El Plan de Estabilidad que el Gobierno español envió la semana pasada a Bruselas refleja un gasto y consiguiente aumento del déficit público este año de 1.291 millones de euros que irán a las arcas de Abertis como indemnización por la inversión realizada en la modernización de la AP-7 y el descenso del tráfico.
La empresa Acesa, filial de Abertis, es la compañía que posee la concesión de tres tramos de la denominada Autovía del Mediterráneo (Barcelona-La Junquera, El Papiol-Montmeló y Barcelona-Tarragona), cuyo contrato finaliza el próximo 31 de agosto.
Aunque ahora el Gobierno afirma que pagará a Abertis esta cantidad, la empresa solicita al Estado más de 3.000 millones de euros en una historia judicial que viene de lejos.
El conflicto
El 2006, la ministra de Fomento del Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, Magdalena Álvarez, modificó mediante un Real Decreto la concesión de estos tramos para resolver los problemas existentes en la autopista AP-7 en aquel momento, debidos al incremento de tráfico y a las situaciones de congestión de vehículos que se producían en ciertas épocas del año y en tramos concretos de la misma.
El nuevo contrato de concesión sobre esta autovía reflejaba dos principales actuaciones, tal y como explican fuentes ministeriales a Invertia. Por un lado, la ampliación de la autopista con la construcción de un tercer carril por calzada en los tramos Maçanet-La Jonquera (82 km) y enlace Mediterráneo-Vilaseca/Salou (43 km) y de un cuarto carril en el subtramo Fornells de la Selva-Medinyá (15 km) del tramo Maçanet –La Jonquera.
Por otro, la implantación de un sistema de peaje cerrado sustituyendo al abierto existente entre Martorell y Vilaseca/Salou, a fin de eliminar las barreras troncales y evitar la congestión que éstas producían.
El convenio prevé que el coste de las obras sea sufragado por la filial de Abertis y compensado con el peaje recaudado del tráfico adicional que se genere por el aumento de la capacidad de la autopista. Dicho tráfico se estimó como aquel que superase el denominado “tráfico de referencia” que corresponde al de la máxima capacidad de la autopista antes de su ampliación, señalan desde Fomento.
En el hipotético caso de que el aumento de tráfico no compensase totalmente el coste de la inversión de la ampliación, se establecía un mecanismo por el cual la Administración abonará a la sociedad concesionaria al final del período concesional la parte no compensada (saldo de compensación).
La compensación a abonar a Acesa se deberá calcular al finalizar la concesión, es decir, a 31 de agosto de 2021, mediante el procedimiento descrito en la cláusula novena del convenio. Se aplica el Acuerdo de Interpretación aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de julio de 2017, no abonándose la compensación derivada de la caída de tráfico por efecto de la crisis.
A los tribunales
Pese a que la compensación deberá calcularse cuando finalice la concesión, Abertis (a través de su filial) lleva diez años de litigios. La concesionaria participada por ACS y Atlantia reclama al Ministerio casi 3.000 millones de euros por la compensación por las obras realizadas por Acesa en la ampliación de la AP-7 entre Girona y Tarragona y el descenso del tráfico.
La filial interpuso dos recursos, que han llegado al Tribunal Supremo. El primero, sobre el Acuerdo de interpretación del Real Decreto 457/2006, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros el 3 de julio de 2017. La sentencia se dictó el 4 de junio de 2019. En ella, el Tribunal Supremo desestimaba la petición de Acesa de anular el Acuerdo de Interpretación.
El segundo, contra la censura de las cuentas por la discrepancia contable. Acesa consideraba en sus cuentas la compensación como activo financiero (lo que supone un derecho incondicional de cobro y que además devengan intereses financieros que trasladan a sus cuentas de resultados, supone un incremento de patrimonio y podría suponer, p.e. el reparto de dividendos) mientras que la AGE considera que el tratamiento es el de activo inmovilizado intangible.
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia el 12 de febrero de 2020 en relación con el recurso presentado a la censura de cuentas de 2011, determinando la consideración como activo inmovilizado intangible.
Por tanto, aunque el Gobierno acepta pagar 1.291 millones de euros este año, Abertis pide casi el triple. Del importe total que Abertis reclama por esta vía, 948 millones corresponden a las obras de mejora y ampliación que la compañía realizó en su día en la autopista. Los 2.376 millones de euros restantes son la compensación acumulada que la empresa calcula que debe recibir por el descenso del volumen del tráfico.