Cox traslada la gestión de sus activos a Panamá y su propietario, Enrique Riquelme, también mueve su sociedad patrimonial al país centroamericano.
Empresarios ven esta decisión como una reacción a la presión fiscal del Gobierno y un posible precedente para más fugas de grandes empresas.
En los últimos cuatro años, unas 70 empresas han abandonado España, buscando mejores condiciones fiscales y seguridad jurídica en países como Países Bajos, Andorra o Panamá.
El sector empresarial critica no solo la subida de impuestos, sino también el aumento de costes laborales y la inseguridad jurídica provocada por cambios legislativos inesperados.
Cox anunció este miércoles la creación de una sede en Panamá desde donde se gestionarán los activos de la compañía al mismo tiempo que su dueño, Enrique Riquelme, trasladará su sociedad patrimonial (Riquelme Capital SL) al país centroamericano.
Una decisión que en el mundo empresarial tiene dos lecturas: una enmienda a la política fiscal del Gobierno en relación a las empresas y un precedente que podría acelerar la salida de compañías que buscan mayor seguridad jurídica fuera de nuestras fronteras.
Varias empresas con las que ha hablado este diario no descartan que alguna compañía de tamaño importante pueda seguir los pasos de Cox (o de Ferrovial en 2023) si es que el actual Gobierno sigue en La Moncloa una legislatura más.
Desde Cox desligan completamente esta decisión estratégica de razones fiscales y tributarias e insisten en que tienen que estar donde se genera el 95% de su negocio.
Recuerdan que seguirán teniendo su sede corporativa en Sevilla (España) y el propio Riquelme mantendrá una fuerte presencia en el país para gestionar la plataforma de servicios.
No obstante, fuentes empresariales consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia advierten que estamos ante una clara señal de que en España no se dan las mejores condiciones para que las grandes empresas puedan desarrollar su negocio.
Y lo que es peor, advierten, la salida de Cox podría generar un efecto llamada como ya se produjo con la salida de Ferrovial a comienzos de 2023 para cotizar en la Bolsa de Ámsterdam.
En ese momento, las explicaciones de la compañía presidida por Rafael del Pino también tuvieron que ver con buscar mejores condiciones para poder dar el salto a los mercados de Estados Unidos.
También conservaron su sede corporativa en España, pero la realidad es que operativamente buscaron nuevos horizontes en pleno debate por la presión fiscal del Gobierno y con un Ejecutivo de Pedro Sánchez hostigando a las grandes empresas.
Aunque lo cierto es que desde la salida de Ferrovial se ha producido un goteo incesante de empresas que abandonan España. En el Registro Mercantil se contabilizan unas 70 fugas en casi cuatro años.
Al igual que Riquelme, buena parte de estas compañías fueron family offices, es decir, gestoras de grandes patrimonios familiares e inversores en empresas.
Sus principales destinos fueron países con una fiscalidad más favorable como Países Bajos, Andorra o Panamá, pero también lo hicieron a economías de tamaño similar a España como Portugal o Italia.
Eso sí, con mejores condiciones para la inversión y con una mayor seguridad jurídica. Esto indica que las empresas que se marchan no lo hacen sólo por la carga fiscal, sino por un conjunto de variables que ayudan a su crecimiento.
Los números indican que la presión fiscal ha aumentado en España hasta el 36,7% del PIB, 5,53 puntos más desde 2018 y más del doble del crecimiento medio de 2,54 puntos en ese periodo en la OCDE, que se queda en el 34,1%.
Pero en el caso de las grandes empresas y de los mayores patrimonios, la baraja se rompió en 2022 cuando el Gobierno lanzó una batería de subidas de impuestos y empezó una guerra contra el sector.
Puso en marcha impuestos temporales a las energéticas y a la banca, este último todavía en vigor. Pero además, a finales de 2022 se creó el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que grava patrimonios netos superiores a los tres millones de euros.
Es así como se establecieron tipos progresivos del 1,7% (de 3 a 5 millones), 2,1% (de 5 a 10 millones) y del 3,5% (a partir de 10 millones de euros).
Y, posteriormente, reactivó el Impuesto sobre el Patrimonio en comunidades como Madrid o Andalucía, que antes lo bonificaban al 100%. Antes de esta medida, el 72% de los grandes patrimonios estaban exentos, luego pasaron a abonar casi la totalidad.
Esto ha supuesto un importante impacto en la recaudación. De esta manera, la recaudación conjunta del Impuesto sobre el Patrimonio y este nuevo gravamen superó los 2.133 millones de euros en el último año contabilizado.
Costes laborales
Esto supuso una subida considerable respecto de los 1.245 millones que se lograron en Patrimonio sólo en el año 2023.
Pero no hablamos sólo de impuestos. En el sector insisten en que las trabas que el Gobierno pone a los empresarios abarcan casi todos los resortes del mundo corporativo.
El caso de la presión fiscal es evidente, pero a ello hay que sumar costes laborales que no paran de crecer, como el encarecimiento del despido, la subida de las cotizaciones o el aumento del salario mínimo.
Las patronales denuncian también el abuso de la vía legislativa de urgencia. Esto impide que las empresas puedan realizar una planificación financiera a medio o largo plazo al introducir cambios drásticos por parte del Ejecutivo sin contar con el Congreso.
Marco jurídico estable
También denuncian modificaciones inesperadas en sectores clave (como las energías renovables y el último decreto de los centros de datos o el sector inmobiliario con la Ley de Vivienda), que penalizan la confianza de los fondos de inversión internacionales.
En el mundo empresarial tampoco gusta el excesivo intervencionismo del Gobierno con las grandes corporaciones y recuerdan la entrada del Estado en Telefónica, el veto a la inversión extranjera en Talgo o las trabas que se pusieron a la opa de BBVA al Banco Sabadell.