Las claves
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El Gobierno vasco ha dado su respaldo este martes a la operación de rescate a Talgo que lidera el industrial José Antonio Jainaga, pero de forma separada a la investigación que le ha abierto la Audiencia Nacional (AN) por la venta de acero a Israel de forma presuntamente irregular.
La consejera de Gobernanza y portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, explicó en la rueda de prensa tras la reunión del consejo de gobierno que el ejecutivo autonómico le ha pedido explicaciones a Jainaga por esas ventas de su empresa, Sidenor, a Israel, en pleno conflicto con Gaza.
Para el ejecutivo de Imanol Pradales, que cerró la operación Talgo junto a Pedro Sánchez, hace tres meses, "son dos cosas distintas". No tienen dudas sobre la refinanciación de Talgo y apuestan por la presunción de inocencia de Jainaga, a la espera de que se explique ante la AN y la sociedad vasca.
Desde el Gobierno Vasco se pretenden evitar juicios paralelos, pero la portavoz ha advertido que van a ser muy "exigentes" a medida que se vaya conociendo la información sobre la supuesta venta de acero de Sidenor para la industria de defensa israelí cuando se había prohibido.
Desde Vitoria entienden que la operación de salvación de Talgo es un proceso que va a seguir adelante, porque es una apuesta de arraigo y de reindustrialización del País Vasco con la que están implicados de lleno.
El Gobierno español dio su aval a esa operación en la persona del propio presidente del Gobierno, secundado por su ministro de Transportes, Óscar Puente, con la entrada de la SEPI junto al consorcio de empresas y fondos vascos para la cofinanciación.
Fuentes cercanas a Sidenor y a su presiente Jainaga aseguran que la última venta de acero a Israel se hizo antes de que se produjera el embargo del Gobierno central. Es más, aseguran que había mercancía en el puerto pendiente de ser enviada que se retiró para cumplir con la orden oficial.
La propia empresa hizo un comunicado el pasado 1 de julio asegurando que paralizaba toda la actividad con su cliente en Israel a la vista de la deriva que llevaba el conflicto de Gaza y la prohibición del Gobierno de vender armas a Israel, o productos para fabricarlas, como el acero de Basauri.
Ante las dudas que han surgido sobre el proceso de reestructuración de Talgo, la portavoz del Gobierno vasco se ha mostrado segura de que Jainaga dará las explicaciones necesarias a la Audiencia y al ejecutivo autonómico.
Acuerdo en marcha
El proceso de investigación que ha abierto la Audiencia Nacional se ha colado en la recta final del acuerdo de reestructuración empresarial de Talgo. La base es la compra que Jainaga, el fondo público vasco Finkatuz y las fundaciones de BBK y Vital van a hacer del 29,7% del capital que está en manos de fondo Trilantic.
Esa operación supone una inversión mínima de 155 millones de euros (puede llegar a 172 en función de la cotización de Talgo), a la que se añaden dos procesos paralelos de 75 millones cada uno, por parte de la SEPI y otro grupo de inversores vascos.
Sólo así, las más de 20 entidades acreedoras de Talgo, que arrastra 460 millones de deuda, accederán a refinanciar la empresa. Esa inyección permitirá mantener su actividad y cumplir con una cartera de pedidos de más de 4.700 millones de euros, que puede llegar a superar los 7.000 millones si todo va bien.
Fuentes del propio Gobierno vasco ya señalaron la semana pasada que el acuerdo con los bancos para facilitar la refinanciación de la deuda va por buen camino. Ese pacto bancario es lo que desbloquearía el resto de la operación.
Al final, la entidad quedaría con una línea de financiación de 650 millones con vencimiento a seis años y capital circulante de 120 millones a tres años prorrogables. Además, se contempla una nueva línea de avales de 500 millones de euros.
