La banca de inversión cree que un eventual triunfo del Partido Popular (PP) en las elecciones del 29 de noviembre no sería sinónimo de un recambio inmediato en la presidencia de Telefónica.
Diferentes análisis a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia reflejan que efectivamente existe un riesgo de que la cúpula de la operadora cambie con un gobierno conservador, pero que hay muchos elementos que podrían frenar esta decisión.
El mercado sigue con atención el futuro de la que es quizás la empresa más estratégica en la órbita actual del Estado debido a su gran implicación en redes digitales, defensa e incluso nuevos desarrollos energéticos.
Es así como los analistas coinciden en señalar que Telefónica, junto con Indra y Redeia, es una de las cotizadas que más deberían verse afectadas por el cambio de Gobierno.
Es el caso de Alantra. El banco de inversión indica en su último informe referido al Ibex y las elecciones que un gobierno de derechas podría implicar un enfoque menos intervencionista en Telefónica.
Indica además que un ejecutivo del PP pondría un mayor énfasis en criterios económicos y en la creación de valor para el accionista que el que ha venido realizando el PSOE. Algo que el mercado aplaude.
En diciembre de 2023, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) anunció la compra del 10% de Telefónica 24 años después de salir definitivamente del accionariado de la compañía.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda terminó gastando 2.300 millones de euros y colocando a su representante, Carlos Ocaña, como vicepresidente de la compañía.
En febrero de 2025, la SEPI acordó con el resto de accionistas —Criteria, BBVA, BlackRock y STC— sustituir a José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra como nuevo presidente para dar una vuelta a la gestión de la operadora.
En este sentido, Alantra cree improbable una reversión total del incremento de la participación de la SEPI en estas grandes empresas estratégicas si el PP gana las elecciones. En Telefónica, pero también en el 29% que el Estado mantiene en Indra, un porcentaje que se ha incrementado desde el 18% que el PSOE heredó del PP en 2018
Por su parte, un análisis de CaixaBank advierte de cierto riesgo para la cúpula de Telefónica. No obstante, "desde una perspectiva estratégica", creen que hay poco margen de maniobra operativo para un nuevo equipo liderado por un presidente elegido por el PP.
CaixaBank entiende que la actual posición de Telefónica en su mercado principal (España), así como su estructura corporativa y su balance aconsejan no realizar grandes cambios.
Desde su llegada a primeros de 2025 Murtra se puso a trabajar en un nuevo plan estratégico que terminaría presentando en noviembre del año pasado, bajo el nombre de Transform & Grow. El objetivo es crecer orgánicamente, y mediante fusiones en la medida de lo posible, pero siempre respetando la disciplina financiera y la reducción del perímetro en los mercados no rentables como Latinoamérica.
Murtra cambió completamente el equipo directivo de la era Pallete, aunque manteniendo algunas piezas clave como el ahora CEO, Emilio Gayo, y apostó por una reorganización operativa en tres grandes áreas: B2B, B2C e infraestructuras.
El plan Transform & Grow sigue en marcha a la espera de que en 2027 puedan volver a los beneficios tras asumir la depreciación y sacarla del perímetro de sus ventas en Latinoamérica.
En esta línea, en CaixaBank creen que un cambio de Murtra no es evidente. "En el pasado hemos vivido situaciones en las que el equipo directivo de empresas controladas por el Estado —o en las que la administración española desempeña un papel relevante— no fue sustituido cuando un partido de centro-derecha asumió el gobierno, por ejemplo, en el caso de Enagás".
Efectivamente, el caso de Enagás es una rara avis. Su presidente, Antonio Llardén, ha sobrevivido a gobiernos del PP y del PSOE, aunque en 2022 el PSOE apoyó la designación de un nuevo CEO: Arturo Gonzalo Aizpiri.
Naturgy y Repsol
Pero Telefónica no es la única gran empresa que se podría ver afectada con una eventual llegada del Partido Popular al Gobierno. Respecto de las empresas de servicios públicos, los análisis advierten de que un nuevo gobierno podría adoptar una postura más favorable hacia la generación nuclear.
Esto, en principio, podría favorecer a grandes energéticas como Endesa y Naturgy y perjudicar a otras más expuestas a las renovables como Iberdrola y Solaria.
Enagás también se podría ver perjudicada ya que un menor impulso político al hidrógeno verde podría ralentizar el desarrollo de la infraestructura de hidrógeno en España y estas inversiones.
En cuanto al petróleo, Repsol y Galp podrían verse favorecidas si el PP decide no seguir adelante con el impuesto extraordinario al crudo que el Gobierno actual quiere imponer.
Neinor y Merlin Properties
En el caso de inmobiliarias como Neinor e Insur, se cree que una política más restrictiva podría afectar a la demanda de vivienda, pero un marco normativo más favorable al alquiler compensa parcialmente este efecto.
Todo ello, porque al mejorar la seguridad jurídica y contribuir a reactivar la demanda institucional de proyectos de construcción para alquiler, se reactivaría un segmento que prácticamente ha desaparecido en los últimos años.
En segundo lugar, un cambio de gobierno podría traer consigo medidas para facilitar el desarrollo urbanístico y la construcción de viviendas, incluida la aprobación definitiva de la largamente esperada ley del suelo, una promesa del PP.
En cuanto a los centros de datos, las elecciones podrían restar prioridad al proyecto de real decreto que se está debatiendo actualmente, lo que eliminaría una incertidumbre regulatoria inmediata para empresas como Merlin Properties.
BBVA y Sabadell
En este sector, la postura de los gobiernos regionales liderados por el PP en Madrid y Aragón —dos de los principales núcleos de centros de datos del país—, ha sido impulsar medidas para facilitar la inversión y el desarrollo de estos proyectos.
Finalmente, en el caso de la banca, los análisis advierten de que podría desaparecer el impuesto extraordinario a la banca (actualmente en vigor) lo que beneficiaría a BBVA, Santander, Sabadell, Popular y CaixaBank.
En el caso particular de CaixaBank, los bancos de inversión esperan que un gobierno liderado por el PP reduzca la intervención pública y busque una desinversión ordenada de la participación del FROB en la entidad.
Un análisis de Citi indica también que un gobierno liderado por el PP será menos intervencionista y mantendrá una postura neutral ante la consolidación del sector, dejando más opciones a una eventual nueva intentona del BBVA sobre el Banco Sabadell.