Las claves
nuevo
Generado con IA
El enfrentamiento político entre Gobierno y oposición aumenta la incertidumbre sobre la operación de integración entre Indra y Escribano en el sector defensa español.
La posible fusión podría generar conflictos de interés y dudas sobre el buen gobierno corporativo, al tratarse de la integración de una empresa familiar dirigida por el actual presidente de Indra.
La industria española de defensa se enfrenta a retos corporativos, jurídicos y políticos, mientras la UE observa con escepticismo la reorganización del sector en España.
General Dynamics, excluida de contratos millonarios, ha impugnado decisiones del Gobierno, lo que añade presión a una industria que gestiona importantes fondos públicos y busca autonomía estratégica en Europa.
La irrupción del PP en el debate sobre Indra, Escribano y la reestructuración de la industria de la defensa en España ha añadido un grado más de incertidumbre ante un proceso que lleva un año en el punto de mira.
Son legítimas las sospechas de los populares con algo que, desde el principio, se puso en marcha con el impulso de Moncloa sobre una empresa semipública, en la que tenía el control, pero compartido con socios privados.
Pero un exceso de politización de un proceso en el que las protagonistas deben ser las empresas y sus cuentas de resultados, puede dar al traste con cualquier propósito en un momento crítico para ambas compañías.
Hay incluso quien piensa en el sector que el día en el que la integración de Indra y Escribano sea fruto de un debate en el Congreso donde los políticos se insulten, puede ser el principio del fin de la operación.
El elefante en la habitación en este caso es Santa Bárbara, la otrora gran empresa española de armamento terrestre, comprada (o salvada de la quiebra) por la norteamericana General Dynamics hace 25 años por cinco millones de euros.
Plantear la reordenación de la "nueva defensa" en torno a tecnología y armamento, exigía poner a Indra junto a un socio que le aportara la parte más centrada en los ejércitos que en el ciberespacio.
La reconversión accionarial y el giro hacia la defensa ya lo dio Marc Murtra en el corto y complicado tiempo que estuvo al frente de la tecnológica. Su salida rumbo a Telefónica precipitó la llegada de Ángel Escribano a la presidencia, con un 14,3% del capital y muchas ideas propias.
El asalto a Santa Bárbara, como opción rápida para crecer y hacerse hueco en Europa, fracasó. La opción para Indra, avalada desde Moncloa, era (y es) la alemana Rheinmetall, enemigo número uno a nivel mundial de los americanos propietarios de Santa Bárbara.
A falta de conocer los datos de 2025, apenas un 20% de la facturación de Indra procede del área de defensa. Convertirla de la noche a la mañana en un grupo capaz de ensamblar blindados en tierra y llegar al espacio con Hispasat, se presentaba como un reto titánico.
En ese contexto es en el que surge la "necesidad" de integrar a Escribano, una empresa familiar de mecanizados reconvertida en fabricante de piezas de artillería de Coslada, que le puede dar a Indra la pata que le falta si logran entre ambas ensamblar blindados, como Santa Bárbara.
El problema es que se trata de comprar o integrar la propia empresa familiar del presidente. Un conflicto de interés que se salta todas las reglas del buen gobierno corporativo si no se hace bien. Y puede salpicar a futuro a los consejeros que lo avalen sin las suficientes garantías.
A juicio de la SEPI, una fusión daría demasiado poder (y dinero) a los hermanos Escribano. Tanto que estaría en riesgo el "interés público" de una empresa de la que se controla el 28% del capital desde el Estado (no el 100%).
La pregunta que ahora se hace el PP y que puede llegar al Hemiciclo es: ¿Todo eso era necesario? ¿Quién dirige los hilos, el Gobierno, Escribano o los socios privados de Indra? ¿Qué dice la SEPI?
Y un paso más allá ¿Hacen falta más empresas integrales de defensa y plataformas de blindados en Europa, o es mejor apostar por los consorcios que ya existen (Tess Defence) o los que se puedan formar a nivel comunitario?
La situación tiene difícil retroceso en España si tenemos en cuenta que a Indra (apoyada en Escribano) se le ha convertido en la empresa coordinadora de la mayor parte de los contratos millonarios otorgados por el Estado para ampliar al 2% del PIB el gasto en defensa.
Uno de los contratos más jugosos (3.000 millones en créditos a tipo cero) ya ha sido impugnado ante el Tribunal Supremo por parte de la filial europea de General Dynamics, a la que se ha dejado fuera del pastel, con más o menos intencionalidad.
El resultado a día de hoy es que nos encontramos con una industria de la defensa que pelea en tres frentes: el corporativo-empresarial, el jurídico y, con más enjundia ahora, el político. Y los tres con implicaciones a nivel europeo.
Es más, los gigantes de la UE, que llevan ventaja en la creación de consorcios para apoyar la autonomía estratégica en defensa y llevarse la mayor parte de los 800.000 millones que hay en juego, miran con escepticismo el caso español.
A río revuelto en España, ganancia para pescar gangas a medio plazo desde los grandes grupos de Europa. Además del coste reputacional de un país que no ha sabido ponerse de acuerdo (de nuevo) y ha generado un gran problema donde nunca lo hubo (como siempre).