MADRID, 25 (Portaltic/EP)

Juristas, cuatro asociaciones de internautas e instituciones académicas han iniciado trámites este lunes ante el Defensor del Pueblo para pedir la inconstitucionalidad de la nueva Ley de Protección de Datos que se incluye en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que permite a los partidos políticos recopilar datos de los usuarios para sus campañas.

La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), incorpora un artículo 58 bis en la LOREG, sobre utilización de medios tecnológicos y datos personales en actividades electorales que permite a los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales recopilar datos personales vinculados a las opiniones políticas de los ciudadanos para la realización de todo tipo de actividades políticas durante el periodo electoral.

Según estas asociaciones, esta reforma vulnera el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y viola derechos fundamentales relativos a la privacidad y a la protección de datos de los ciudadanos, por lo que han solicitado al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad, como ha recogido la Asociación de Internautas --cuyo presidente, Víctor Domingo, ha suscrito la iniciativa-- en un comunicado.

Además, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), consideraba en un informe redactado el pasado 19 de diciembre que "el artículo 58 bis debe ser interpretado conforme a lo establecido en la Constitución, de modo que no conculque derechos fundamentales".

En concreto, los derechos constituciones afectados serían el derecho a la protección de datos personales (artículo 18.4 de la Constitución) y, además, el derecho a la libertad ideológica (art. 16), la libertad de expresión e información (art. 20) y el derecho a la participación política (art. 23).

Entre las medidas que han tomado estos juristas y asociaciones en contra de la nueva Ley de Protección de Datos, se incluye la publicación de un formulario que permite a los ciudadanos expresar su oposición a dicha ley y exigir su supresión, además de una petición en change.org para apoyar la solicitud al Defensor del Pueblo, a la que ya se han adherido más de 200 personas.