La nueva Ley Anticorrupción permite realizar transmisiones de participaciones entre empresas sin necesidad de escritura pública notarial, bastando un registro privado.
Organismos como el Consejo General del Notariado, jueces y el Consejo de Estado advierten que esto facilita la ocultación de propietarios reales y dificulta la investigación de tramas corruptas.
La UCO y la UDEF dependen de la base de datos notarial para investigar operaciones sospechosas; la ley podría limitar el acceso a esta información clave.
El proyecto de ley busca reforzar la transparencia societaria, pero expertos alertan de riesgos como el uso de testaferros y flujos opacos si se elimina el control notarial obligatorio.
El Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que ha aprobado el Consejo de Ministros para mandarlo al Congreso deja la puerta abierta a que la transmisión de participaciones entre empresas no tengan que hacer escritura pública y pasen directamente a una "sección especial" del Registro Mercantil.
El Consejo General del Notariado, los jueces, el Consejo Fiscal y hasta el Consejo de Estado han alertado de que esa opción que se da a los titulares de empresas de saltarse el control de legalidad previo del notario, con una mera inscripción registral, abre la puerta a muchas opciones de manipular operaciones y ocultar a los propietarios reales de las sociedades.
El primer borrador eliminaba de facto la labor de los notarios. Tras su movilización de los últimos meses, en el texto final aprobado se deja abierta la posibilidad de elegir un camino u otro, a conveniencia de los responsables de cada cambio de titularidad.
Hasta ahora, ese control notarial queda inscrito en la Base de Datos de Titularidad Real que gestionan los notarios. Se trata de una herramienta fundamental para todas las investigaciones que llevan a cabo cuerpos como la UCO, la UDEF o el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).
Muchos de los cuadros de relaciones entre empresas que vemos cada día en los informes policiales publicados sobre tramas de corrupción (Zapatero, Leire, etc.) se basan en los datos de 3,3 millones de empresas que desde 2012 han acumulado los notarios sobre operaciones entre empresas.
En todos los cambios de titularidad se hace constar la cadena completa de transmisiones de capital desde la constitución de la sociedad. Incluso los notarios apuntan advertencias sobre sospechas de irregularidades o datos no concordantes en algunos de los casos, para futuras investigaciones.
Fuentes policiales conocedoras de estas investigaciones aseguran que para sus trabajos de investigación es clave, además, que se cuente con 250.000 sociedades extranjeras o más de 25.000 entidades no mercantiles, entre otros datos adicionales.
En lugar de pasar por los notarios de forma obligatoria, como hasta ahora, el proyecto de ley que ha presentado el macroministerio de Félix Bolaños establece que las transmisiones y gravámenes de participaciones sociales "podrán formalizarse mediante documento privado electrónico, documento judicial o administrativo, o por escritura pública de forma voluntaria".
El empeño del Ejecutivo parece ser la obligatoriedad de todo ese tipo de cambios en la propiedad de las sociedades, sobre todo las limitadas o más pequeñas, cumplan con la obligación de inscribirse en el Registro, cosa que no siempre hacen. Sobre todo si tienen detalles que ocultar.
Prestigio internacional
Pero ha sido el propio Consejo de Estado quien ha advertido que esa facilidad de dar por controlada una operación con un documento privado y firma electrónica, puede ser ineficaz con el objetivo básico de la norma. Al menos si lo que se quiere es dificultar el uso de estructuras societarias para canalizar prácticas corruptas.
Entre las medidas de ámbito empresarial que contiene el proyecto de ley, se contempla reforzar la transparencia societaria. "La titularidad y las transmisiones de participaciones deben ser trazables en el Registro Mercantil", señala. Incluso se aumenta de 15 a 20 años las penas máximas de inhabilitación y de contratar con la Administración para empresas corruptas.
El problema que juristas y académicos de prestigio han advertido es que, dejar todo en manos de un documento privado y el Registro, no controla el posible uso de testaferros, el flujo de fondos opacos y otras prácticas fraudulentas en las operaciones entre particulares.
Hay un ejemplo claro del riesgo que se corre. En el caso Koldo, la UCO se enteró de que Cerdán tenía una parte de Servinabar porque encontró un documento privado en su casa que lo decía. Pero no estaba controlado ni registrado en ninguna parte.
Resulta paradójico además que la propia norma contemple que las nuevas tecnologías sean "la herramienta principal al servicio de la integridad pública, para identificar patrones anómalos o incoherencias y señales de alerta antes de que el fraude se consolide".
Precisamente la Base de Datos de Titularidad Real del Notariado y las aplicaciones que permiten escudriñar cualquier indicio de operación sospechosa que utiliza, son de las más avanzadas de Europa. Es más, su eficacia ha sido reconocida ya a nivel internacional.
El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, lo ha puesto alguna vez de ejemplo de eficacia en el control legal de las operaciones societarias. Y hasta en la parte final de la adenda de los Fondos Next Generation se alude a la base de los notarios como forma de certificar la legalidad de las inversiones realizadas y dar transparencia a la gestión del dinero.
El proyecto de ley orgánica deberá pasar todavía el filtro del Congreso, tras el verano. Se prevé que reciba numerosos cambios en su tramitación dada la amplitud de temas que pretende abarcar y la importancia que alguno de ellos tiene para el tráfico mercantil. Como por ejemplo, no dejar sin datos de repente la base de los notarios.