Telefónica y Cellnex amplían su acuerdo para instalar baterías y generadores en hasta 1.000 nuevas torres, reforzando la resiliencia de la red ante apagones.
El objetivo es proteger los emplazamientos críticos y zonas geográficas clave, cubriendo hasta 3.500 de los 20.000 emplazamientos de Telefónica.
La medida responde al nuevo decreto de resiliencia del Gobierno, que obliga a las operadoras a garantizar al menos cuatro horas de cobertura al 75% de la población en caso de corte eléctrico.
El coste estimado para reforzar las redes móviles podría alcanzar los 300 millones de euros para las principales operadoras, según el sector.
Telefónica y Cellnex ampliarán su acuerdo para instalar baterías y generadores que eviten apagones en nuevos emplazamientos de la operadora de telecomunicaciones. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, la firma del nuevo pacto podría cerrarse esta misma semana.
El pasado mes de febrero, las dos compañías cerraron un acuerdo para instalar estos elementos de resiliencia energética que eviten apagones en 2.000 de los 4.500 emplazamientos que Telefónica alquila a Cellnex.
La idea ahora es no superar las 1.000 nuevas torres respecto del acuerdo original, ya que Telefónica sólo quiere cubrir los emplazamientos críticos y los que se encuentren en zonas geográficas clave.
Telefónica tiene unos 20.000 emplazamientos, por lo que llegar hasta 3.500 con un sistema anti apagones supondría cubrir una buena parte de su red móvil con las mayores necesidades de resiliencia. El resto de estas torres y azoteas están alquiladas a American Tower.
Esta ampliación del acuerdo de febrero se ha acelerado tras la publicación del proyecto definitivo de redes resilientes en junio y que el Ministerio de Transformación Digital prevé tener aprobado a finales de año.
El Gobierno quiere que las redes de telecomunicaciones sigan en su gran mayoría operativas ante grandes catástrofes y no quiere que se repita la crisis del 28 de abril del año pasado, en la que el gran apagón llevó a negro a todo el sistema de redes móviles y fijas durante gran parte del día.
Precisamente, la caída de la red móvil se produjo porque los emplazamientos de las operadoras de telecomunicaciones no contaban con baterías de respaldo para seguir funcionando sin el suministro de electricidad.
En este sentido, el decreto de seguridad y resiliencia de las redes obliga a las operadoras de telecomunicaciones a mantener una cobertura de cuatro horas para el 75% de la población en caso de caída de la red eléctrica.
En el proyecto original, la exigencia era del 85%, pero tras las alegaciones del sector, el Ministerio de Transformación Digital se ha decidido a reducir esta cifra. Es la única concesión, ya que el grueso del proyecto -y las exigencias al sector- se mantienen inalterables.
Según explicó a finales de junio el ministro de Transformación Digital, Óscar López, lo suyo es que las operadoras "comiencen a implantar gradualmente nuevos planes de seguridad, obligaciones de redundancia y baterías para las antenas de telecomunicaciones".
En este contexto, el acuerdo entre Telefónica y Cellnex ha sido uno de los primeros en cerrarse tras la puesta en marcha del real decreto y además es el primero en actualizarse tras la publicación del proyecto definitivo a falta de que lo ratifiquen las Cortes.
El caso es que Telefónica es una de las operadoras más activas en resiliencia. Antes del apagón de abril del año pasado, ya había puesto en marcha un plan propio y -según ha sabido este diario- también ha provisionado el coste de reforzar su red en sus cuentas.
Como dice el decreto, en caso de que se produzca una interrupción de suministro eléctrico, cada operadora de telecomunicaciones estará obligada a garantizar su funcionamiento durante un tiempo mínimo determinado, que dependerá de en qué nivel esté englobada la infraestructura.
Las consideradas de primer nivel deberán tener garantizada la operatividad durante al menos 24 horas, mientras que las instalaciones clasificadas de nivel intermedio deberán ser operativas durante al menos 12 horas. El resto de infraestructuras deberá tener garantizado el servicio durante cuatro horas.
En el caso concreto de una red móvil, estas cuatro horas deben mantener la cobertura al 75% de la población. Para ello cada operador establecerá una estrategia en la que podrá priorizar unas tecnologías sobre otras (voz sobre datos, por ejemplo) o instalaciones que considere conveniente en función a su vinculación a la prestación de servicios públicos y servicios de relevancia económica y social.
El proyecto normativo pone también un foco especial en reforzar la operatividad y continuidad de las comunicaciones de emergencia dirigidas a los centros del 112 y alertas públicas. Estos centros, así como los operadores que les dan conectividad, deben confeccionar y presentar planes de seguridad.
Según la memoria del real decreto, el coste de reforzar el servicio de las redes móviles durante al menos cuatro horas será de, aproximadamente, entre 51 y 73 millones de euros.
Pero las operadoras consideran que el coste puede ser mucho mayor y cifran el total en unos 300 millones de euros que deberán sufragar las operadoras de telecomunicaciones: Telefónica, MasOrange, Vodafone y Digi.
En un escenario menos riguroso en el que el Gobierno sólo se exija máxima cobertura a los grandes emplazamientos, podríamos hablar de entre 175 y 200 millones.
Emplazamientos en España
Pero en un escenario con más exigencias por parte del Ejecutivo y con mayor demanda de cobertura, podríamos hablar de un coste hasta los 800 millones de euros.
En España hay más de 45.000 emplazamientos físicos que albergan más de 200.000 estaciones base o antenas de telefonía móvil repartidas por todo el territorio.