La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) sigue dando pasos para impedir que el esfuerzo de los bancos para financiar a empresas y familias derive en un empeoramiento de su solvencia. Además de las medidas ya anunciadas para flexibilizar los requisitos regulatorios, el organismo quiere tener lista cuanto antes la normativa que atenderá a una reclamación histórica del sector: que el gasto en tecnología deje de penalizar en el capital.

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El Banco Central Europeo (BCE) ya anunció el pasado año la modificación de una serie de normativas para que el software, considerado hasta ahora un activo intangible, y otras inversiones de la banca en tecnología no penalizasen la solvencia de las entidades.

Ahora, la EBA trabaja en el análisis de estos reglamentos (CRR y SRMR), que incluyen cambios para regular la inversión tecnológica y su impacto en los ratios de solvencia. “La reforma, que entrará en vigor una vez que la EBA defina los estándares técnicos para su desarrollo, implica que el software dejará de ser considerado un activo intangible y, por tanto, los bancos no tendrán que deducirlo de su ratio de capital CET 1, el de mayor calidad”, indican los expertos.

Objetivo: adelantar los trámites

La EBA tenía previsto tener listo su análisis sobre cómo computarán estas inversiones tecnológicas para final de año. Pero los expertos consultados aseguran que la institución pretende adelantar los calendarios de consultas públicas y ratificaciones para intentar que la norma empiece a funcionar ya después del verano, aplicando ya en los estados financieros de cierre de ejercicio del sector.

“La EBA tiene que redactar el Regulatory Technical Standard (RTS) y tendría que estar como muy tarde para finales de año, aunque es probable que esté después del verano”, indica Mariano Lasarte, socio del sector financiero de KPMG en España.

En el documento que elabora, la EBA decidirá las características que deben cumplirse para que una inversión en software deje de deducirse y, según los expertos, estas condiciones estarán relacionadas con que el software siga teniendo valor en caso de que el banco se tuviera que resolver o vender.

Según indica Lasarte, la máxima deducibilidad posible “será un tema específico de cada entidad, pero no sería rara una cifra alrededor del 40% del total de la inversión”.

Menos presión regulatoria

Fuentes financieras confirman que el sector espera como agua de mayo la nueva norma, después de meses de presión regulatoria que durante la crisis ha continuado no tanto con nuevos requisitos de capital, sino a través de acciones como la suspensión de dividendos o la limitación de los bonus en las cúpulas directivas.

Para empezar, la nueva regulación acabará con años de penalización de unas inversiones que las entidades han disparado para adaptar sus modelos al proceso de digitalización. “Hasta ahora, todas esas inversiones habían sido consideradas como un gasto, no como una inversión, y por eso consumían capital, algo que no pasa e notros países como EEUU”, critican desde una entidad financiera nacional.

En un reciente informe, los expertos de PwC consideran que el impacto de esta decisión en la banca europea será doble. Por un lado, “incentiva la inversión en desarrollo tecnológico, en un momento en el que la transformación digital es clave para la conformación de nuevos modelos de negocio y para reforzar la seguridad cibernética”. Mucho más en un momento en el que se espera que la operativa digital se dispare después de los meses de confinamiento, en los que el sector ya está notando un fuerte incremento de las ventas y las transacciones online.

Por otro lado, los expertos recuerdan que las entidades europeas jugarán, ahora sí, en igualdad de condiciones regulatorias frente a sus rivales. “Es el caso, por ejemplo, de las Fintech o de otras empresas tecnológicas, que no están sometidas a las mismas obligaciones o incluso de los bancos de otras jurisdicciones, como EEUU, que tampoco tienen que deducirse la inversión en software del capital de mayor calidad”, insisten.

Más flexibilidad con el capital

Esta medida es solo una más dentro del conjunto de acciones que los supervisores europeos han puesto en marcha para dar oxígeno a la banca y permitir que su actividad se centre ahora en financiar la recuperación económica. La EBA ya decidió a mediados de marzo retrasar los test de estrés previstos para julio de este año hasta 2021. También se han relajado las exigencias de provisiones para los créditos morosos que puedan generarse durante la crisis y se han ampliado las fechas de reporting para todo el sector.

A pesar de la mayor flexibilidad, las fuentes consultadas insisten en que la vigilancia es más estrecha que nunca sobre la industria financiera. “Los bancos están recibiendo requerimientos casi diarios de solvencia, de cómo se están produciendo las moratorias, qué rastro están dejando las medidas de los Gobiernos en los balances bancarios, etc”, aseguran. “Están pidiendo muchísima información para monitorizar y tener controlada la situación del sector”, insisten, recordando que toda la flexibilidad adoptada se eliminará cuando pasen los efectos de la crisis.