El orden del día de la junta incluye, entre otras, la propuesta de remuneración de los consejeros del banco y, entre ellos, el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, y el presidente ejecutivo, José Ignacio Goirigolzarri.

El primero de ellos obtendrá una remuneración fija anual de 2,26 millones (la misma que en 2020), mientras que la de Goirigolzarri será de 1,65 millones, cantidades a las que se suma la posibilidad de cobrar un bonus de hasta 708.800 euros para Gortázar y 200.000 para Goirigolzarri, así como de recibir acciones del banco en el marco del plan de incentivos anuales.

Unos sueldos criticados por los sindicatos y el Gobierno en el marco de la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), pero que están en línea con los de sus competidores, como recuerdan fuentes financieras. Estas remuneraciones deberán pasar el filtro de los accionistas, entre los que se encuentran el FROB (con el 16% del capital) y la Fundación Bancaria La Caixa (30%).

Esta última, según ha podido saber Invertia, tiene pensado votar a favor de la propuesta de remuneraciones, mientras que el FROB debe retratarse aún pese a que su voto no será determinante para la aprobación o el rechazo de cualquier propuesta, lo cual no quiere decir que esté exento de presión.

Desconfianza

El FROB tiene aún un día para terminar de aclararse sobre qué voto emitirá en la asamblea del viernes, con la presión de que si se decide por el no sembrará la desconfianza en la relación que el Gobierno mantiene con sus socios en CaixaBank, que hasta ahora había sido muy positiva.

No en vano, desde el Ejecutivo siempre se ha visto con buenos ojos la fusión entre CaixaBank y Bankia y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, estuvo en el origen de la operación tras acercarse a ella con la propuesta inicial Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, el pasado verano.

Votar en contra de los sueldos satisfaría a los sindicatos, que lo pidieron específicamente al FROB a través de una carta. También a buena parte del Gobierno, con Nadia Calviño a la cabeza, que en las últimas semanas ha criticado con dureza los salarios de la directiva y la puesta en marcha de un ERE que afectará a 8.000 personas.

Aparentemente, votar en contra carecería de lógica teniendo en cuenta que la propuesta sobre la que decidirá la junta proviene, como todas las demás, del consejo de administración. Allí se sienta Teresa Santero en nombre del FROB. Según ha podido saber Invertia, en el seno del consejo la representante del Estado no manifestó su oposición a la propuesta de remuneraciones en ningún momento.

Preguntado por esta cuestión y sobre el ERE, Gortázar, que como consejero delegado de CaixaBank es también miembro del consejo, rechazó desvelar las discusiones internas del órgano de gestión, pero deslizó que los miembros del consejo tuvieron conocimiento de todo.

"El consejo ha conocido de manera adecuada los términos de esta reestructuración y naturalmente seguiremos manteniendo al consejo al tanto y estará en su legítimo derecho de opinar y decidir si hay que tomar decisiones de un tipo o de otro", expuso.

El banquero añadió que "a nadie se le oculta que se hace una fusión para buscar sinergias", unas palabras que recordaron a las del anterior presidente del FROB, Jaime Ponce, que en el Congreso ya explicó hace meses que la ventaja de la fusión eran los ahorros de costes.

Caer en incoherencias

Un voto favorable tampoco sería sencillo de defender para el FROB. Un apoyo específico a las remuneraciones pondría contra las cuerdas a un Gobierno que ha criticado en público en varias ocasiones los "altos" sueldos de los directivos de la banca, especialmente los de las "entidades que están anunciando fuertes recortes de personal y cierre de oficinas", en una clara referencia a CaixaBank, que acababa de anunciar entonces un recorte para 8.291 empleos (se redujeron a 7.791 días después).

Las críticas sorprendieron especialmente en el caso de la vicepresidenta económica, que nunca se había mostrado tan beligerante hacia la banca, aunque llegaron también por parte de José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, y de Yolanda Díaz, titular de Trabajo y ahora vicepresidenta tercera.

También del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que criticó el pasado viernes los despidos "en empresas de sectores ganadores de la crisis mientras se tienen salarios de seis cifras". Fuentes del sector consideran que estas críticas son mero "ruido" político. La dirigente de Vox Macarena Olona, por su parte, reprochó el miércoles a Calviño en el Congreso haber hecho "pura propaganda comunista" con sus críticas al banco.

Unas críticas que han perdido fuelle en los últimos días, al menos por parte de Calviño. La vicepresidenta, preguntada esta misma semana en el Senado sobre qué estaba haciendo el Gobierno para minimizar el impacto negativo de la fusión de Bankia y CaixaBank en el empleo, respondió que los bancos habían escuchado los mensajes del Gobierno y mostrado "un cambio de actitud", al estar abiertos a negociar los procesos de reestructuración con los sindicatos.

Algo, por otra parte, que suele ser habitual en todos los procesos de negociación de despidos colectivos y, especialmente en los de los bancos, acostumbrados a rebajar considerablemente sus pretensiones iniciales para lograr el acuerdo con los sindicatos.

En este contexto, pocas opciones le quedan al FROB. Entre ellas se encuentra la abstención, un voto aún posible y que liberaría de una parte de la presión al organismo que preside Paula Conthe, aunque tampoco sería del gusto de todos.

Con voto en contra del FROB o sin él, lo que está claro es que la del viernes será una junta de accionistas no exenta de tensión, ante la que los sindicatos ya han prometido dar la batalla en protesta por el ERE.