La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de los posibles efectos de la retirada obligatoria de aceite de oliva que plantea el Gobierno para la campaña 2026/2027.
Competencia considera que la medida supone una "restricción relevante a la competencia" y avisa de que podría provocar una subida de los precios para los consumidores y generar ineficiencias en la cadena de valor.
El texto establece las normas de comercialización del sector del aceite de oliva de acuerdo con la normativa europea y con el Real Decreto 84/2021.
Así consta en el informe de la CNMC sobre el Proyecto de Orden Ministerial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, consultado por Europa Press.
La medida sería preventiva y no se aplicaría de forma automática. Solo podría activarse si las existencias de aceite al inicio de la campaña y las previsiones de producción superan el 120% de la media registrada durante las últimas seis campañas.
Si se alcanza ese nivel, Agricultura podría ordenar la retirada de hasta el 20% de la cosecha estimada. La decisión tendría que aprobarse mediante una resolución antes del 15 de noviembre de 2026.
En su análisis, el Pleno del organismo presidido por Juan José Ganuza ha indicado que indisponer una parte de la oferta disponible "distorsiona el funcionamiento libre del mercado, debilita los incentivos para mejorar la calidad y variedad del producto y eleva el riesgo de coordinación entre operadores".
Además, la CNMC rechaza la premisa de Agricultura de que la norma sea "neutra" en términos de competencia.
De esta forma, Competencia cuestiona que se pretenda amortiguar las subidas de precio en campañas futuras de escasez a costa de limitar la bajada de precios en las de cosechas abundantes.
Según el organismo, esta estrategia impide que los consumidores se beneficien plenamente de las campañas de gran producción.
De igual modo, remarca que una cosecha elevada no implica necesariamente que la siguiente vaya a ser deficitaria, por lo que exige evaluar escenarios alternativos y profundizar en el análisis del comportamiento de la demanda y de los flujos del comercio internacional.
A ello se suma la preocupación por las implicaciones económicas sobre las almazaras. Así, el informe estima que la obligación de inmovilizar el producto durante toda una campaña generará un coste directo de almacenamiento para los productores de entre 9,24 y 11,68 millones de euros en un escenario de aplicación máxima, un sobrecoste que podría acabar trasladándose al precio final en los lineales.
Por otra parte, la CNMC ha puesto el foco en una contradicción detectada entre el texto normativo y la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.
Mientras que la Memoria afirma que quedan exentas de la retirada las almazaras de menor tamaño (aquellas que representan el 2% del mercado), dicha exención no figura en el borrador de la orden ministerial.
Por ello, insta a Agricultura a aclarar el alcance subjetivo real de la norma con criterios objetivos y no discriminatorios.
Además, recomienda reforzar la justificación de la medida, con datos de demanda y flujos comerciales que acrediten que la retirada responde a una sobreoferta realmente extraordinaria, así como precisar la metodología para determinar el porcentaje de retirada, de modo que el límite del 20% responda a la mínima restricción necesaria.
Por último, el organismo presidido por Juan José Ganuza insta a revisar la flexibilidad que permite a los titulares de las almazaras elegir libremente qué categoría de aceite retiran (Virgen Extra, Virgen o Lampante).
A juicio del regulador, esta libertad de elección corre el riesgo de concentrar las retiradas en las calidades de menor valor comercial, sin corregir posibles desequilibrios en otros segmentos y generando impactos desiguales en el bolsillo de los consumidores según el tipo de aceite que adquieran.
No obstante y como aspectos positivos, Competencia valora que la orden incorpore mecanismos de revisión a partir del 31 de diciembre de este año para reajustar a la baja las cantidades inmovilizadas o dejar la medida sin efecto si las condiciones de mercado cambian, aunque pide detallar con "mayor precisión" los plazos, fases y garantías de transparencia de este seguimiento.