La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se ha desentendido de su responsabilidad y ha negado cualquier tipo de ilegalidad en las decisiones administrativas que se tomaron para aprobar los rescates de Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos.
Es más, el holding empresarial del Estado descarta realizar algún tipo de provisión o ajuste en sus cuentas por cualquier daño patrimonial que pueda producirse en estos casos que se investigan en la justicia. No ha identificado un impacto económico-financiero "cierto y cuantificable".
Así lo indica la sociedad pública en las cuentas anuales del año 2025 del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, las primeras después de que estallaran todas estas investigaciones.
Estas tres operaciones por un valor conjunto de 640 millones de dinero público están bajo la lupa de diferentes juzgados por su relación con el tráfico de influencias y el pago de comisiones a terceros.
Entre otras cosas, está sobre la mesa el supuesto trato de favor a algunas empresas rescatadas que involucra incluso al expresidente de la sociedad pública, Vicente Fernández. Unos casos que la SEPI aborda explícitamente en las últimas cuentas del Fasee.
En el marco del Caso Leire, el juez Santiago Pedraz decretó el pasado 29 de junio la imputación de una veintena de implicados, entre ellos directivos de la SEPI.
También se imputó a la presidenta de la sociedad pública, Belén Gualda, por su supuesta influencia en el rescate de Tubos Reunidos por 118 millones de euros y en la concesión de un aplazamiento en el año 2025.
Para la SEPI, esta instrucción se basa en indicios aún pendientes de comprobación judicial, "sin que suponga pronunciamiento alguno sobre la existencia de responsabilidad penal o administrativa".
"Hasta donde se tiene conocimiento no está en cuestión la legalidad de las decisiones adoptadas por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas", indican.
En relación al rescate de Air Europa y a la investigación sobre un posible delito de prevaricación administrativa por la concesión por el Fasee del apoyo financiero público temporal a la aerolínea, la SEPI también reivindica su legalidad.
"Realizado el oportuno análisis jurídico, la dirección considera que no constan en la causa motivos para dudar de la legalidad de la actuación administrativa", indica la sociedad pública advirtiendo además que han realizado pesquisas para analizar el caso.
En cuanto al caso Plus Ultra y las supuestas comisiones que habría cobrado el denominado grupo Zapatero por la concesión del rescate, la SEPI recuerda que "hasta donde se tiene conocimiento" no está en cuestión la legalidad de las decisiones adoptadas por el Fasee.
"En todos los casos, el Fasee ha prestado y presta la máxima colaboración con las investigaciones. De acuerdo con la información disponible a la fecha, y sin perjuicio del resultado de las instrucciones judiciales en curso, no se ha identificado un impacto económico-financiero cierto y cuantificable que requiera el registro de ajustes adicionales en las presentes cuentas anuales", dice la SEPI.
Aunque recuerdan que "dada la naturaleza de los hechos investigados", su carácter preliminar y la incertidumbre inherente a los procedimientos, no puede descartarse que de su evolución futura "pudieran derivarse efectos o contingencias de diversa naturaleza".
Por otro lado, en las cuentas del Fasee la SEPI también reconoce una serie de operaciones para aplazar el pago a empresas rescatadas en pandemia y para aprobar novaciones que han aumentado la fecha límite para condonar las deudas.
En los últimos tres años se han producido -al menos- aplazamientos y novaciones por más de 370 millones de euros, una tercera parte de los casi 1.000 millones que quedan por devolver a la sociedad pública y al Fasee.
Esto implica que buena parte de las rescatadas han pedido prórrogas en los pagos demostrando que su viabilidad no ha mejorado con la ayuda pública. Al contrario, muchas han empeorado, han dilapidado los fondos estatales y ahora se encuentran al borde de la quiebra.
En este contexto, una decena de empresas han acudido a la SEPI en los últimos tres años para renegociar su deuda o solicitar aplazamientos de su pasivo con el holding estatal.
Se han cerrado acuerdos -o se negocia- con Duro Felguera, Plus Ultra, Vicinay Marine, Imasa, Tubos Reunidos, Meeting Point, Industrias Losán y más recientemente Vivanta y Volotea. Lo que pone en riesgo el pago de al menos 600 millones.
Pagos aplazados
En el caso de la primera de estas rescatadas, a finales de 2025 se aceptó una novación de los contratos financieros aplazando el pago de 100 millones de la deuda con la SEPI a dos años: 2032 y 2035.
Del mismo modo, solo en 2026 se aceptó la novación de otras tres empresas: Imasa, por 35 millones; Vivanta por 45 millones y Vicinay por 30 millones.
Pero también se han aplazado intereses por valor de 2,3 millones al Grupo Losán y están a la espera de lo que pueda pasar en el concurso declarado por Tubos Reunidos, donde es probable que no se pueda cobrar parte de los 118 millones del préstamo concedido en la pandemia.