Volotea negocia con la SEPI y acreedores nuevas fórmulas para reestructurar su deuda de 356,2 millones, de los que 200 millones corresponden a un préstamo estatal.
La compañía plantea reducir entre un 20% y 25% su actividad, disminuir la flota de 44 a 30-35 aviones y ajustar su plantilla para garantizar liquidez y viabilidad.
La SEPI ha pospuesto pagos de intereses y vencimientos, pero rechaza una quita de deuda, aunque estudia extender plazos de devolución hasta 2030.
Volotea acumula pérdidas desde 2019 y necesita una inyección urgente de capital fresco, tras años de ampliaciones y la entrada de Aegean Airlines como socio relevante.
La aerolínea Volotea negocia a marchas forzadas con sus acreedores y con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) diferentes fórmulas para renegociar su deuda, la tercera vez que lo hacen desde la irrupción de la Covid-19.
La compañía tiene actualmente un pasivo cercano a los 356,2 millones de euros por lo que la prioridad es dar alivio al principal, de los que 200 millones corresponden al préstamo participativo concedido por la SEPI en pandemia.
Después del golpe del parón de 2020, la entrada de la aerolínea griega Aegean, las sucesivas crisis energéticas y la última estocada de la subida fulgurante del petróleo, la sociedad no logra levantar cabeza.
Volotea registró un patrimonio neto negativo de 77,5 millones al cerrar 2025 y se hace urgente la entrada de capital fresco, unos 50 millones, según se estima en el sector.
Por ello, esto abre el abanico no sólo a la renegociación de la deuda, sino que también a una urgente ampliación de capital posterior al abono de la deuda.
En marzo de 2026 ya se completó una inyección de capital por valor de 71 millones procedente de sus socios actuales y de la griega Aegean Airlines, que subió hasta el 23% tras abonar 47 millones. En 2024 compró el 13% por 25 millones.
Los restantes socios son los fundadores -el CEO Carlos Muñoz y Lázaro Ros- que a través de Alaeo controlan cerca del 50% y el fondo estadounidense PAR Capital. Todos ellos han participado desde 2024 en sucesivas ampliaciones de capital.
Tras el impacto de la subida de los combustibles -que la compañía estima en 150 millones- las cosas han empeorado y se ha acelerado la reestructuración de la deuda donde la SEPI es el principal acreedor.
En la mesa de negociación abierta con la entidad pública, la banca y las empresas de alquiler de aviones (lessors) se han puesto sobre la mesa diferentes soluciones para evitar el impago.
Esto incluye el alargamiento de plazos para retrasar los pagos más inmediatos; postergar el pago de intereses, la mencionada ampliación de capital a la que ya comprometieron los fundadores y una línea de crédito de 25 millones para solventar la liquidez más inmediata.
A cambio, Volotea ofrece la reducción de su tamaño recortando entre un 20% y un 25% su actividad, disminuyendo su flota de 44 a una horquilla de entre 30 y 35 aviones, además de ejecutar un ajuste de unos 50 empleados en sus oficinas.
No se ha hablado formalmente de una quita de la deuda, pero en el sector y dentro de la SEPI hay quien piensa que puede ser la mejor solución. Si no es con la sociedad pública, con la banca.
Y la SEPI no es cualquier acreedor. Es el principal tenedor de casi el 60% del pasivo, pero es que además al ser un préstamo participativo el Estado puede convertir en capital la deuda en el caso de impago.
Si consideramos que en la última ampliación de comienzos de año la compañía se valoró en unos 470 millones, la SEPI se podría quedar con al menos un 40% de todas las acciones si hace valer los 200 millones.
Pero la SEPI no quiere entrar en el capital, quiere asegurarse el pago de los 200 millones del préstamo. En principio. Y para ello abre todas las vías para facilitarlo.
El primer paso ha sido diferir el pago de 14,6 millones en intereses devengados a la sociedad pública y al Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta julio de 2028. También se han pospuesto dos vencimientos de 16,8 millones cada uno que vencían originalmente este 2026.
