El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido el concurso para contratar agencias de viajes de la Administración General del Estado.
La medida se produce tras la impugnación presentada por la UTE formada por IAG7 Viajes y Nautalia, apoyada por la patronal Gebta y otras agencias.
La suspensión se mantendrá hasta que haya resolución definitiva, prorrogando la gestión actual de los servicios.
Las agencias denuncian irregularidades en los pliegos como exigencias de descuentos ilegales, precios inviables y cláusulas que vulneran normativas sectoriales.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha suspendido el procedimiento de contratación del servicio de agencias de viajes de la Administración General del Estado (AGE) tras un recurso interpuesto por la patronal Gebta y por otras agencias.
En concreto, se refiere a la impugnación interpuesta por la UTE formada por IAG7 Viajes y Nautalia, que pedían suspender el procedimiento de contratación.
El Tribunal determina que continuar con los trámites del procedimiento de contratación podría causar perjuicios de difícil o imposible reparación.
Así, ha acordado conceder la medida cautelar y suspender el procedimiento de contratación. El levantamiento de esta medida se acordará cuando se dicte la resolución final del recurso.
La suspensión implica de facto la prórroga de los actuales gestores de los lotes, al menos hasta que el Tribunal resuelva, según Gebta.
La patronal, que también impugnó el pasado 2 de septiembre, recuerda que los pliegos contenían graves infracciones.
La primera es la falta de costes ajustados a la realidad, exigencia ilegal de descuentos en tarifas aéreas, inclusión de mejoras en seguros a coste cero y fijación de precios que no cubren costes operacionales ni margen comercial.
En segundo lugar denuncia la inviabilidad operativa, ya que las exigencias en el pliego de prescripciones técnicas que resultan imposibles de cumplir en el mercado o exceden las funciones de una agencia intermediaria, acompañadas de penalizaciones por incumplimiento.
Por último, consideran que se vulneran las leyes sectoriales porque, en su opinión, hay cláusulas que incumplen normativas de protección de datos, la legislación sobre el mercado de seguros y el reglamento IATA.