El Ministerio de Consumo ha multado con 320.000 euros a una empresa organizadora de festivales por incluir cláusulas abusivas que limitan derechos de los consumidores.
La sanción responde a prohibiciones como el acceso con comida y bebida del exterior, limitaciones al reacceso al recinto y condiciones abusivas para el reembolso de dinero en pulseras cashless.
También se penaliza la imposición de gastos de gestión desproporcionados en la venta de entradas, sin un servicio real asociado al incremento de precio.
La empresa deberá rectificar y eliminar las cláusulas abusivas tras la denuncia de Facua-Consumidores en Acción.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de 320.000 euros a una empresa organizadora de festivales de música que opera en varias comunidades autónomas de España por incluir cláusulas abusivas que limitan los derechos de los consumidores.
La resolución, que pone fin a un expediente abierto tras una denuncia de Facua-Consumidores en Acción, obliga además a la compañía a rectificar y eliminar las prácticas sancionadas.
La sanción se basa en la comisión de cuatro infracciones graves, relacionadas con restricciones al acceso con comida y bebida del exterior, la limitación del reacceso al recinto, las condiciones abusivas para el reembolso del dinero no gastado en las pulseras cashless y la imposición de gastos de gestión desproporcionados en la venta de entradas.
El Ministerio ha detallado las prácticas que han motivado la multa. En primer lugar, la prohibición de acceso con comida y bebida del exterior, reservándose además el derecho de registrar a los asistentes al recinto.
En segundo lugar, la limitación del reacceso, al obligar al público a pagar una cantidad adicional a la entrada para poder entrar y salir del festival durante su celebración.
En tercer lugar, las restricciones al reembolso del dinero no gastado a través del sistema de pago establecido, normalmente pulseras cashless, con plazos limitados para solicitarlo, cobro de gastos de gestión y la no devolución de cantidades inferiores a dos euros.
Y, en cuarto lugar, la imposición de gastos de gestión en la venta de entradas, al constatar que el incremento de precio no se correspondía con un servicio efectivamente prestado.
Además de la multa económica, la resolución ministerial obliga a la empresa a rectificar y eliminar las cláusulas consideradas abusivas.
La sanción concluye el expediente abierto por la Dirección General de Consumo tras la denuncia presentada por la asociación de consumidores Facua, que ha celebrado la decisión como un avance en la protección de los derechos de los asistentes a eventos masivos.