Dia reincide. La cadena de alimentación ha sido multada este tercer trimestre de 2026 por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria con dos sanciones que se suman a las otras cinco acumuladas desde 2023.
En total, siete sanciones que en conjunto suman 314.297 euros y convierten a Dia en la cadena de supermercados más multada desde 2023.
Las penalizaciones las impone la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En el caso de Dia son por diversas razones y cuantías. Las dos últimas son de las más altas: 169.431,94 euros por incumplimiento de los plazos de pago y 32.401,8 euros por la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración.
Por este último motivo recibió también sanción alta (de 100.000 euros) en el tercer trimestre de 2024.
Ese mismo año, en el segundo trimestre el castigo fue menor: 2.562,24 euros por incumplimiento de los plazos de pago.
También por no cumplir con los plazos pagó en el primer trimestre de 2023 dos multas. Una de 3.899,12 euros y otra de 3.899,12 euros.
Y en el segundo trimestre de 2023 la penalización fue de 3.001,00 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios.
Aunque Dia es la cadena de supermercados más sancionada, no es la única.
Desde hace tres años, en los registros de la AICA también se incluyen sanciones para Alcampo, Costco, Calidad Pascual o los supermercados especializados en cash & carry (venta mayorista a profesionales de hostelería) Cash Diplo y Díaz Cadenas, entre otros.
E incluso para famosos futbolistas como Andrés Iniesta a través de su bodega de vino o para cadenas de comida rápida como McDonald's.
Venta a pérdidas
Cabe recordar que la AICA -organismo creado en 2014- realiza inspecciones de oficio, pero también lleva a cabo comprobaciones en base a denuncias acerca de un posible incumplimiento o por alertas, riesgos o indicios de posibles infracciones.
En todos sus informes de sanciones destaca que ninguna de las infracciones sancionadas haya sido por venta a pérdidas, es decir, por ofertar un precio de venta al público inferior al precio real de adquisición o por debajo de los costes de producción.
Se trata de una de las prácticas más denunciadas públicamente por agricultores y ganaderos desde hace años.
De hecho, la ley se reformó en 2020 para atajar precisamente este problema. Algo que, tras las manifestaciones y tractoras de hace unos años, demuestra que no se ha resuelto del todo.
