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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a siete plataformas de alojamiento vacacional que retiren los 138 anuncios de alojamientos que tienen publicitados en territorio palestino ocupado por Israel.

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha llevado a cabo una investigación en la que se han recopilado decenas de anuncios de alojamientos vacacionales que se ubican en esos territorios. Concretamente, se han detectado 138 anuncios de alojamientos turísticos en siete plataformas de intermediación que ofertan estos servicios en España.

En consecuencia, se ha enviado un primer requerimiento a estas multinacionales para informarles de que ha sido detectado contenido ilícito en sus plataformas relativo a comunicaciones comerciales sobre alojamientos radicados en territorios palestinos ocupados por Israel y se les ha instado a su inmediata retirada o bloqueo.

"Si estas multinacionales no retiran en España los anuncios identificados podrían enfrentarse a posteriores actuaciones por parte del Ministerio", advierte Consumo en un comunicado.

Este requerimiento se enmarca en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. En concreto se apoya en su artículo 4, donde se establece que la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita.

Los anuncios identificados son de alojamientos ubicados en las localidades de más de 200 códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado que se han publicado el lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno responde a la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población palestina en los territorios atacados por Israel.

Además, según la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio, titulada 'Consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental', las violaciones cometidas por Israel en el territorio palestino ocupado tienen consecuencias jurídicas para el resto de los estados de la comunidad internacional.

La Corte concluyó que los Estados tienen la obligación de "tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado".

Por tanto, Consumo considera que estos alojamientos "contribuyen a la normalización y perpetuación de un régimen colonial considerado ilegal bajo el derecho internacional".

Además, en noviembre de 2025, la Association of Jurists for the Respect of International Law (Jurdi) presentó una demanda en Francia contra un servicio de intermediación de alquiler turístico por listar propiedades en asentamientos israelíes de la Cisjordania ocupada.