Históricamente, la SEPI ha cerrado la puerta a la quita de la deuda. Ya lo ha hecho en anteriores operaciones como la de Duro Felguera, donde finalmente se impuso la entrada de nuevo capital de los socios.
Volotea es la décima empresa rescatada por la SEPI en pandemia que está en riesgo de quiebra o que ha pedido renegociar su deuda. Una lista que en los últimos dos años ha crecido exponencialmente.
Duro Felguera, Plus Ultra, Vicinay Marine, Imasa, Tubos Reunidos, Meeting Point, Industrias Losán y más recientemente Vivanta y Volotea. Todos han pedido postergar la deuda y la mayoría han puesto sobre la mesa una quita. A la banca y a la SEPI.
Pero en todos los casos la respuesta ha sido la misma: "aceptamos postergar intereses, retrasar la deuda, pero la quita no es una opción. El Estado debe recuperar todo el dinero".
¿Y qué pasará con Volotea? Las negociaciones que se mantienen a marchas forzadas entre el equipo de Carlos Muñoz, la banca acreedora y la SEPI, no dan pistas por el momento.
Pero a favor de una quita de Volotea juegan varios elementos. El primero es que los socios han demostrado que están dispuestos a poner dinero sobre la mesa cuando sea necesario. Incluso en sucesivas ampliaciones de capital.
Algo que no pasó con Duro Felguera en el momento en el que pidió la quita de la deuda a la SEPI hace casi un año.
Por otro lado. En el sector, en Volotea y en la SEPI son conscientes de que la compleja situación de la compañía y de que las sucesivas ampliaciones de capital y las dos anteriores negociaciones no han solucionado el problema de fondo.
Volotea acumula pérdidas de 567 millones tras siete años consecutivos en números rojos. Desde 2019 hasta 2025. La última vez que registró beneficios fue en 2018, mucho antes de la pandemia.
Es verdad que en este periodo ha logrado récords de facturación con una mejora de sus beneficios operativos, pero los intereses de su deuda, la fluctuación de las divisas y el impacto del combustible han tumbado su balance.
Sólo en intereses, la aerolínea debe pagar entre 25 y 30 millones al año, de los al menos 15 millones corresponden a la SEPI. Si consideramos que el Ebit fue de 47,4 millones en 2025, el impacto es muy importante.
Es por ello que la clave -sostienen en el sector- es reducir el principal de la deuda. A cambio, postergar el pago de la deuda genera el efecto contrario, aumentando los intereses y endureciendo las condiciones.
Con todo, la SEPI no quiere perder los 200 millones del préstamo de Volotea así que -de momento- lo que está casi seguro es que extenderá el plazo del principal hasta más allá del 2029, la fecha establecida actualmente.
¿Hasta cuándo? La SEPI podría extenderlo hasta 2030, aunque más allá de esta fecha lo tendría complicado. Pero todo es cuestión de cómo se establezca la negociación.
En estos momentos, el montante adeudado por las diez empresas rescatadas que han manifestado su interés de renegociar es de 655 millones de euros. Casi el 70% de lo que no ha cobrado todavía la SEPI por el fondo de rescate (Fasee).
Deuda de Volotea
Y como ya se ha dicho. A disposición de las empresas -y de Volotea- están todas las herramientas disponibles para flexibilizar los pagos. "Cada empresa es una realidad diferente", sostienen desde el interior de la compañía pública.
La deuda financiera total de Volotea se sitúa en torno a los 356,2 millones, a lo que se suma un fondo de maniobra negativo estimado en 320,5 millones.
A los 200 millones que se le adeudan a la SEPI se une un préstamo sindicado de 150 millones que le otorgó un pool bancario durante la pandemia con el aval del ICO.
También hay que considerar compromisos financieros con arrendadores (lessors) de 156,2 millones, es decir el coste total de los contratos de alquiler a largo plazo de su flota de aviones. Una compleja situación que no se despejará hasta finales de año.