Juan José Ganuza asume la presidencia de la CNMC enfrentando los expedientes del apagón eléctrico como uno de sus mayores retos iniciales.
Las grandes eléctricas esperan una etapa de mayor diálogo, mientras la CNMC debe resolver más de sesenta expedientes, incluyendo varios casos considerados muy graves.
La instrucción de los expedientes podría traducirse en pequeñas sanciones en los próximos meses y procesos civiles que afectarían el balance de las empresas involucradas.
La nueva etapa en la CNMC coincide con desafíos regulatorios en energía, renovables y digitalización, bajo presión política y la exigencia de garantizar mercados competitivos y sostenibles.
Juan José Ganuza ha cogido este miércoles las riendas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a sabiendas de que tomará decisiones incómodas y con el reto de la regulación energética y los expedientes del apagón como primer escollo a salvar.
El académico vinculado a la Pompeu Fabra y a Cataluña tiene claro que el principal activo con el que cuenta es el alto nivel profesional y la capacidad de trabajo de sus técnicos. El handicap, que en algunas áreas, como la energía, llegan muy cansados.
Han sido unas batallas muy duras con Redeia y los gigantes eléctricos del país a cuenta del apagón, la tasa de retribución y la regulación de un sector que ahora cambia para estar al servicio de la demanda y, supuestamente, de los consumidores.
En esa trifulca jurídica continua que se ha generado es donde será clave el paraguas del vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, que asegura tener “muchas esperanzas puestas en el nuevo mandato” de la institución.
Las grandes energéticas, como Repsol, Iberdrola, Endesa o Naturgy, ya han dejado caer sotto voce, que esperan una nueva etapa en la CNMC en la que hay más diálogo a la hora de evaluar sus peticiones.
La tasa de retribución fija durante seis años del 6,58% por sus inversiones en redes nunca les pareció suficiente. Y la nueva metodología basada en la demanda con la que pueden aumentar sus retornos, la ven con escepticismo.
Pero el gran caballo de batalla, al que ni Ganuza ni Cuerpo han hecho alusión en el inicio de la nueva etapa, son los más de sesenta expedientes abiertos contra el operador del sistema y las compañías como posibles causantes del apagón, en todo o en parte.
El trabajo está lanzado y la instrucción en marcha. Fuentes empresariales aseguran que muchos de los casos considerados como falta grave, van a recibir un reguero de pequeñas sanciones en los próximos tres o cuatro meses para saldar sus responsabilidades.
Pero los muy graves, que apenas son tres o cuatro, pueden dar lugar a una responsabilidad mayor para algunas firmas o entidades semipúblicas muy peligrosa.
La CNMC dirimirá el expediente administrativo con las multas que correspondan, pero de ahí se pasa a los procesos civiles que pueden poner todos los sectores, entidades, empresas o particulares que se vieron paralizados ante la caída a cero del suministro eléctrico.
Las empresas se han apresurado a minimizar ese posible impacto en sus cuentas de resultados, que además se dilataría en cerca de una década. En estos momentos lo estiman en no más de mil millones de euros. Pero hay sectores industriales y otros colectivos que lo elevan hasta más de 4.000 millones.
Ese es el primer elefante en la habitación que le ha quedado a Ganuza en su nuevo despacho. Cualquier movimiento a corto plazo que se promueva en el área de energía va a verse bajo el prisma de los expedientes del apagón.
Tanto los tres nuevos consejeros que acaban de entrar a la CNMC como los que se quedan allí, saben que la verdadera maquinaria que mueve los hilos dentro de la institución son los directores de área y sus equipos. Y nadie quiere cambios en este momento crítico.
Presión política
La toma de posesión de este miércoles ha servido para escenificar un entendimiento entre Ministerio de Economía y CNMC poco usual en los últimos meses. Habrá que llegar a casos concretos y tomar decisiones que no gusten a todos, como advirtió Ganuza, para corroborar que la presión política que domina la institución y su nuevo consejo no deteriora su trabajo.
Pero el propio presidente, tras jurar el cargo y repetir sus prioridades en materia de agenda digital y control de fusiones, ha admitido que la gran batalla va a estar en lograr que “el cambio climático sea compatible con unos mercados competitivos”.
Dos de los nuevos consejeros -Joan Capdevilla (ERC) y Marina Echebarría (Sumar)- van a entrar en la mesa que trata los temas energéticos, la Sala de Supervisión Regulatoria, bajo la dirección del vicepresidente de la institución, Ángel García Castillejo.
Ahí será donde se tendrán que dirimir en los próximos meses las sanciones que lleven los expedientes del apagón. Pero también los retos normativos de las renovables, la gestión de la nueva demanda (empresas, particulares y centros de datos) y los incentivos para invertir en redes de mas capacidad.
Ganuza se ha planteado, además, que todo ellos redunde en una mejora de la competencia que se traslade a los consumidores, a sus costes y a la garantía de que no habrá un nuevo apagón. O lo que puede ser lo mismo, que no se tenga que soportar un sobrecoste en la factura para evitarlo con la operación reforzada de Redeia.
En la otra sala, la de Competencia, entrarán temas de otros muchos sectores, pero con la vista muy centrada en la nueva economía digital. Ahí se incorpora como nuevo presidente el propio Ganuza, y como consejera Carmen Balsa, ex jefa de gabinete de Nadia Calviño y muy vinculada a Carlos Cuerpo.
Cani Fernández deja el puesto tras seis años de mandato y con la tranquilidad de haber cumplido con lo que se encomendó. Es el tiempo que le queda a Ganuza para demostrar la independencia y la autonomía de la institución y poder decir lo mismo.