El sector de la inversión ha reaccionado positivamente ante la posibilidad de que en los próximos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones generales. Aunque han pedido estabilidad y seguridad jurídica incluso si no hay comicios.
Después del rechazo del Congreso de los Diputados a los dos decretos de vivienda con el voto del PP, Vox y Junts, en el Ejecutivo valoran seriamente la convocatoria que se podría anunciar esta misma semana.
Una decisión que es ampliamente aplaudida en el sector de los inversores con intereses en España y en el extranjero. Más allá de opciones políticas, analistas, asesores y directivos de fondos consultados advierten de que las elecciones son más necesarias que nunca.
"No podemos seguir con esta agonía", advierten. Concuerdan en que una convocatoria electoral pondría fin a un periodo que comenzaba a pasar factura a la estabilidad económica y financiera.
Aunque advierten que el Gobierno que salga de esta convocatoria debe ser estable. "El sector necesita estabilidad y seguridad jurídica", indican. Y los últimos meses la situación política y judicial ha llevado a un escenario totalmente contrario.
La primera reacción es que unas elecciones con un horizonte de dos meses por delante despeja incertidumbres ya que da la oportunidad de que se pueda conformar un Gobierno más estable.
Un Ejecutivo en el que se impongan mayorías y permitan a quien Gobierne sacar adelante su agenda y en especial la económica, ya sin bloqueos de grupos minoritarios.
Solo un dato. En los primeros seis meses del año, con la crispación política en máximos y las instituciones y el Congreso casi paralizado, se han producido desinversiones por valor de 9.000 millones de euros.
Esto supone que la salida de inversores extranjeros de nuestro país se haya acelerado a cifras nunca vistas desde el primer semestre de 2018, precisamente el último antes de la llegada de Sánchez a La Moncloa.
En el Gobierno advierten que estamos ante operaciones puntuales de venta de activos, aunque la realidad es que en el último año y medio se ha acelerado la salida de grandes empresas estadounidenses.
Y quizás uno de los grandes detonantes de estas decisiones es la inseguridad, la inestabilidad y la parálisis que se ha acentuado desde el comienzo de esta legislatura a finales de 2023.
Un buen ejemplo de esta parálisis es la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta misma semana el Ministerio de Hacienda completó cuatro años -la legislatura completa- sin presentar las cuentas públicas en tiempo y forma.
El Gobierno se ha comprometido a presentarlos antes de finales de año, pero tras el portazo a los dos decretos de vivienda, y en especial el de Junts, se ha constatado que -incluso si no hay elecciones- tendrán imposible sacarlos adelante.
Por otro lado, -y ya entrando en valoraciones políticas- en el sector se reconoce en privado que esta legislatura no ha sido la más amable con los inversores, ni españoles, ni extranjeros.
Y el mejor ejemplo es el propio decreto de vivienda rechazado que, entre otras cosas, aprobaba normas contrarias a la inversión y que generaban una intervención importante con un efecto evidente para la huida de capital del sector.
De hecho, el apelativo de "fondo buitre", "grandes tenedores" o "élites inmobiliarias" que el Gobierno al completo y el presidente del Gobierno han utilizado, no solo estas semanas, sino que buena parte de la legislatura, se ha tomado con un ataque directo por parte de los inversores.
Pero no solo en vivienda. Los inversores recuerdan los impuestos extraordinarios a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas. Algo que ha ido minando, poco a poco, la confianza.
Esto implica que hay una cierta tendencia a preferir que Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular (PP) se impongan en próximas elecciones, aunque no se posicionan políticamente de forma pública.
Lo que sí advierten es que cualquier escenario extremo sería perjudicial. Es así como prefieren un futuro Gobierno estable, en las antípodas de la actual coalición formada con retales por el PSOE y dependiente de grupos minoritarios independentistas.
Dudas con PP y Vox
Del otro lado también hay dudas. Las encuestas indican que PP y Vox tendrían que formar una coalición para gobernar. Y los de Santiago Abascal no se han mostrado demasiado fiables para el mundo empresarial, con conatos interventores de la economía.
Otra opción es que PP y Vox sumen mayoría, pero con un PSOE fuerte que aglutine a buena parte de una izquierda desencantada. Esto generaría un escenario incluso más polarizado y con riesgo de conflictos en las calles.
Una fórmula que estas últimas semanas ha cogido fuerza con la acampada de Sol y que nadie descarta que se pueda repetir ante un gobierno del PP débil.
En cualquier caso, todos coinciden en que un nuevo Gobierno no lo tendrá fácil. La pérdida de poder adquisitivo y la imposibilidad de acceder a la vivienda son graves problemas y nada indica que en el futuro exista un gran pacto político para solucionarlo.
Deuda pública
Por otro lado, esta semana se volvió a marcar un nuevo récord de la deuda pública con más de 1,7 billones de euros lo que augura un escenario en el que el próximo ejecutivo tenga que recortar el gasto público en el futuro más inmediato.
A este complejo escenario hay que sumarle un contexto internacional incierto con los precios de los combustibles y de la energía disparados y una cesta de la compra que puede seguir escalando.