El plan para reordenar el capital de Talgo ha quedado en el aire por el enfrentamiento entre el PNV y el Gobierno.
Los vascos achacan al Ejecutivo la falta de apoyo a la hora de buscar una fórmula que compense las penalizaciones que Renfe ha impuesto al fabricantes de trenes.
Los nacionalistas vascos acusan al Ejecutivo de haber "engañado a todo el mundo" durante seis meses y de faltar a su compromiso de buscar una solución que alivie la delicada situación financiera de la empresa, toda vez que hay un acuerdo de inversión para su viabilidad futura.
Tras el aplazamiento en el pago de la multa de 116 millones por los retrasos en la entrega de los trenes, queda por resolver el problema de las compensaciones por su mal funcionamiento inicial, que pueden alcanzar una cantidad cercana a la sanción.
Fuentes conocedoras del proceso aseguran que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano (del PSE y ex alcalde de Irún) se comprometió a primeros de año a buscar una fórmula para equilibrar ese pago, que todavía no ha llegado.
En el mes de febrero se anunció el acuerdo para comprar el 29% de la empresa en manos del fondo Trilantic por un consorcio liderado por el industrial José Antonio Jainaga (Sidenor), el Gobierno Vasco, BBK y Caja Vital.
Lejos de esa solución y de las propuestas compensatorias que se han puesto sobre la mesa desde la parte vasca, el Gobierno central ha planteado ahora nuevas exigencias sobre "la fórmula de acceso a Talgo" que han colmado la paciencia de los nacionalistas.
Tanto es así que desde las propias filas del PNV se ha tirado la toalla. Incluso aunque eso suponga que se vaya toda la operación abajo. Y eso que ya existe un acuerdo de refinanciación del préstamo.
Desde la empresa se había alertado de las grandes dificultades que la banca acreedora ha puesto a un negocio que necesita mucho dinero a corto plazo para cumplir contratos firmados a largo, sobre todo si no tiene saneada la situación financiera y existen sanciones millonarias por retrasar las entregas.
Talgo acumula una deuda del orden de los 400 millones de euros (casi cuatro veces su beneficio) y la falta de compensación de las penalizaciones que sufre por parte de Renfe ahogan su funcionamiento cada día que pasa, reconocen desde el entorno de la empresa.
Trato discriminatorio
La provisión de la multa de Renfe generó una pérdida de 108 millones de euros en 2024 y se acumula un resultado malo hasta el momento por los problemas de caja que acumula la empresa, si no se busca una compensación a las penalizaciones.
El propio presidente de la compañía, Carlos Palacio Oriol, reclamó por carta al presidente de Renfe una solución a finales de abril, para facilitar una salida a Talgo, que necesita financiación y aumentar su capacidad industrial para cubrir una cartera de pedidos de más de 4.000 millones.
El presidente de Talgo ponía ya sobre la mesa la opción de actualizar los precios de sus contratos con el Estado a causa de la incidencia que tuvo el parón económico del Covid o la subida de costes, tal y como se les había permitido a competidores suyos como CAF, Alstom o Siemens.
Ese trato discriminatorio y la falta de soluciones por parte del Gobierno han extendido sobre los responsables vascos del fabricante ferroviario la idea de que desde Madrid no se quiere apoyar una solución final para Talgo.
Fuentes conocedoras de la operación descartan que el problema con el Ejecutivo esté en el control posterior de la empresa, que quedaría en manos del Gobierno Vasco. Tampoco parece que haya dudas sobre el cambio de sede social de la compañía a Álava, que incluso desde Madrid se da por hecha.
Antes de llegar a este preacuerdo, desde Trilantic se habían buscado socios industriales para entrar en Talgo, como los húngaros de Magyar Vagon, los polacos de Pesa o los indios de Júpiter.
Todos ellos descartados por el Gobierno central y su empeño de dejar en manos españolas el control de una compañía con tecnología de vanguardia en movilidad ferroviaria europea y considerada estratégica para el Estado.
El compromiso del Ejecutivo para dejar de lado a esos socios, que cuentan con capacidad para solventar el cuello de botella en la producción de trenes que sufre Talgo, pasaba por buscar un socio industrial español, que tampoco llegó.
La solución de Jainaga se orquestó desde el País Vasco, a la espera de que se celebre la junta general de accionistas este 1 de agosto y se dé por cerrado el apoyo financiero comprometido por el Estado.
Mientras esa solución no llega y en plena guerra entre Moncloa y PNV -socios de Gobierno en Madrid-, los gigantes del sector de la competencia velan armas por si es necesario 'salvar' a la empresa por partes.