La oferta de 200 millones de euros presentada por Blas Herrero por los medios del grupo Prisa generó un pequeño terremoto en la compañía. Es verdad que la propuesta se rechazó de manera fulminante y en menos de 24 horas, pero abrió viejas heridas en el Consejo de Administración y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de acelerar la escisión de Santillana del grupo.
Las informaciones confirmadas por Invertia indican que el proyecto aprobado antes de este verano avanza a paso lento pero firme y que un plazo razonable indica que debería estar en marcha, como tarde, en los primeros meses de 2022. Unos plazos que parecen insuficientes para el principal accionista de la compañía, el fondo Amber Capital, propietario del 29% de sus valores.
En verano pasado, el dueño de un tercio del capital de Prisa intentó forzar la salida del presidente ejecutivo Javier Monzón, pero finalmente se calmaron las aguas tras la oferta de la banca acreedora de renegociar su deuda y la promesa de Monzón de separar Santillana del grupo.
Para Amber, es fundamental que la compañía que genera el 75% del Ebitda y más del 60% de los ingresos esté separada de los medios como El País o Cadena Ser, lastrados por las malas perspectivas del mercado, elevados costes e ingresos menguantes.
El objetivo es que una Santillana fuera de Prisa sea más sólida, genere más negocio y eventualmente pueda salir a bolsa para rentabilizar la compañía. Pero no a cualquier precio. Según ha confirmado este diario, uno de los puntos que se están intentando despejar y que generan roces dentro del consejo es la dimensión de la deuda que tendrá cada compañía resultante.
Renegociación de la deuda
En junio, BNP Paribas, HSBC y algunos fondos como CVC prometieron mejores condiciones de refinanciación de la deuda para Prisa, que llega a 1.500 millones de euros. Estas entidades pidieron paz y estabilidad accionarial para refinanciar con nuevas condiciones y aceleraron el pacto entre todos los accionistas para mantener a Monzón en el cargo.
Una deuda que finalmente se refinanció el 19 de octubre extendiendo su vencimiento hasta marzo de 2025, con un coste inicial del 5,5% y un coste total medio del 7% durante la vida del contrato. Prevé además la amortización de 400 millones de deuda (con lo que la deuda neta total se recortará más de un 30%).
En estos momentos, la mayor parte de la deuda está en el holding aunque se haya generado en el negocio de medios. De esta manera, el reparto de la deuda entre las entidades resultantes es técnicamente posible en las cantidades y porcentajes que decida la compañía.
Por ello, todas las opciones están abiertas, aunque hay muchas diferencias si el grueso de ella se destina a Santillana o si se deja en el grupo de medios.
Si la mayor parte de la deuda se queda en la editora, la nueva compañía quedaría lastrada para sus negocios futuros. Por ello, Amber prefiere no recargar demasiado a la nueva sociedad para aumentar sus opciones de ser rentable y allanar su eventual salida a Bolsa.
Las opciones de Santillana
No obstante, quienes defienden esta opción creen que si Santillana asume buena parte de la deuda, lo tendrá más fácil para absorber el pasivo porque tendrá mejor acceso a financiación. En este caso, el holding de medios quedaría libre de deuda, con posibilidad de empezar de cero y sin la losa de 1.500 millones de euros.
Esta última posibilidad pasa básicamente por intentar rescatar a las dos empresas resultantes de la escisión, perjudicando las opciones de crecimiento de Santillana, pero dando un nuevo aire a los medios.
Por el contrario, si se deja la mayor parte de la deuda en el grupo de medios, hay mejores opciones para Santillana -y para Amber- de empezar a rentabilizar su inversión. El problema es que en este caso se dejaría en una situación muy delicada a los medios de grupo, todavía con una gran importancia política, pero sin pujanza financiera.