Finalmente habrá recorte en las cuotas de pesca para España. Así lo han decidido los ministros de Pesca de la Unión Europea que han alcanzado este martes un acuerdo sobre las posibilidades de pesca para la flota comunitaria en 2022. Aquí se incluye un recorte del 8% en las capturas de merluza sur en el caladero nacional.
Este recorte afecta a los caladeros del Cantábrico y entre Finisterre y el golfo de Cádiz. Sin embargo, y a pesar de que el recorte no gusta ni al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ni a la industria, la disminución es menor que la que proponía la Comisión Europea: 18,5%.
El pacto para el reparto de cuotas pesqueras para el océano Atlántico y el mar Mediterráneo ha llegado poco después de las 9.00 horas de este martes, después de iniciar los debates a las 10.00 horas del lunes. El Consejo de Pesca comenzó formalmente el pasado domingo.
Desde un principio, el Gobierno español ha mostrado una posición de bloqueo y ha votado en contra ante la segunda y última propuesta de compromiso realizada por la Presidencia en relación con el Mediterráneo. El ministro Luis Planas ha explicado que “partíamos, para algunas especies pesqueras, como la merluza sur de un recorte drástico del 18,5%. España no aceptaba esta reducción.”
Asimismo, ha detallado que España siempre ha defendido que para esta especie existe una gran disponibilidad de datos históricos completos, con series de más de 30 años, que avalan que se encuentra en buen estado.
Pasar de un recorte del 18,5% propuesto inicialmente al 8% es una buena noticia para los 1.200 barcos que pescan merluza sur en el Cantábrico, aguas de Portugal y golfo de Cádiz, ha asegurado Planas.
Otras especies
Otras especies de interés para la flota española en el Atlántico como el lenguado de caladero nacional sufrirá también una disminución del 5%, mientras que la cuota para el abadejo se mantiene con respecto al año pasado. Y la cigala del golfo de Cádiz, que ha pasado de una reducción del 16% al 5%.
En el caso del jurel, que se pesca en aguas al Sur de Finisterre hasta el golfo de Cádiz, España mostró su rechazo al recorte del 26,5% propuesto por la Comisión Europea, especie en Rendimiento Máximo Sostenible, y transmitió a la Comisión la necesidad de reconsiderar su decisión con el propio sector.
El ministro solicitó tener en cuenta los estudios científicos del Consejo Internacional de Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) que señalaban la posibilidad de incrementar ese TAC un 11,6 %, que finalmente se ha conseguido. “Nos felicitamos que la Comisión haya tenido en cuenta esa recomendación”, ha subrayado Planas.
El sector pesquero ya alertó de que la propuesta de la CE pone en serio riesgo la actividad de los cerca de 900 barcos que faenan en el mar Mediterráneo, incluyendo los cerca de 600 barcos de la modalidad de arrastre, pero también barcos de palangre y de artes menores.
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) alerta de la puesta en riesgo de 17.000 puestos de trabajo, a causa de la reducción adicional de un 6% de los días de pesca en 2022 para las flotas de arrastre, el establecimiento de un esfuerzo pesquero máximo para el palangre de fondo, así como un límite máximo de capturas de 872 toneladas para la gamba roja, medida nueva para especies de fondo en el Mediterráneo y que provocará muchas complicaciones en la gestión pesquera del día a día.
Cepesca cree que el resultado del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca “sume a las empresas del sector en una crisis de rentabilidad, con la consiguiente destrucción de empleo”. La patronal entiende que la Comisión Europea ha demostrado falta de sensibilidad con los pescadores en una coyuntura complicada por la crisis sanitaria y la subida de los costes de explotación y logística.
Posición de España
Tras dos días de negociación, el Gobierno señala que “España ha trabajado en todo momento con espíritu constructivo para acercar posiciones y tender puentes, sobre todo, en lo relativo a la propuesta de gestión del Mediterráneo”.
La Comisión propuso continuar con la reducción de los días de pesca en un 6%, que unido al acumulado del 17,5% de los dos años anteriores, supone que en solo tres años el sector deberá reducir casi un cuarto su actividad. Si bien permite recuperar, por vía de la selectividad, un 2 % de los días de pesca. La propuesta resulta “totalmente insuficiente” para el ministro Luis Planas, porque no incentiva la apuesta por la selectividad.
El ministro ha comentado que “apoyar esta propuesta –del Mediterráneo- significa defraudar a nuestros pescadores y dejar a la deriva el futuro y sustento económico de las zonas costeras, así como de la población que depende de su actividad.
El Gobierno de España está convencido, según Planas, de que solo se logrará una verdadera transición hacia una actividad extractiva basada en una gestión pesquera sostenible, si se compatibiliza con la necesaria sostenibilidad económica y social de la pesca, tal y como recoge la propia Política Pesquera Común (PPC). La sostenibilidad medioambiental es una necesidad, pero la sostenibilidad económica y social, una obligación.
Por su parte, el gobierno andaluz también se ha mostrado "muy preocupado" por este acuerdo, pues afecta "especialmente al futuro" de la flota de arrastre del Mediterráneo. Así, la consejera, Carmen Crespo, ha lamentado la "insensibilidad" e "indolencia" de la Comisión Europea en un momento de "máxima dificultad para un sector muy vulnerable".