Aunque la resolución de la operación sobre Talgo no está en el orden del día de la cumbre entre Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales de este martes, en el entorno del PNV se da por hecho que estará sobre la mesa.
El objetivo del grupo vasco es encontrar una solución pactada entre ambos que permita desbloquear el rescate al fabricante de trenes por parte de Sidenor.
Y todo porque las negociaciones finales que buscan una mayor implicación financiera de la SEPI en el proceso están bloqueadas. Un compromiso que debía ayudar a que Talgo pudiera afrontar las penalizaciones impuestas por Renfe al fabricante.
En total, la aportación pública sería de 150 millones de euros. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales aportaría 75 millones como contrapartida por la entrada de Sidenor en el fabricante vasco. Otros 75 millones serían aportados por el Gobierno vasco.
Sin embargo, como ha contado EL ESPAÑOL-Invertia, desde la Sepi se ha dado marcha atrás a lo que hasta hace unas semanas se consideraba un acuerdo hecho.
Es por ello por lo que el partido jeltzale ha encargado al grupo en el Congreso, al PNV en Madrid, que se ocupe de negociar y de presionar al Ejecutivo de Sánchez para avanzar en el rescate a Talgo.
Sobre todo porque saben que en la Cámara Baja es donde más presión se puede ejercer sobre el Gobierno.
La intención es salvar la entrada de Sidenor, que está al borde de la renuncia por el retraso en cerrar la aportación pública.
Los negociadores llevan semanas buscando la fórmula idónea que compense el déficit de caja de Talgo. Una situación provocada por los más de 160 millones en penalizaciones que Renfe ha impuesto al fabricante por el mal funcionamiento de sus trenes.
Ese es, precisamente, el punto que mantiene congelada la operación.
Operación Jainaga
El industrial vasco José Antonio Jainaga (Sidenor) y el grupo de inversores institucionales que están dispuestos a quedarse con el 29,6% del fondo Trilantic, y mantener en España el control de la compañía, ven atónitos cómo se paralizan las cosas en Madrid.
Curiosamente, la solución Jainaga fue pactada por Sánchez y Pradales en un primer encuentro.
Fue ofrecida por la parte vasca a la vista de que Moncloa no encontraba otro inversor español que asumiera el plan industrial de una empresa con una cartera de pedidos de 4.000 millones pero que no tiene circulante ni financiación para garantizarla.
Fuentes conocedoras del proceso aseguran que es en ese contexto donde se produce el compromiso inicial del también vasco secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano (PSE), ex alcalde de Irún, de limitar o compensar de alguna manera las penalizaciones de Renfe sobre Talgo.
Previamente se había pactado el pago aplazado de los 116 millones de multa por los retrasos en las entregas de los trenes Avril, que aliviaba la situación. Sin embargo, no evitaba unas pérdidas de 108 millones en 2024 por la provisión obligatoria de ese coste.
Para sortear la situación, primero se pidió a Renfe que retirase esos recargos adicionales (descontados de la factura por contrato), pero el riesgo de cometer alguna irregularidad o buscar una excusa que pudiera traer problemas no animó a la cúpula de la compañía a hacerlo.
La demora se acumulaba y el coste financiero para Talgo, sin acuerdo con los bancos acreedores para sostener sus 400 millones de deuda, también.
La decisión de la SEPI
Cabían soluciones alternativas, como afrontar ese coste para Talgo con una actualización de los precios de los contratos a largo plazo, pactados incluso antes de la pandemia, tal y como habían logrado sus competidores ferroviarios. Pero tampoco cuajó.
La solución rebuscada hace apenas dos meses pasaba por un crédito participativo de la SEPI de 150 millones, que permitía compensar ese hueco en las cuentas, negociar la financiación con los bancos y seguir adelante con menos riesgo en la caja.
Ante las primeras dificultades para aprobar ese crédito, el Gobierno Vasco ha asumido la mitad para que la SEPI pueda hacerse con la otra mitad y facilitar la situación, pero el pacto se hace de rogar.
Las espadas siguen en alto y desde Vitoria se ha cedido todo el protagonismo de la negociación en la recta final del proceso (o la ruptura) al Grupo Vasco en Madrid, dado que fue quien pactó el apoyo de Moncloa a la operación.
No han faltado presiones de la competencia -CAF y Alstom-, que ven en Talgo un cuello de botella que puede ahogar su producción, con la consiguiente derivación hacia su negocio de lo que quede de la compañía.
A nadie se le escapa que un crédito participativo de la SEPI mal fundamentado, con un Gobierno en debilidad como el actual, puede ser revocado como ayuda de Estado en Bruselas y meter en un lío a la Administración.
Por el camino se han quedado opciones como las de los húngaros de Magyar Vagon, los checos de Skoda, los polacos de Pesa o los indios de Júpiter, todos ellos vetados por el Gobierno, para preservar la tecnología supuestamente estratégica para toda Europa por su cambio de ancho de vía.
Fuentes consultadas en suelo vasco aseguran que igual que Sánchez y Pradales dieron paso a esta operación, deberían cerrarla en su cumbre bilateral del martes, más allá de repasar el traspaso de competencias pendientes desde Madrid al Gobierno vasco.