Lo que pretende el Ministerio es generar un marco adecuado que fomente la inversión de miles de millones de euros que el sector necesita llevar a cabo para completar la cobertura de fibra óptica y comenzar el despliegue del 5G, y aprovechar todo el potencial de la nueva tecnología.

"El sector de las telecomunicaciones tiene un papel muy importante que jugar y estamos trabajando en un plan de choque para asegurarnos de que va a poder abordar estas inversiones", dijo la vicepresidenta Calviño este lunes.

Según ha podido confirmar Invertia, este plan será una mezcla entre cambios regulatorios, revisión de algunos puntos del marco fiscal, reordenación de algunas inversiones que ya se han anunciado en el sector y estímulos estructurales.

El sector considera que las inversiones en las nuevas infraestructuras implicarán movilizar unos 6.000 millones de euros en los próximos cinco años. De ellos, no menos de 1.200 millones corresponderán a la próxima subasta de 700 MHz del espectro y los otros 4.500 millones se necesitarán solo para desplegar estas nuevas redes.

Críticas de las operadoras

Las operadoras vienen indicando en las últimas semanas que es imposible abordar estas inversiones con el actual marco regulatorio, más si consideramos que el sector lleva años siendo deflacionario y que la guerra comercial le ha restado un 30% de su valor en diez años.

Durante Wake Up, Spain!, el CEO de Vodafone España, Colman Deegan, y el CEO de Orange España, Jean François Fallacher indicaron que las operadoras son y serán claves en el futuro de la digitalización y en el Plan de Recuperación, pero para ello necesitan un empujón regulatorio que les permita asegurar sus inversiones y dejar de ser un sector deflacionario. Un diagnóstico compartido por Telefónica y MásMóvil.

En esta línea, este plan es un claro guiño a un sector que se considera clave para la reconstrucción económica. El despliegue de estas infraestructuras es la base sobre la que deben descansar todas las inversiones en digitalización que requiere la economía española, uno de los ejes de Plan de Recuperación y Resilencia que se enviará a Bruselas en las próximas semanas y que este martes se aprobará en Consejo de Ministros. 

En este sentido, la ampliación de 20 a 40 años en el periodo de adjudicación de licencias para usar el espectro radioeléctrico anunciada el martes por Calviño, es solo el primer paso de este macroplan. Esta medida se concretará en el Consejo de Ministros de este martes para modificar la Ley de Telecomunicaciones que irá a trámite parlamentario.

Para conocer el resto de medidas tendrán que pasar algunos meses, aunque no irá más allá de este año. El sector de las telecomunicaciones prevé que el grueso de la inversión en las nuevas redes 5G deberá a comenzar a realizarse a partir de próximo año 2022 y en el Ejecutivo quieren tener rodado este plan de choque para esa fecha.

Condiciones de la subasta

En cualquier caso, la primera estación de este plan se comenzará a conocer con la subasta de 700 MHz que debería comenzar en mayo. En ella ya se incluirá esta ampliación en los tiempos de concesión del espectro, pero además podrían producirse otras novedades como la relajación de las obligaciones de despliegue adicional establecidas en el documento sometido a consulta pública. 

En éste se indica que la cobertura comprometida deberá cumplirse en el plazo de 3 años contados desde la formalización de las concesiones. Del mismo modo, deberán proporcionar cobertura en esta banda de frecuencias a todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes, alcanzando el 50% de estas poblaciones en el primer año de vigencia de la concesión, el 75% el segundo año de vigencia, y el 100% el tercer año de vigencia.

En lo único que hay dudas es en el coste de la subasta. Los 1.170 millones establecidos como precio de salida son discutidos por las operadoras, pero el Ejecutivo ha preferido mejorar las condiciones generales a cambio de, presumiblemente, no tocarlo.

De hecho, el aumento de las concesiones -duplicando el tiempo de uso inicial- es una noticia que ha sido muy bien recibida en el sector ya que en la práctica ofrece una explotación de 20 años más por el mismo precio.

Respecto al marco regulatorio -otro de los puntos que podría abarcar este plan de choque- el sector cree que paga muchos impuestos y que tiene que abonar demasiadas tasas en diferentes niveles de administraciones (estatal, autonómica y local).

Plan de Conectividad y 5G

Como apunta el último informe de fiscalidad de Digitales, la patronal de la que todas estas compañías son miembros, existe una elevada presión fiscal en el sector "como consecuencia de las numerosas figuras tributarias por las que se ve afectado en los distintos niveles de la Administración".

Por ello, Digitales pide una revisión profunda del marco fiscal del sector de las Telecomunicaciones que permita a los operadores una tributación "adecuada y justa", que además de promover el desarrollo del mercado y el despliegue de redes, "esté alineado con el entorno europeo, reduciendo con ello la brecha competitiva y el nivel de litigiosidad que padece la industria desde que se produjo la liberalización del sector de las telecomunicaciones".

En cuanto a las inversiones públicas en el sector -otro de los ejes que entrarían en este plan de choque- el Gobierno ha aprobado una partida de 3.990 millones de euros para el impulso del 5G hasta 2023, como parte de uno de los ejes vertebradores de los primeros 70.000 millones de euros que España recibirá mediante fondos europeos.

El Plan de Conectividad y la Estrategia para el 5G prevén una inversión pública de 4.320 millones. De este montante, 883 millones ya se han incluido en los Presupuestos de 2021. Los primeros 2.320 millones son para Conectividad y los otros 2.000 millones para 5G. 

Recordemos que la inversión en fondos europeos debe generar cuatro euros de inversión por cada euro público y en el caso de las operadoras sus servicios son transversales a muchas partidas y proyectos tractores establecidos en el Plan de Recuperación y Resilencia.