Gebta ha impugnado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el concurso de gestión de viajes de la Administración General del Estado, valorado en 604,8 millones de euros.
La patronal de agencias de viajes corporativas denuncia graves infracciones en los pliegos, como exigencias de descuentos ilegales, mejoras a coste cero y precios que no cubren costes operativos.
Gebta advierte de la inviabilidad operativa del concurso y de la inclusión de cláusulas que incumplen normativas de protección de datos, legislación de seguros y el reglamento IATA.
La asociación critica la falta de diálogo con el sector en la redacción de los pliegos y recuerda que en 2025 una licitación similar fue impugnada y quedó desierta.
La asociación Gebta ha impugnado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el concurso para la gestión de los viajes de la Administración General del Estado (AGE), valorado en 604,8 millones de euros.
La patronal de las agencias de viajes corporativas solicita la suspensión del proceso y la anulación de los pliegos por contener graves infracciones normativas.
Para Gebta hay tres infracciones. La primera es la falta de costes ajustados a la realidad, exigencia ilegal de descuentos en tarifas aéreas, inclusión de mejoras en seguros a coste cero y fijación de precios que no cubren costes operacionales ni margen comercial.
En segundo lugar denuncia la inviabilidad operativa, ya que las exigencias en el pliego de prescripciones técnicas que resultan imposibles de cumplir en el mercado o exceden las funciones de una agencia intermediaria, acompañadas de penalizaciones por incumplimiento.
Por último, consideran que se vulneran las leyes sectoriales porque, en su opinión, hay cláusulas que incumplen normativas de protección de datos, la legislación sobre el mercado de seguros y el reglamento IATA.
En 2025, Gebta ya impugnó una licitación similar por inviabilidad económica, la cual terminó declarándose desierta al no concurrir ninguna agencia, “hecho que impide entrar a resolver el fondo del asunto”, señalan.
También denuncian que se ignore a las agencias de viajes en el proceso de redacción de los pliegos.
Algo que “no sólo se salda con un nuevo recurso, sino que comporta costes económicos derivados de la impugnación, y eventualmente la suspensión del proceso, circunstancias que hubieran podido evitarse de haber optado la Administración por un diálogo constructivo con el sector”, concluyen.