Nuevo giro en el debate español para transponer la Directiva europea sobre derechos de autor en el mercado único digital. Este miércoles se conoció que el grupo RCS Mediagroup cerró un acuerdo con Google para compartir sus contenidos en las diferentes plataformas y agregadores del gigante tecnológico.

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Un anuncio que ha dejado al descubierto el doble juego de los legacy media españoles. El acuerdo en Italia incluyó a sus medios en España: El Mundo, Expansión y Marca (pese a que no se podrá aplicar hasta que se derogue el Canon Aede) al mismo tiempo que directivos de Unidad Editorial presionan al Gobierno de Pedro Sánchez contra Google y sus pactos alcanzados con otros editores en España.

Las fuentes consultadas por Invertia confirman que el presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano, se reunió hace pocos días con altos cargos de Moncloa. El objetivo era asegurarse de que el Gobierno no acabe con el Canon Aede, ni que sea sustituido por el artículo 15 de la norma europea. En la práctica esto terminaría con la ley aprobada en 2014, impulsada por el editor de El Mundo, Prisa y Vocento.

Tras el acuerdo en Italia, los medios de Unidad Editorial se convierten en los primeros periódicos en España en ceder sus contenidos al gigante tecnológico casi al mismo tiempo en que mueven ficha para que se mantenga la normativa que impide que Google News vuelva a nuestro país. Es más, RCS no podrá poner en marcha el acuerdo en España hasta que no se derogue una norma que su filial lleva seis años defendiendo.

Con estos antecedentes, es prácticamente imposible que Fernández-Galiano no supiera que su matriz estaba negociando con Google, ni que RCS se plantease incluir a sus medios en España, paradójicamente en los mismos términos a los que se opone frontalmente Unidad Editorial.

Posicionamiento de los medios

Entonces, ¿qué ha pasado para que RCS en Italia firme con Google y Unidad Editorial bloquee este pacto en España? Las fuentes consultadas por este diario consideran que es solo un tema de precio.

Este diario ha podido confirmar que a excepción de Vocento, todos los medios y grupos de medios españoles están negociando con Google y eso incluye a Unidad Editorial y Prisa. Es por ello que es muy probable que estos medios utilicen al Gobierno para subir el precio de su acuerdo final con el gigante tecnológico.

En la medida que se retrase la derogación del Canon Aede o se incluyan cláusulas antiGoogle, el valor de un acuerdo con un gran editor será mucho más elevado que si se liberaliza el mercado y se da carta blanca a los medios para negociar cada uno por su cuenta. 

Un posicionamiento corporativista que se ha intentado imponer a toda la industria pese a que la casi totalidad del resto de medios, entre los que se encuentran cabeceras regionales y nativos digitales, quieren tener el control para poder gestionar con libertad sus derechos de autor.

La directiva europea sobre derechos de autor y en especial al artículo 15 otorga a los editores de publicaciones de prensa en toda Europa los derechos exclusivos para autorizar o prohibir la distribución y cesión de sus publicaciones a agregadores de noticias como Google News o Upday de Samsung. 

Ministerio de Cultura

Esta norma es, por tanto, contraria al Canon Aede aprobado en España en 2014 y que establece el derecho irrenunciable de cobrar por sus contenidos a los agregadores de noticias y además obliga a la gestión colectiva de estos derechos en manos de un organismo determinado por la propia ley, en este caso el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro).

El Gobierno español tiene como plazo hasta el próximo 14 de junio para transponer la Directiva europea sobre derechos de autor en el mercado único digital y, por tanto, decidir sobre el futuro del Canon Aede. En esta fecha expira el plazo de dos años que la Unión Europea da a los estados miembros para adaptar la normativa comunitaria.

De lo contrario, España se expone a un expediente sancionador que hace solo un mes se saldó con una multa de 15 millones de euros por no transponer la directiva europea de protección de datos en el marco de las investigaciones penales. La UE estableció además una penalización de 89.000 euros diarios hasta que el Gobierno adaptase esta normativa.

En el caso de la directiva sobre derechos de autor (copyright) en Gobierno español ha demostrado no tener demasiada prisa, aunque le quedan solo tres meses para hacerlo. El Ejecutivo lleva no menos de seis meses hablando con editores de prensa y actores del sector para adaptar esta normativa, pero todavía no empieza ningún trámite formal para empezar su camino parlamentario.

En su comparecencia del miércoles ante la comisión de Cultura del Congreso, el ministro José Manuel Rodríguez Uribes indicó que en "próximas fechas" llevaría a la comisión los avances al respecto, aunque no detalló si estábamos hablando de un anteproyecto, un decreto ley o simplemente un borrador.

Posición de Europa

De hecho, la sensación que quedó entre los diputados que le escucharon es que no hay nada claro y que todavía no hay una decisión tomada, lo que podría retrasar mucho su trámite. Uribes indicó en el Congreso que seguiría reuniéndose con todos los actores para poder tomar una decisión.

Una debate en el que la Comisión Europea ha sido clara y ha avalado la derogación del Canon Aede mediante la transposición de la directiva de derechos de autor. En una reciente respuesta oficial al europarlamentario checo Alexandr Vondra, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha indicado que los Estados miembros no pueden aplicar el artículo 15 de la Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital "mediante un mecanismo de gestión colectiva obligatoria".

"La imposición de una gestión colectiva obligatoria privaría a los editores de este derecho (sobre la cesión de sus propios contenidos), al excluir a los editores de autorizar o prohibir el uso de su publicación".

Entonces ¿qué retrasa la directiva? El ministro de Cultura reconoció el miércoles en el Congreso el poder de los editores a decidir sobre sus derechos de autor, pero advirtió que era labor del Gobierno velar porque la posterior cesión de estos contenidos no terminase convirtiéndose en un monopolio de los agregadores.

En este punto, fuentes del mercado advierten que como ya ha pasado en otros países como Francia, la transposición debe llevarse de manera independiente porque solo afecta al copyright.

Si después de su aplicación se detecta algún tipo de alteración de la competencia, hay mecanismos en España y en Europa para combatirlo con organismos independientes fuera del Gobierno como es el caso de la CNMC. 

En cualquier caso, todas las fuentes consultadas reconocen que el principal freno al fin del Canon Aede es el posicionamiento de los legacy media que llevan meses presionando al Gobierno y al Ministerio de Cultura para que no mueva ficha y que legisle en línea con sus posturas.