La guerra de Irán sigue pasando factura a la economía española. Y el sector de la construcción no es una excepción.
El encarecimiento de la energía y los materiales ha disparado los costes de las obras públicas, con sobrecostes acumulados de hasta el 55% respecto al precio de adjudicación de determinados contratos.
Sin embargo, las constructoras se encuentran con un obstáculo añadido. El mecanismo extraordinario de revisión de precios aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez limita las compensaciones al 20%, un porcentaje insuficiente para cubrir los incrementos que soportan la mayoría de empresas.
Esta situación amenaza la viabilidad de determinados proyectos y ha llevado a las patronales de la construcción a reclamar medidas urgentes al Ejecutivo.
Así lo advierte la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) en su último informe sobre el impacto de la crisis de Irán en los costes de construcción, correspondiente a octubre de 2026.
En concreto, los sobrecostes de entre el 27% y el 55% afectan a obras adjudicadas antes de 2021.
Esto se debe a que las constructoras firmaron esos contratos con unos precios que, desde entonces, no han dejado de aumentar.
Así, estas obras, que ya acumulaban importantes sobrecostes desde la crisis de 2021 y 2022, vuelven a encarecerse por la guerra de Irán, que ha disparado los precios de los materiales y la energía y ha agravado aún más la situación.
El problema está en que las compensaciones no han crecido al mismo ritmo. El Gobierno aprobó en 2022 un mecanismo extraordinario de revisión de precios para hacer frente al encarecimiento de los materiales.
Sin embargo, el Real Decreto-ley 3/2022 establece un límite máximo del 20% del precio de adjudicación para las compensaciones extraordinarias. Un porcentaje que puede dejar parte de los sobrecostes sin cubrir.
Además, desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) advierten de que este sistema de revisión de precios apenas se está aplicando en las obras públicas.
"Actualmente ninguna fluctuación sensible de los costes en las obras se está revisando, porque el sistema de revisión de precios se está utilizando en muy pocas obras", señalan desde la patronal.
A ello se suman las restricciones de la Ley de Desindexación de 2015, que limita la posibilidad de actualizar los precios de los contratos públicos.
Esto significa que, aunque los materiales y la energía se encarezcan, las constructoras no siempre pueden aumentar el importe que cobran por las obras para cubrir esos gastos adicionales.
Así, muchas empresas tienen que asumir parte de las subidas de costes, pese a que el presupuesto inicial se calculó con precios mucho más bajos.
En este sentido, desde la CNC consideran que la normativa ya no responde a la situación actual del sector.
"En estos momentos en los que la situación geopolítica está moviendo todos los mercados y, sobre todo, las materias primas, no tiene sentido aplicar esta norma a los contratos públicos", advierten.
La patronal considera que esta normativa puede tener sentido en periodos de estabilidad, pero no en un contexto de fuertes subidas de precios.
Especialmente en proyectos de larga duración, como las viviendas, que pueden tardar entre dos y tres años en construirse, o las infraestructuras ferroviarias y portuarias, cuyas obras pueden prolongarse entre seis y ocho años.
La situación se ha agravado durante los últimos meses. Según ANCI, la energía se ha encarecido un 34% entre enero y agosto de 2026 y los materiales utilizados en las carreteras, un 33%. También han subido el aluminio (19%), el acero (18%) y el cobre (11%).
Estas subidas han elevado los costes de las obras de carreteras un 11% de media, hasta alcanzar el 20% en las rehabilitaciones.
También se han encarecido las pistas de los aeropuertos (12%) y las explanadas portuarias (13%).
Desde la CNC advierten de las consecuencias. "La falta de un mecanismo estable de revisión de precios es una de las principales amenazas para el sector de la construcción", señala su presidente, Pedro Fernández Alén.
Un problema que también afecta ya a los nuevos proyectos. Según CNC, en el primer semestre de 2026 quedaron desiertas al menos 1.130 licitaciones públicas, por más de 707 millones de euros.
Fernández Alén advierte de que el aumento de los costes, sin mecanismos suficientes para actualizar los contratos, pone en riesgo la viabilidad de las obras y desincentiva la participación de las constructoras en las licitaciones.
Ante este escenario, las patronales reclaman al Ejecutivo una respuesta urgente.
ANCI pide aprobar medidas excepcionales similares a las aplicadas durante la crisis de precios de 2022. Por su parte, CNC reclama un mecanismo ordinario, automático y permanente de revisión de precios en los contratos públicos.
El objetivo es permitir que las constructoras puedan adaptar los importes de sus contratos a las variaciones de los costes de producción.
Más problemas en la vivienda
Asimismo, Fernández Alén advierte de que esta situación puede terminar afectando a la construcción de viviendas, en un momento de escasez de oferta residencial.
"Este escenario puede provocar un frenazo de la actividad constructora y afectar también a la construcción de viviendas, precisamente cuando España necesita aumentar la oferta residencial y modernizar sus infraestructuras", señala.
La advertencia llega en plena crisis residencial. España arrastra un déficit de vivienda que podría alcanzar el millón de inmuebles en 2028, según las estimaciones del Banco de España.
A esta falta de oferta se suma la escasez de trabajadores. La propia CNC calcula que el sector necesita unos 700.000 profesionales para recuperar el ritmo de edificación.
Ahora, el encarecimiento de los materiales añade una nueva dificultad a un sector que necesita aumentar la construcción de viviendas y mantener la ejecución de infraestructuras públicas.