Manuel de la Rocha niega cualquier intervención del Gobierno en empresas públicas como Indra o Telefónica y rechaza haber influido en cambios de presidencia.
De la Rocha reconoce reuniones con directivos y asesores, pero insiste en que nunca solicitó dimisiones ni amenazó a ningún CEO, asegurando que todas las conversaciones fueron legales.
La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, reconoció que tardaron un año en detectar posibles conflictos de intereses en la fusión de Indra con la empresa de los hermanos Escribano.
De la Rocha defiende que la gestión del Gobierno en empresas participadas se ha realizado bajo criterios de gobernanza y legalidad, actuando como cualquier otro accionista.
El director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, ha negado la mayor y ha rechazado cualquier tipo de intervención del Gobierno en empresas públicas o participadas por el Estado como Indra o Telefónica, además de en eventuales movimientos para cambiar sus presidentes.
Así lo ha indicado en su intervención en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso en la que ha participado este martes a petición del Partido Popular (PP) para dar detalles sobre el cambio de presidente de Indra, Ángel Escribano. Un movimiento que los populares achacan a Moncloa.
"La posición del Gobierno de la SEPI, que ha explicado con detalle y solvencia la presidenta Belén Gualda en estas empresas, se canaliza a través del voto de la SEPI, de los consejos de administración o en sus juntas de accionistas", ha dicho De la Rocha.
Respecto de esta operación de Indra reconoció que se reunió con Escribano, pero advirtió que lo hizo solo para analizar el futuro de la compañía. "Jamás solicité al señor Escribano su dimisión, jamás he amenazado a él ni a ningún CEO en mi vida. Tuvimos una conversación y dos semanas después toma la decisión de dimitir, pero por los motivos que él ha explicado en su carta".
En el caso de Indra también ha reconocido reuniones con Iván Redondo, representante y asesor de General Dynamics, pero descartó que tuviese cualquier influencia en las decisiones que se tomaron en el seno de los órganos de gobernanza de Indra.
"El Gobierno puede mantener reuniones normales con los directivos de las empresas participadas por el Estado y por la SEPI para hacer valoraciones estratégicas, pero siempre respetando el interés general y la marcha empresarial de la compañía".
Por otro lado, De la Rocha ha respondido directamente al diputado popular, Rafael Hernando, (que le llamó fontanero de Moncloa) indicándole con firmeza que no tiene nada que ver con este tipo de movimientos.
"Yo no soy ningún fontanero de ninguna cloaca. Llevo 30 años de experiencia internacional, llevo ocho años en la Oficina Económica, he trabajado en tres organismos internacionales en cuatro países".
Y ha agregado "nunca he estado en ninguna reunión en donde se haya tocado algún tema ajeno a la legalidad, por eso le pido al señor Rafael Hernando que retire esas palabras", ha indicado.
Ha agregado además que entre sus funciones no está la de "nombrar, ni cesar directivos de ninguna empresa, ni influir en sus órganos de gobernanza".
De hecho, ha calificado la gestión del Gobierno de sus participadas, a través de la SEPI, siempre ha sido impecable y ateniéndose siempre a "ejercer sus derechos como cualquier otro accionista".
En relación a Telefónica ha explicado que la salida de José María Álvarez-Pallete en febrero del año pasado se produjo bajo los estrictos criterios de gobernanza. Recordó que su mandato estaba próximo a expirar y que todos los socios de la compañía, incluyendo la SEPI, acordaron dar un paso adelante para ejecutar un cambio.
Respecto a Indra ha indicado que la SEPI ha actuado diligentemente en todas las actuaciones y que la salida de Escribano se produjo por los motivos ya explicados por la presidenta del holding, Belén Gualda.
Intervención de Belén Gualda
Horas antes en la misma comisión, la presidenta de SEPI había señalado que no pudo constatar hasta marzo de este año el conflicto de intereses que podía suponer la integración entre Indra y la compañía de los hermanos Escribano EM&E.
Pero la propia Gualda ha reconocido que tuvieron al menos una oportunidad anterior a marzo de pronunciarse. De hecho, ha indicado que la primera ocasión en la que la SEPI pudo pronunciarse sobre la operación fue en diciembre, cuando Indra elevó al consejo de administración un informe elaborado por la comisión ad hoc en el que se estableció que la compra de EM&E era “coherente”.
Respecto de su participación en las reuniones del Consejo Gestor del Fasee en pandemia desveladas por EL ESPAÑOL-Invertia, De la Rocha las ha reconocido indicando que su presencia era natural en una herramienta pública que comenzaba a andar.
"Estaba todo dentro de la normalidad y de la legalidad", ha espetado y al mismo tiempo ha indicado que todos los rescates se hicieron respetando sus normas de concesión y en un contexto de ayudas europeas que se concedieron en todo el continente.