El Banco Central Europeo (BCE) ha emitido su esperado dictamen sobre el nuevo impuesto a la banca que está en tramitación parlamentaria. El supervisor bancario pide al Gobierno de Pedro Sánchez que realice un "análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas" del mismo para evitar que dañe a la rentabilidad del sector y a la futura concesión de crédito. Y advierte de los riesgos de que su coste no se repercuta al cliente, como se contempla en la proposición de ley para la creación del impuesto.
Además, considera que la competencia en el sector bancario podría verse afectada por la imposición de este tributo tal cual está diseñado, dado que no se aplicará a todas las entidades, sino solamente a aquellas que en 2019 ingresaron menos de 800 millones de euros por intereses y comisiones.
"El BCE recomienda que la propuesta legislativa vaya acompañada de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario, detallando, en particular, el impacto específico del gravamen temporal sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas y sobre las condiciones de competencia en el mercado, de manera que se garantice que su aplicación no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos", indica el BCE en su comunicado.
Entorno de incertidumbre
Una recomendación que el supervisor bancario considera "especialmente pertinente" en la actualidad, con un entorno económico y financiero "que presenta una gran incertidumbre y ante la perspectiva de que las provisiones para pérdidas crediticias de las entidades de crédito aumenten debido a la acusada ralentización prevista de la actividad económica real".
El BCE recuerda, además, que los bancos ya están teniendo que aumentar sus provisiones para protegerse ante futuros impagos por el empeoramiento de la situación macroeconómica y por su exposición a empresas no financieras activas en sectores con un elevado consumo energético.
Y es que el BCE cree que este tributo, tal cual está diseñado, "no tiene en cuenta todo el ciclo económico y no comprende, entre otros, los gastos de explotación ni el coste del riesgo de crédito".
Es por eso que no se aplicará de forma proporcional a la rentabilidad de las entidades, de forma que puede darse el caso de que algún banco no se esté beneficiando de las subidas de los tipos de interés y tenga menos capacidad de absorber riesgos.
Traslado al cliente
Al BCE tampoco le parece del todo correcto que el tributo no permita a los bancos repercutir su coste a los clientes, dado que esto "podría generar incertidumbre, así como riesgos operativos y de reputación conexos para dichas entidades".
Y es que, como recuerda el supervisor, la normativa bancaria europea obliga a los bancos a repercutir en el coste de los créditos "todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda".
También pide el BCE que se clarifique "qué mecanismos de verificación aplicará la CNMC para garantizar el cumplimiento de este requisito".
"Habida cuenta de todas las circunstancias diferentes que pueden provocar un incremento de los precios en el contexto actual de subidas de los tipos de interés, inflación o deterioro de las primas de riesgo, parece difícil diferenciar si el gravamen temporal se trasladaría de forma efectiva a los clientes o no", añade.
Decisión
La decisión final sobre este impuesto la ha tomado el Consejo de Gobierno del BCE, un órgano del que son miembros la propia presidenta, Christine Lagarde; el vicepresidente, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. De hecho, el dictamen aparece firmado por la propia Lagarde.
Lo han hecho tras recibir las conclusiones de un panel de expertos que ha sido el encargado de analizar las implicaciones jurídicas y sobre la estabilidad financiera del diseño de este tributo.
Al respecto del dictamen, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos trasladan que "no tiene carácter vinculante" y que "el BCE no emite una opinión en contra del gravamen", sino que "hace recomendaciones y se pronuncia sobre aspectos técnicos de la norma que considera necesario aclarar".
Con todo, consideran que los resultados de los nueve primeros meses del año que estos días está presentando la banca "apuntan a un fuerte incremento de los beneficios como consecuencia, entre otros aspectos, de la subida de tipos de interés y de que la remuneración de los depósitos todavía se mantiene contenida". Además, añaden que el sector bancario está "en una posición muy sólida en términos de solvencia" y que este impuesto no tendrá "un impacto significativo tanto por su naturaleza temporal como por la calibración y diseño del mismo".
Gravará los ingresos
El diseño inicial del tributo pasa por gravar con un 4,8% los ingresos por intereses y comisiones de la banca, no sus beneficios. Estarán afectadas todas las entidades que en 2019 alcanzaron los 800 millones de euros por esta facturación, lo que deja fuera a las sucursales españolas de muchos bancos extranjeros, a los pequeños y a entidades como ING. Se otorga a la CNMC la misión de vigilar que la competencia no se vea afectada por esta circunstancia.
El futuro tributo contempla la prohibición a los bancos de repercutir su coste a los clientes y con el mismo se pretende recaudar unos 3.000 millones en dos años (los ejercicios 2023 y 2024).
Actualmente, esta denominada prestación patrimonial no tributaria se encuentra en tramitación parlamentaria. Este mismo jueves el Congreso debate la única enmienda a la totalidad que se ha presentado contra la proposición de ley que crea tanto este como el impuesto a las energéticas y que ha sido propuesta por Ciudadanos.
Paralelamente, el plazo para la presentación de enmiendas parciales sigue abierto, lo estará hasta el 10 de noviembre. Un proceso para el que los grupos parlamentarios dispondrán de más información tras el pronunciamiento del BCE.