Cada noche electoral promete un país distinto al de la víspera. Después de tres décadas viendo cambiar gobiernos y mayorías, he aprendido a mirar esas promesas con cierta distancia cuando pienso en una inversión pues mi experiencia me dice que rara vez han influido en nuestro mercado salvo en 2004 con la llegada de Zapatero.

El nombre del próximo presidente dice bastante menos sobre el futuro del IBEX de lo que sugiere el ruido de la campaña.

Las grandes cotizadas españolas viven en muchos países a la vez. Sus resultados dependen de factores que ningún Gobierno en Madrid controla de forma integral salvo algunas excepciones.

Una alternancia política puede modificar las expectativas, pero su efecto sobre el índice dependerá de cuánto cambien los beneficios previstos y la rentabilidad exigida por los inversores.

Buena parte de las posibilidades electorales ya estará incorporada a los precios.

Por eso, me parece más útil mirar qué ha ocurrido entre una elección y otra. La relación del Estado con las empresas se ha ido haciendo más estrecha en sectores de forma que el gobierno saliente se ha erigido por méritos propios como el más intervencionista desde que hay democracia en España.

Triste pero cierto. Pero esa “proximidad” puede ser compatible con una Bolsa al alza. Una compañía sigue vendiendo y pagando dividendos mientras descubre que algunas decisiones requieren algo más que el acuerdo de sus accionistas.

La relación del Estado con las empresas se ha ido haciendo más estrecha en sectores de forma que el gobierno saliente se ha erigido por méritos propios como el más intervencionista desde que hay democracia en España

El cambio se entiende bien cuando el Estado reúne la condición de accionista con la capacidad de autorizar operaciones o fijar las reglas del negocio.

La SEPI posee el 10% de Telefónica y casi el 28% de Indra, y está presente en las redes estratégicas de Redeia y Enagás. Su importancia reside en que el accionista público dispone de otras herramientas que los demás accionistas no tienen.

En ese marco, la desaparición de la acción de oro de Telefónica en 2006 no cerró la relación entre poder político y decisiones empresariales. Hoy operan otros mecanismos de autorización y protección de la defensa, junto con la participación pública.

El cambio de presidencia de 2025, explicado por la compañía en el contexto de su nueva estructura accionarial, permite apreciar la relevancia de esa gobernanza.

En Indra, además, el accionista público coincide con un cliente importante, incluso en servicios tecnológicos de difusión de resultados electorales provisionales. El recuento de votos corresponde a las mesas y el escrutinio general a las juntas electorales. La cuestión es cómo se gestionan esas relaciones y qué prioridades introducen en la empresa.

¿Es una ventaja electoral inaceptable contar con la empresa dominante de telecomunicaciones, una cadena pública para ejercer de aliado electoral en la campaña y controlar a la responsable de gestionar el voto? La sospecha es cuando menos aceptable.

El interés nacional merece tomarse en serio, precisamente porque invocarlo concede un margen de decisión considerable.

El veto a la OPA de Talgo en 2024 y la posterior entrada de SEPI muestran que incluso la posibilidad de aceptar una oferta por las propias acciones puede quedar condicionada por ese criterio. Esa capacidad de intervención obliga también a responder por la gestión.

Los fallos que el Tribunal de Cuentas documentó en la compra de trenes de Renfe, con especificaciones incompatibles con la infraestructura, retrasos y sobrecostes, recuerdan que conservar la propiedad pública no resuelve la ejecución.

La regulación extiende esta relación mucho más allá del accionariado. Bancos y energéticas han tenido que incorporar gravámenes nuevos, modificaciones y derogaciones a sus previsiones.

La generación eléctrica ha conocido reducciones temporales de retribución por decreto. Las circunstancias que justificaron cada medida merecen examen, pero una inversión a largo plazo necesita algo más duradero que la explicación de la última urgencia.

Una red, una central o una infraestructura comprometen capital durante años. Cuando aumenta la incertidumbre sobre sus ingresos futuros, puede subir la rentabilidad mínima exigida para financiarlas.

Un proyecto puede retrasarse o encontrar un destino más previsible. Esa es la pérdida que me preocupa ya que el deterioro gradual de las condiciones para invertir puede pasar inadvertido en la evolución diaria del IBEX. Mi impresión es que España ha debilitado parte de esa previsibilidad, aunque siga atrayendo capital extranjero.

El resultado de unas elecciones importa en la medida en que permita recuperar confianza en las reglas y en la calidad de su aplicación.

Una economía más abierta a la competencia y con menor discrecionalidad política sería deseable. Pero el próximo Gobierno tendrá que empezar por gestionar la realidad que reciba. La reforma de ese marco llevará tiempo.

Ahí debería centrarse también el votante.

Una economía más abierta a la competencia y con menor discrecionalidad política sería deseable. Pero el próximo Gobierno tendrá que empezar por gestionar la realidad que reciba. La reforma de ese marco llevará tiempo

La fragilidad de la deuda que comentábamos la semana pasada, con Francia en el epicentro del desastre que se nos viene, exige programas económicos capaces de responder a un escenario menos favorable.

Me interesa una política que permita visualizar esas restricciones y explique de dónde saldrán los recursos, qué compromisos pueden sostenerse y cómo se actuará si la financiación se encarece. Esa claridad tiene valor aunque resulte menos cómoda que una oferta de beneficios sin coste aparente.

Las grandes cotizadas pueden encontrar crecimiento fuera de España y amortiguar parte del impacto político. Para buena parte de los hogares y las empresas, el margen es menor.

Su futuro depende mucho más de que el Gobierno sepa anticipar dificultades y gestionar los recursos disponibles. Después de tantas elecciones, esa es la responsabilidad que más me importa exigir.