El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha declarado por videoconferencia este miércoles en la Audiencia Nacional dentro de la causa que investiga la resolución del Banco Popular.

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El exministro de Economía ha preguntado ante el juez que la Junta Única de Resolución (JUR) no publicara de forma íntegra el informe de Deloitte que sirvió de base a la resolución y posterior venta del Banco Popular en junio de 2017.

De Guindos ha lamentado la "falta de transparencia" del organismo europeo-, aunque ha defendido que la resolución de la entidad fue "la mejor opción posible", según informa Efe.



En su opinión, de no haberse acordado la operación, que incluyó la venta del banco por el simbólico precio de un euro al Santander, el Fondo de Garantía de Depósitos -que cubre los depósitos bancarios de hasta 100.000 euros- no habría tenido liquidez para afrontarlos todos.

Eso habría forzado al Estado a emitir cantidades importantes de deuda y habría restado credibilidad al país.

Como expuso en el Congreso, en su opinión la alternativa habría sido "no abrir el banco" al día siguiente y declararlo en concurso de acreedores", escenario que habría provocado "enormes retrasos e incertidumbres sobre la recuperación de sus ahorros" para el más de un millón de hogares depositantes.

Un banco solvente

De Guindos, que pocos días antes de la resolución reiteró públicamente su confianza en el Popular, se ha insistido en que el banco fue solvente hasta el final.



Sobre su papel como titular de la cartera de Economía en la época de los hechos, ha explicado que si bien es cierto que todo el mundo, incluidos reguladores, directivos del Banco Popular y de otras entidades, despachaban con él, lo cierto es que no se inmiscuía al no ser el organismo regulador, ha dicho.



A preguntas de la defensa del expresidente de la entidad, Ángel Ron, De Guindos ha afirmado que no estaba al tanto del encuentro con el BCE que mantuvo Emilio Saracho, al frente del Popular en la última etapa, en marzo de 2017, en la que habría contemplado la resolución como una posibilidad para el banco.

Por primera vez, el juez instructor, José Luis Calama, ha centrado su interrogatorio en conocer los pormenores de la resolución.

El magistrado abrió dos piezas separadas. La primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016. La segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.