Grandes empresas españolas han paralizado proyectos vinculados a la SEPI y al Gobierno debido a la reciente oleada de casos de corrupción.
Los departamentos de compliance de estas compañías están revisando contratos y colaboraciones para evitar riesgos reputacionales.
Las investigaciones judiciales han puesto bajo sospecha la fiabilidad del sistema de contratación pública, especialmente en empresas participadas por la SEPI.
Empresas públicas como Correos, Navantia, Tragsa e Indra, así como sus directivos, están bajo el foco por posibles vínculos con tramas de corrupción.
Las grandes empresas españolas están redoblando el control de sus vinculaciones con compañías de la órbita de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tras la oleada de escándalos de corrupción que azotan al Gobierno y que se han intensificado en las últimas dos semanas.
Fuentes de estas compañías consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que han reforzado el trabajo de sus departamentos de compliance y han puesto la lupa en contratos, vínculos y proyectos en los que son partners o proveedores de empresas públicas o participadas por el Estado.
Estas mismas fuentes indican que esta revisión y "extrema precaución" se ha puesto encima también de colaboraciones, presentes y futuras, que puedan surgir con organismos públicos o con los propios ministerios de la Administración central.
Esto supone poner en pausa determinados proyectos en carpeta a la espera del escrutinio de sus departamentos legales que garanticen que no hay ningún riesgo de que se puedan ver salpicados en el futuro.
El mayor temor es el daño reputacional que pudiesen tener estas empresas, ya no sólo en el mercado español. Muchas de ellas tienen negocios en diferentes lugares del mundo y una vinculación con casos de corrupción podría ser un golpe del que sería difícil recuperarse.
Las alarmas llevan encendidas varios meses tras las informaciones que han aparecido vinculadas al caso Koldo o Cerdán, pero han comenzado a tomar medidas a partir de las revelaciones de los negocios del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Este diario ya informó esta semana de que el pánico se había instalado en los despachos de grandes empresas y compañías del Ibex 35 a la espera de que se conozcan nuevos detalles de las investigaciones relacionadas con Zapatero.
El gran riesgo que ven es aparecer en algún nuevo sumario, que sean señaladas públicamente y que se vean relacionadas con la avalancha de casos de corrupción.
La clave puede estar en salir mencionados en las agendas, documentos, móviles o discos duros intervenidos en los registros del pasado 19 de mayo en el despacho de Zapatero.
Pero no es el único riesgo. Esta misma semana ha estallado el 'caso Leire' con nuevas ramificaciones y datos que ponen en el punto de mira contratos adjudicados por empresas dependientes societariamente de la SEPI.
El sumario del caso que se investiga en la Audiencia Nacional refleja la existencia del grupo Hirurok, conformado por el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, Leire Díez y Joseba Antxon Alonso, dueño de Servinabar.
Precisamente, a través de la empresa que estuvo participada en un 45% por Santos Cerdán, se canalizaron las ganancias generadas presuntamente por la mediación en dos contratos públicos con empresas de la SEPI por un total de 117.612 euros.
Es así como muchas grandes corporaciones han activado los departamentos de crisis de manera preventiva y se está reforzando el trabajo del área de compliance para evitar sorpresas.
Contratos públicos
En este sentido, una de las líneas de trabajo es precisamente revisar sus vinculaciones con empresas públicas y participadas por la SEPI para descartar posibles riesgos.
De momento, indican las fuentes consultadas, no hay voluntad de cancelar contratos en marcha, pero sí que se está recopilando información para -si es necesario- valorar futuras alianzas o algunas que estaban pendientes de aprobación.
Y, en especial, los relacionados con algún tipo de contrato público. Uno de los focos que podrían llevarles a estar relacionados en supuestos casos de corrupción o tráfico de influencias.
En este sentido, también están bajo la lupa eventuales alianzas para abordar contratos de la Administración como puede ser la formación de uniones temporales de empresas (UTE).
Casos de corrupción
En los últimos años, esta modalidad se ha consolidado como la mejor manera de acceder a la contratación pública, para dar participación a empresas privadas junto con compañías públicas y también a otras pequeñas más cercanas al territorio donde se hace la licitación.
No obstante, tras la avalancha de investigaciones judiciales, el sistema de contratación pública ha quedado en cuestión y ha puesto en el punto de mira la relación de la Administración Pública con las empresas, en especial a través de intermediarios.
Los casos vinculados a Koldo García; al exministro de Transportes, José Luis Ábalos; al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; Leire Díez; y el expresidente Zapatero, han puesto en duda la fiabilidad del sistema.
En este contexto, la SEPI es una de las entidades públicas que ha quedado más cuestionada. Su expresidente, Vicente Fernández, está involucrado en el caso Leire al crear, presuntamente, una trama con Antxon Alonso, el socio de Cerdán en Servinabar, para favorecer la concesión de estos contratos públicos.
Empresas públicas
Por otro lado, diferentes investigaciones han puesto en el punto de mira los rescates de la SEPI en pandemia a Plus Ultra, Air Europa y Tubos Reunidos, precisamente por la intervención de comisionistas que habrían intermediado (y cobrado) por sacar adelante las operaciones.
Es así como en el foco quedan todas las empresas de la SEPI, entre las que encontramos a Correos, Navantia o Tragsa e, incluso, algunas participadas mayoritarias como puede ser Indra.
Y no sólo las empresas, sino que también directivos -presentes o pasados- de algunas de estas compañías que incluso ya han salido mencionados en algunas investigaciones.