Aena ha lanzado una licitación exprés con irregularidades para reactivar obras paralizadas en aeropuertos del Levante tras la rescisión del contrato con la UTE Airia-Prointec-Aertec.
La nueva licitación no cumple la normativa de contratación pública, fracciona contratos y reduce plazos legales, lo que limita la competencia y prioriza el precio sobre la calidad técnica.
La rescisión del anterior contrato se produjo en medio de una crisis por certificaciones de obra abonadas antes de su ejecución y ha provocado un ERTE que afecta a cerca de un centenar de trabajadores.
Las nuevas adjudicaciones permanecen suspendidas por recursos en el Tribunal Administrativo Central, manteniendo bloqueadas las inversiones en aeropuertos como Barcelona-El Prat y Alicante.
Aena se ha visto obligada a publicar una licitación exprés para intentar reactivar algunas de las obras de los aeropuertos del este de España, actualmente paralizadas, tras quedarse sin las ingenierías encargadas de supervisar las inversiones millonarias previstas en Barcelona, Girona, Reus, Zaragoza, Sabadell, Huesca, Valencia y Alicante.
El objetivo es evitar que los trabajos de estos aeropuertos continúen bloqueados tras la rescisión anticipada del contrato de la unión temporal de empresas (UTE) Airia-Prointec-Aertec, que se encargaba de estas obras.
Sin embargo, la fórmula que ha empleado la empresa dependiente del Ministerio de Transportes para solventar el bache no cumple con la normativa y se aparta de lo previsto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
La clave es que si Aena no resuelve este vacío de ingenierías, algunas de las principales inversiones previstas por la empresa pública este año van a seguir paralizadas. Entre ellas se encuentran la reforma integral de la Terminal 2 de Barcelona-El Prat o las actuaciones pendientes en el aeropuerto de Alicante.
Para evitar ese bloqueo, el ente presidido por Maurici Lucena ha decidido optar por sacar nuevos contratos provisionales desde los propios aeropuertos, mientras permanece suspendida la adjudicación definitiva del nuevo contrato del Lote Este, que aglutina a todos los aeropuertos de la zona levantina.
En esta ocasión ha sido el expediente de "asistencia técnica de dirección de obra y control y vigilancia atdocv para la obra de construcción de salida rápida en pista 02-20 para el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona- El Prat".
Nueva licitación publicada por Aena
Fraccionamiento que, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia, vulnera la Ley de Contratos del Sector Público puesto que persigue eludir las reglas ordinarias de contratación.
La normativa prohíbe dividir una obra para simplificar su contratación o facilitar el acceso a empresas que no dispondrían de la solvencia o clasificación exigida para ejecutar el contrato en su conjunto.
Asimismo, según publicaba Aena el viernes 7 de agosto en su portal de contratación, el contrato que hasta ahora prestaba la UTE Airia-Prointec-Aertec tendrá una duración de sólo cuatro meses, pese a que a las obras todavía les restan alrededor de ocho meses de ejecución.
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
Además, la licitación concede únicamente cuatro días hábiles para presentar ofertas, mientras que el plazo previsto por la normativa para este tipo de procedimientos no puede ser "inferior a diez días hábiles", por lo que esta otra irregularidad limitaría la concurrencia de las empresas interesadas.
Por otro lado, según las fuentes del sector de infraestructuras consultadas por este medio, la dirección de obra (que es lo que se está contratando a través de estas licitaciones) es un servicio especializado que, por su complejidad, no se puede contratar mediante un procedimiento abierto simplificado, como ha hecho Aena para acelerar la adjudicación.
Además, critican los criterios de adjudicación fijados en este nuevo contrato puesto que la normativa establece que, en este tipo de servicios, debe tener más peso la calidad técnica de las ofertas que el precio. Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), este "no podrá ser el único factor determinante para la adjudicación".
Estas fuentes aseguran que en este caso la valoración técnica tiene muy poco peso y que apenas se exigen requisitos de solvencia a las empresas. Por ello, consideran que la compañía dependiente del Ministerio de Transportes ha dado prioridad al precio frente a la calidad del servicio.
Aena se ha puesto en contacto con este medio para negar que "la licitación a la que hace referencia sea un fraccionamiento indebido de una licitación pública y que se trata de simplemente una licitación porque es solo para una única obra".
La empresa pública también "niega que se hayan dado instrucciones a los aeropuertos para que liciten contratos provisionales" y que el expediente "que licitó el pasado viernes para el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona- El Prat, se realizó con carácter urgente porque la adjudicación del pliego original con el que se iba a articular dicha obra fue impugnada por uno de los licitadores, que solicitó al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) medidas cautelares".
Aena asegura que "por responsabilidad, no podía esperar a que esto ocurriera y, ante la urgencia de la actuación en la pista de Barcelona, licitó el viernes esa asistencia técnica. La obra debe ejecutarse en una ventana concreta porque obliga a cerrar la pista durante un periodo de tiempo y esto implica reducir la capacidad del aeropuerto".
