En su comparecencia en la Comisión Mixta del Congreso para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda ha presentado el informe de fiscalización sobre la financiación de las las empresas para la formación de sus trabajadores con cargo a las cuotas de formación profesional.

El presidente del Tribunal de Cuentas ha verificado la existencia de empresas beneficiarias que aplicaron bonificaciones indebidas por 4 millones de euros y que incluso, sin haber procedido a su devolución, continuaron beneficiándose de este sistema posteriormente.

"En un caso se emitió acta de liquidación por 1,5 millones de euros, dándose traslado a la fiscalía por si los hechos fueran constitutivos de delito", ha añadido.

Ha advertido de "numerosos incumplimientos" en estos cursos de formación, como la falta de finalización de la formación, el incremento injustificado de los costes facturados o facturas que carecían de detalles necesarios, además de otras deficiencias.

Álvarez de Miranda ha dicho que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no había elaborado un informe específico para evaluar el impacto de la formación demandada, dirigida al mantenimiento del empleo o a la mejora de la competitividad de las empresas, ni ha analizado la "eficiencia" de las acciones formativas ni de los recursos económicos y medios empleados.

"El porcentaje de actuaciones de control, establecido legalmente en el 5 % de los recursos públicos, se muestra claramente insuficiente", ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas, que ha recomendado al Ministerio de Empleo efectuar un desarrollo normativo de la iniciativa de formación de demanda.

Asimismo, recomienda al SEPE, con el apoyo de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, revisar las posibles bonificaciones indebidamente aplicadas por las empresas.

Álvarez de Miranda ha afirmado que no hay peticiones en el ámbito penal y que el Tribunal de Cuentas plantea solo aspectos mejorables y traslada al Congreso la iniciativa de valorar la utilización de los recursos públicos.

El tribunal fiscalizador también ha recomendado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que elabore estudios para evaluar el impacto de los programas de termalismo para mayores sobre la salud de los beneficiarios y ha urgido al IMSERSO para que requiera a los hoteles que participan en el Programa Estatal de Vacaciones para Mayores la identificación personalizada de las contrataciones para verificar su idoneidad.

El presidente del Tribunal de Cuentas ha puntualizado que dentro de este programa la capacidad económica es una de las variables para poder acceder al mismo, pero que este aspecto "no es considerado a efectos de la financiación a aportar por los beneficiarios".

"El IMSERSO tiene en cuenta los niveles de renta, pero la realidad es que todos los beneficiarios pagan lo mismo", ha advertido.

El Tribunal de Cuentas también ha recomendado al Gobierno el desarrollo reglamentario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la adaptación de las bases reguladoras a la Ley General de Subvenciones, con el fin de evitar que puedan ser beneficiarios los patronos de la Fundación.

Durante la exposición del informe de fiscalización relativo a la Fundación para la prevención de riesgos laborales de 2015, Álvarez de Miranda ha pedido al Patronato de la Fundación que determine la tipología de las acciones y la distribución de los recursos según criterios de reparto objetivos entre sectores y territorios.