Esta comisión, formada por cinco expertos del Gobierno y otros cinco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que empezó sus trabajos en marzo, ha presentado hoy su informe, en el que añade que, en las plusvalías inmobiliarias, se debe sustituir la aplicación de porcentajes sobre el valor catastral por la diferencia entre valor real del bien inmueble en la transmisión y su valor de adquisición.

Se trata así de gravar la capacidad económica real del sujeto pasivo.

Otra de las novedades es la creación de un impuesto sobre las estancias turísticas, un nuevo tributo local que justifican en que las estancia en hoteles o establecimientos análogos es un inequívoco signo de capacidad económica y, en la razonabilidad de que los turistas contribuyan, en la medida de su uso, a la financiación de unos servicios públicos.

Reconoce que las entidades locales han perdido peso en las Administraciones Públicas desde la entrada en vigor del actual sistema de financiación en 2004, al pasar de representar el 14,8 % del gasto público ese año al 13,7 % en 2015.

La Comisión se muestra partidaria de mantener las figuras tributarias actuales, aunque con "una profunda remodelación" de algunas de ellas, atendiendo fundamentalmente a criterios jurisprudenciales, así como nuevas figuras impositivas.

Respecto al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), aconseja, entre otros aspectos, una revisión del método de determinación y valoración de los inmuebles que tenga como referencia el valor de mercado, para las distintas categorías de bienes inmuebles.

Propone un avance en la participación de los municipios en la configuración del impuesto con un mayor margen de decisión en la determinación de sus elementos principales, y una más adecuada implicación en instituciones tan relevantes para su aplicación como el Catastro.

En cuanto al impuesto sobre actividades económicas, la Comisión aboga por los retoques necesarios para suprimir, revisar y fijar la naturaleza del sujeto pasivo, las exenciones o simplificar la liquidación del impuesto.

Aluden también a la reforma de la financiación del transporte público y piden la recuperación de la aportación de recursos de 2011 en un plazo establecido y razonable para que se permita una mejora en la planificación de nuevas inversiones y actualizar anualmente la cantidad resultante con el índice general que se aplique al resto de las transferencias generales.

Consideran que podría establecerse la aplicación para municipios con un nivel de población determinado de contratos-programa que evalúen de forma más objetiva las singularidades de cada uno, quedando excluidos del Fondo de reparto de subvenciones de aplicación general.