Los pequeños accionistas de Barón de Ley siguen en pie de guerra. En su lucha por conseguir una opa de exclusión más generosa para sus acciones de la bodeguera, ya han conseguido que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) les preste oídos. Ahora, esperan que los asesores de EY que el supervisor acaba de fichar contribuyan a la consecución de este objetivo.

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La valoración de Barón de Ley podría convertirse en el primer encargo de la CNMV a la consultora británica en el marco del contrato suscrito entre ambas instituciones a finales del mes pasado. Y es que el supervisor ha pedido a la gerencia de la bodeguera que actualice los informes de valoración que aportó el pasado octubre, cuando admitió a trámite el folleto de la operación.

Después de este requerimiento, y dado el choque de opiniones entre la compañía y su accionista mayoritario con los minoritarios, todo apunta a que el supervisor pedirá a los de EY su valoración independiente. Y los pequeños inversores de la bodeguera están convencidos de que se convertirán en la pieza clave para inclinar la balanza a su favor.

Menos impacto del previsto

En este sentido, después de cinco meses de análisis de la oferta de exclusión, la CNMV ha considerado que los cálculos de la gerencia deben actualizarse a los resultados finalmente obtenidos al cierre de 2020. Una pista: aunque han sufrido el inevitable golpe de la Covid-19, el impacto ha sido mucho menor de lo que se descontaba al término del tercer trimestre del año.

Entre las cifras que justificarían un desembolso superior a los 109 euros por acción que Barón de Ley ha puesto sobre la mesa hasta ahora, el Ebitda de la productora de vinos de Rioja. Los números auditados remitidos al mercado hace tres semanas señalaron un beneficio bruto de explotación de 28,8 millones de euros, un 22% más de lo que se preveía en los cálculos usados para justificar ese precio por mucho que supongan un 11% menos que hace un año.

Casi 5 euros más

Además, los flujos de caja libre alcanzaron los 21,7 millones de euros frente a los 3,2 millones que se señalaron en el informe encargado por la bodeguera a Renta 4. Como resultado, la caja neta de la cotizada ha engordado en 19 millones de euros frente al cierre de 2019. De nuevo, una situación muy diferente de la que se había contemplado para argumentar los términos planteados para su retirada de bolsa.

Con estas cifras en la mano, el gestor Marc Garrigasait, responsable del fondo de inversión español Panda Agriculture & Water Fund, considera que “el precio ofertado debería subir en 4,65 euros por acción”. Un 4,3% hasta los 113,65 euros. Y eso solo en atención al criterio de caja neta de la compañía, según denuncia en declaraciones a Invertia.

El gestor de la firma catalana Gesiuris, que tiene un 3% del patrimonio de su fondo ‘bloqueado’ en Barón de Ley desde que se anunció la operación, no tiene duda de que el requerimiento de la CNMV para revisar los números de valoración será “muy positivo para los minoritarios” entre los que se incluye. Además, no le cabe duda de que, “en una operación como esta, la valoración independiente de los profesionales de EY será determinante”.

De momento, todo apunta a que el calendario seguirá corriendo durante un tiempo antes de que los minoritarios reciban una respuesta indirecta a sus exigencias. El viernes pasado, el consejo de administración de Barón de Ley se limitó a señalar que estaba “llevando a cabo las actuaciones necesarias” para proceder con la actualización de sus números.

Tirón en bolsa

En cualquier caso, por mucha agilidad que haya en el proceso, los plazos de estudio del supervisor volverán a ponerse a cero una vez que se entregue este documento. Y la CNMV podría seguir requiriendo más información o la puntualización de algunos de los datos presentados.

Mientras tanto, el mercado parece dar la razón a los minoritarios, puesto que las acciones de Barón de Ley no han descendido de los 110 euros por acción en los últimos siete meses. Es más, desde la petición de la CNMV, las acciones de la bodeguera han encadenado tres sesiones consecutivas en los 114 euros, un 4,6% más de lo que de momento se ofrece por la exclusión.

Esta cantidad, se queda, sin embargo, muy lejos de las aspiraciones últimas de Garrigasait y sus compañeros de viaje. El gestor asegura que el informe por el que exigía una compensación mínima de 157 euros por acción “sigue plenamente vigente y hasta suma argumentos a su favor”. Y eso supone un 44% más de lo que la compañía controlada a través de Mazuelo Holding por su presidente, Eduardo Santos-Ruiz Díaz, ha previsto por el momento.