"Si no se ejecuta según lo previsto, habría que retrasarla un año para volver a coordinarla con las aerolíneas. No hay ninguna intencionalidad en los posibles errores en los que incurre dicha licitación, de la que se va a desistir", aclara.
Origen de la situación
El inicio del problema se encuentra en la rescisión anticipada del contrato de Dirección de Obra para varios aeropuertos de AENA, adjudicado a la UTE Airia-Prointec-Aertec y con final previsto para el 25 de agosto de 2026, que, tal y como ya informó este periódico, fue resuelto alrededor de un mes y medio antes de su vencimiento.
Según confirman fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, esa decisión se produjo en plena crisis por las certificaciones de obra investigadas dentro de la compañía.
Entre ellas, los casos destapados por este medio en los aeropuertos de Barcelona y Alicante, relacionados con certificaciones de trabajos que, según la documentación publicada, fueron abonados pese a que todavía no estaban completamente ejecutados.
Preguntada por este asunto, Aena asegura que la rescisión del contrato "se debe a causas de incumplimiento de obras" y defiende que tiene "la obligación de garantizar que todas las actuaciones en sus aeropuertos se ajustan a las necesidades y a la calidad que corresponde".
La empresa que preside Lucena añade que trabaja "con multitud de empresas que sí cumplen y hacen bien su trabajo".
Asimismo, sostiene que, "si por incumplimiento alguna obra se retrasa, se podrá recuperar en el tiempo posteriormente" y niega que la situación esté afectando a las actuaciones más relevantes.
"Las principales actuaciones que los aeropuertos españoles requieren para los próximos años no se están viendo afectadas y los posibles retrasos se recuperarán en el tiempo planificado", afirma.
Sin embargo, semanas antes de la rescisión, la dirección de la UTE ya advertía de la situación a sus trabajadores.
En un correo interno enviado el 6 de julio, al que ha podido tener acceso EL ESPAÑOL-Invertia, un responsable de Prointec afirmaba que Aena estaba utilizando las certificaciones adelantadas para justificar la resolución del contrato y la incautación de garantías.
Correo interno enviado por la UTE a sus trabajadores alertando de la situación.
En ese mensaje aseguraba que esas certificaciones se realizaban siguiendo indicaciones de Aena y pedía conservar cualquier comunicación recibida desde los aeropuertos para preparar la defensa jurídica del caso, puesto que el conflicto acabaría previsiblemente en los tribunales.
Este despido inesperado de la UTE ya suponía un problema para las obras en marcha. Sin embargo, la situación se ha agravado porque las empresas que debían sustituirla todavía no han podido incorporarse.
Las nuevas adjudicaciones permanecen suspendidas por la impugnación presentada por seis empresas ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que cuestiona la valoración por parte de Aena de la solvencia técnica realizada durante la adjudicación de varios lotes.
Las compañías denunciantes consideran que sus pliegos impedían competir en igualdad de condiciones a la hora de presentarse.
Acuerdo sobre medida cautelar del recurso presentado al TACRC.
El Tribunal acordó mantener la paralización cautelar del procedimiento mientras resuelve los recursos, por lo que mantiene los trabajos bloqueados.
Así lo corrobora, en otro correo enviado a la plantilla, la dirección de la UTE. Un mes después del anterior mail comunicó que Aena había consumado la rescisión del contrato y que se daba por finalizado el servicio.
Asimismo, informaba de que los nuevos contratos destinados a sustituir al suyo habían quedado paralizados por la impugnación presentada ante el Tribunal y advertía de que esa situación abría "una etapa de enorme incertidumbre" no sólo para los aeropuertos del Levante, sino también para el resto de lotes afectados por la nueva licitación.
Correo enviado por la UTE a sus trabajadores.
Según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, el punto de partida de esta crisis se encuentra en esas falsas certificaciones emitidas, especialmente durante los cierres de ejercicio.
La documentación conocida por este periódico refleja que, en determinados casos, se certificaban y abonaban actuaciones antes de que estuvieran completamente ejecutadas y la mayoría coincidían en los mismos meses del año.
Las mismas fuentes explican que ese mecanismo permitía reflejar como ejecutadas inversiones previstas antes del cierre presupuestario anual.
El objetivo era aumentar el volumen de inversión certificada antes de que terminara el año, puesto que, según esas mismas fuentes, parte de los incentivos económicos que recibían algunos responsables dependía de que se alcanzara el nivel de inversión previsto al cierre del ejercicio.
La crisis ya ha tenido una primera consecuencia laboral. La rescisión del contrato ha provocado un ERTE que afectó a cerca de un centenar de trabajadores de las empresas integradas en la UTE.
Asimismo, la paralización de las nuevas adjudicaciones mantiene bloqueadas las ingenierías encargadas de dirigir las futuras obras y deja en suspenso buena parte de las inversiones previstas en los aeropuertos del levante de la red pública de Aena.