberturas, derecho a formación o bajas reguladas por ley.

El proyecto al que ha tenido acceso Invertia y que el Ejecutivo presentó el pasado 11 de noviembre a Diálogo Social, establece la relación laboral entre los empleados y las plataformas y suma a esta legislación a los "servicios que se prestan dentro del hogar", es decir trabajadoras del hogar.

Además, abre la puerta a que los trabajadores pudiesen conocer los algoritmos de sus empresas. "La representación legal de las personas trabajadoras tendrá derecho a toda la información relativa a los parámetros y reglas de toma de decisión en los que se basan los algoritmos utilizados por la empresa que puedan  incidir directa o indirectamente en las condiciones de trabajo y de acceso y mantenimiento del empleo", dice la normativa.

No obstante, el punto más polémico es la creación de un registro de plataformas en el que la empresa deberá hacer público su algoritmo de organización del trabajo. En la inscripción de este registro, la empresa deberá aportar datos de identificación de la solicitante, sector en el que se integra la actividad que se va a realizar y convenio sectorial y empresarial, en su caso, aplicables.

Además, deberá presentar su modelo de organización del trabajo, descripción de los diferentes puestos de trabajo, número de trabajadores, capital inicial y procedencia de este, incluidas las posibles ayudas económicas públicas y algoritmo aplicado para la organización de la actividad, que incluirá, como mínimo, "el pseudo código o diagrama de flujo utilizado, así como los sistemas de reputación utilizados, en su caso, y a quién se aplican".

Observatorio Tripartido

Del mismo modo, el Gobierno ha propuesto crear un Observatorio Tripartito de Plataformas Digitales, órgano colegiado ministerial consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social del que formarán parte las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

El Observatorio será informado mensualmente de los datos obtenidos del Registro de Plataformas Digitales, y seguirá la evolución de la actuación de éstas, constituyéndose en el órgano de interlocución permanente en esta materia entre la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Mediante Orden del Ministerio de Trabajo y Economía Social se determinará la composición, forma de designación de sus miembros, competencias y régimen de funcionamiento.