Empresas estadounidenses reconsideran sus inversiones en España debido al nuevo decreto sobre centros de datos del Gobierno.
La normativa exige que al menos el 80% de la electricidad usada por los centros de datos provenga de energías renovables y se genere localmente.
El sector alerta de que 9.000 millones de euros en inversiones están en riesgo y que las exigencias dificultan la viabilidad de nuevos proyectos.
La tensión política y el intervencionismo del Gobierno español han acelerado la salida de capital estadounidense y desinversiones en el país.
Empresas de Estados Unidos con presencia en España y grandes corporaciones con planes para entrar en el país ven con preocupación y toman nota de la guerra de los centros de datos que ha generado la nueva normativa del Gobierno.
Asesores, fondos y empresas consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia coinciden en señalar que el decreto del Ministerio de Transición Ecológica es un mal precedente que quita atractivo a España como destino para compañías extranjeras.
Sostienen también que es un ataque directo a la seguridad jurídica lo que puede impulsar a que empresas estadounidenses se replanteen sus próximas inversiones en España.
Y no solo las grandes empresas tecnológicas o inmobiliarias, que podrían verse afectadas directamente por el decreto sobre centros de datos, sino también las de otros sectores, como la energía, las infraestructuras o el transporte.
El nuevo decreto del Gobierno endurecerá los requisitos ambientales y operativos de los centros de datos con el objetivo de evitar que el boom de la Inteligencia Artificial (IA) y de las nuevas redes saturen las redes y disparen el recibo de la luz o el consumo de agua.
En este sentido, se establece que los centros de datos con una elevada potencia de acceso certifiquen que al menos el 80% de la electricidad que consumen procede de fuentes renovables y se genera simultáneamente a su utilización.
Las instalaciones deberán además cumplir con elevados estándares de eficiencia energética y de uso del agua enfocados en mitigar el impacto en los sistemas de refrigeración.
Los centros de datos estratégicos deberán ser operados por una entidad establecida en la Unión Europea y los datos tendrán que mantenerse dentro del territorio comunitario.
Esta norma ha generado una avalancha de críticas entre los inversores. El viernes la patronal de los centros de datos, Spain DC, avisó que hay en riesgo 9.000 millones de euros en inversiones para el sector en España.
Señalaron que tres empresas internacionales (a las que no identificaron) podrían frenar sus proyectos si sale adelante el proyecto del Gobierno. También amenazaron con pedir indemnizaciones al Ejecutivo si el decreto salía adelante.
Hablamos del 15% de los 66.900 millones de euros en inversiones previstos para España hasta 2030 en el sector. Spain DC representa empresas como Nabiax, Equinix y Data4 y a los grandes gigantes digitales de EEUU.
Precisamente, gigantes como Amazon, Meta, Google o Microsoft tienen varios proyectos milmillonarios ya en marcha, aunque a estas alturas nadie confirma que sigan adelante en los términos anunciados.
Desde otros sectores ven además un claro afán recaudatorio del Gobierno. Unas críticas a las que se ha sumado el Gobierno de Aragón, la comunidad autónoma donde hay más proyectos de centros de datos.
Desde el ejecutivo aragonés solicitaron el viernes una revisión "integral" del texto porque contiene unas exigencias "de extremadamente difícil o casi imposible cumplimiento". Las inversiones vinculadas a esta región superan los 50.000 millones.
Pero hablamos no solo de centros de datos. Las fuentes consultadas por este diario indican que si este decreto sale finalmente adelante se asestará un duro golpe a la inversión general de empresas de EEUU en España.
Inversiones que no pasan por su mejor momento. Este diario ya avisó antes del verano que desde que Trump llegó a la Casa Blanca a principios de 2025 las desinversiones de empresas estadounidenses en España han ido en aumento.
En total, 7.794 millones de euros. Si en 2024 las desinversiones representaban solo el 27% del flujo de capitales (inversión bruta) y el 72% era inversión neta, en 2025 la tendencia se invirtió con 44% para la salida neta de capitales y un 56% para la entrada de capital.
Además, en el primer trimestre (último dato disponible) la salida se aceleró con una desinversión de 3.335 millones de euros, que supera largamente el capital bruto invertido que llegó a los 1.359 millones.
La mala relación de Donald Trump con Pedro Sánchez, sumada a la cercanía de Moncloa a China han hecho que desde Washington se desaconseje a sus empresas invertir en nuestro país.
Relación con Washington
Si a esto le sumamos este decreto, comienza a calar el mensaje de que España torpedea la inversión y que el caso de los centros de datos es solo una prueba más de un claro intervencionismo gubernamental.
Hasta ahora el Gobierno se había mostrado hostil con grandes empresas españolas y sectores concretos como la energía, la banca o las telecomunicaciones. Pero había cuidado la inversión extranjera, en especial la de los grandes gigantes digitales.
Pero tras el comienzo del segundo mandato de Trump, Sánchez comenzó a atacar duramente a estas corporaciones culpándoles de querer controlar el relato político global y de no hacer lo suficiente para proteger a los menores de las redes sociales.
Una batalla que ha encontrado un nuevo episodio en la norma de centros de datos y que -según las empresas consultadas- abona el terreno para intervenir en otros sectores y disminuye considerablemente la seguridad jurídica en España.