El juez Ismael Moreno descarta que las cuentas de 2015 de Abengoa estuviesen falseadas, por lo que ha archivado la causa judicial abierta contra Felipe Benjumea, expresidente ejecutivo de la compañía, y Manuel Sánchez Ortega, antiguo consejero delegado y exvicepresidente de la misma.
Así consta en una resolución judicial fechada este jueves, que avanza EL ESPAÑOL-Invertia.
En ella, el magistrado Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, sigue el criterio de la Fiscalía y decreta el sobreseimiento provisional de esta rama del caso Abengoa.
Toma esta decisión después de que un perito independiente considerase que las cuentas de la compañía reflejaban, en aquel año, poco antes de su quiebra, "la imagen fiel del patrimonio de la compañía".
Así lo había concluido también la Fiscalía, que sostiene que "no existen indicios suficientes para considerar un falseamiento de esa información relevante que presentase una imagen distorsionada (...), lo que puede producir el engaño del inversor e incitarle a tomar decisiones que no habría tomado de contar con una información fiable".
Así las cosas, el juez Moreno descarta la existencia de delito y archiva la causa judicial, que se inició en 2017 mediante una querella interpuesta por la Plataforma de Perjudicados por Abengoa. En ella se integran, entre otras, las mercantiles Eurextra SL y Patatus SLU.
También están, en la misma plataforma, decenas de inversores particulares, que habían confiado un total de casi dos millones de euros, acusaban a Benjumea y Sánchez Ortega de los supuestos delitos de falsedad en la inversión de los mercados de valores y de delito societario
Estado de las cifras
Todo ello, según expresaba la querella, por el presunto falseamiento de las cuentas de Abengoa en el año 2015, lo que habría provocado que estos denunciantes invirtieran su dinero en la compañía desconociendo el verdadero estado de sus cifras.
Durante el mandato de Benjumea (1991-2015), Abengoa protagonizó el mayor preconcurso en la historia empresarial española, lo que provocó, hace hoy una década, su salida de la compañía, fundada por su padre.
Tal y como expresa el juez Moreno en su resolución, esta investigación se ha centrado en "averiguar si las cifras que reflejaban los estados financieros de Abengoa y su situación patrimonial difundida por sus administradores con anterioridad a su colapso financiero eran o no contrarias a la realidad". Y si ello, por tanto, perjudicó a sus socios e inversores.
A petición de la Fiscalía, a principios del año 2022, un perito independiente analizó esta cuestión. Este experto concluyó que no existen evidencias de que los miembros que conformaban el Consejo de Administración de Abengoa en 2015 fuesen "conscientes de la falta de liquidez que amenazaba a la compañía".
De hecho, cuando se conoció este problema por parte de la cúpula de la empresa, se optó por una ampliación de capital por valor de 650 millones de euros.
"El hecho de que los directivos de la sociedad se contradijeran (primero, anunciando que no necesitaban fondos externos y, luego, decidiendo hacer una ampliación de capital, porque en esos momentos carecían de capacidad crediticia frente a los bancos) es el origen más posible de los problemas posteriores", recoge Moreno en su resolución.
Asimismo, como relata el juez, "no se han encontrado evidencias" de que los entonces miembros del Consejo de Administración contasen con información "sobre el importe exacto de los ajustes".
Por otro lado, tal y como concluyó este perito independiente, en los documentos contables de Abengoa relativos a las cuentas de 2015 "no se han encontrado evidencias de declaraciones donde se sobreponderara la rentabilidad de los proyectos de [energías] renovables" de la compañía.
Termosolares
Así lo concluyó el experto en alusión a las plantas termosolares de Abengoa ubicadas en España. Según la querella de la Plataforma de Afectados, se había sobrestimado, por parte de la mercantil, el valor de seis de estas instalaciones.
El juez Moreno ordenó al perito independiente analizar "si la pérdida de valor [de las mismas] en la cifra de 840 millones de euros debería haberse reflejado en las cuentas de la compañía mediante el obligado registro contable de deterioro de valor".
La conclusión del perito ha sido la siguiente: "No se han encontrado evidencias de declaraciones donde se sobreponderara la rentabilidad de los proyectos de renovables".