El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de una Ley de Industria cuyo objetivo es que este sector sea líder en sostenibilidad, innovación y competitividad. Para ello, y ante la sangría que se está produciendo en los últimos meses, "no se podrá realizar despidos masivos sin antes comunicarlo", ha dicho Reyes Maroto, la responsable de la cartera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El objetivo será blindar el empleo en un sector que lleva años avisando de la difícil situación que viven, con un agravio comparativo en el precio energético respecto a sus competidores alemanes y franceses. Es un capítulo especial en la ordenación de los procesos de reindustrialización, en el que se establece la obligación de la empresa, en determinadas circunstancias, de anticipar un cierre o la reducción de actividad que involucre una importante reducción de empleo.
Para ello, fija que se deben explorarse fórmulas para la prevención, corrección o mitigación de los efectos asociados y se dota a los diferentes actores implicados de un plazo para buscar una solución a través de una Mesa de Reindustrialización donde intervendrá la Administración General del Estado.
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Se creará "una mesa de reindustriación cuando una empresa quiera despedir a un número importante de trabajadores", ha confirmado Maroto.
"Queremos que la industria siga contribuyendo a la recuperación económica y a modernizar el modelo productivo con más cohesión territorial".
5 años de actividad
La Ley también busca mantener la actividad a medio plazo. Por eso, cualquier industria que reciba ayudas públicas en forma de subvenciones o préstamos deberá mantener su actividad productiva durante los siguientes años. En el caso de las grandes serán cinco y tres para las pymes.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esta semana se ha adelantado al ser festivo este martes por el Día de la Constitución, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha anunciado el anteproyecto, que forma parte de esa "hoja de ruta para afianzar la solidez de la economía española".
A finales de abril, el Ejecutivo abrió el proceso de consulta pública sobre una nueva Ley de Industria para recabar la opinión de las personas y organizaciones más representativas del sector, de cara a perfilar un texto que potenciase la autonomía industrial de España y contribuyese a un crecimiento más sostenible y digital.
Protección a la electrointensiva
Igualmente, incorpora medidas para la protección e impulso de la competitividad industrial y reconoce, por primera vez, la especial protección a la industria electrointensiva en energía e incorpora medidas de acompañamiento para favorecer su descarbonización.
Según indicó el Ministerio, se consideran dentro del ámbito de aplicación de la ley las industrias manufactureras y actividades industriales dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, el aprovechamiento de subproductos y el tratamiento de residuos.
También los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica, así como actividades de digitalización, utilización y manejo de la información, su interoperabilidad y protección, que estén relacionados con la actividad industrial.
La nueva ley también busca reforzar la estructura de gobernanza con la creación del Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a la industria para favorecer su crecimiento, resiliencia y competitividad.
Además, se elaborará la Estrategia Española para el Impulso Industrial 2030 que será el documento que contendrá las líneas generales y las directrices básicas de la política industrial española y el Plan Estatal de Impulso Industrial.
Por otra parte, la ley regula por primera vez los proyectos industriales de interés general como aquellos que cumplan al menos dos de las tres condiciones siguientes: significativo volumen de inversión y empleo indefinido, proyectos dentro de ecosistemas industriales definidos o que pertenezcan a sectores considerados estratégicos por el Consejo de Seguridad Nacional, o alineados con los objetivos industriales de la UE e integrados en los mecanismos de financiación europea.
También se presta una especial atención a los programas de internacionalización que tengan como finalidad la introducción o la consolidación de las empresas industriales españolas en un ámbito internacional.
Asimismo, se podrán establecer bancos de pruebas regulatorios y de apoyo en los que se desarrollen proyectos piloto con el fin de facilitar la investigación e innovación. La ley introduce la figura de la refinanciación de préstamos para facilitar la devolución de los préstamos concedidos a las empresas en programas nacionales de ayudas públicas.
Industrias estratégicas
Por otra parte, se define a las industrias estratégicas, ligando el catálogo de recursos y capacidades recogidas en la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi) con la declaración de proyectos de interés general.
También se recoge un apartado de seguridad industrial que tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o del funcionamiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso, almacenamiento o desecho de los productos industriales.
De esta manera, las instalaciones, equipos y productos industriales, así como su utilización y funcionamiento deberán ajustarse a los requisitos reglamentarios de seguridad. En caso de riesgo grave e inminente, la administración competente podrá acordar la paralización temporal, total o parcial, de la actividad o instalación causante del riesgo, requiriendo a los responsables para que corrijan las deficiencias o ajusten su funcionamiento a las normas reguladoras.
Además, se regula un Registro Integrado Industrial, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para integrar la información sobre la actividad industrial, y elaborar estadísticas a nivel nacional.
Multas de 60.000 a 100 millones
Por otra parte, la ley detalla un régimen de sanciones e infracciones, que van desde muy graves a graves o leves. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves, a contar desde su total consumación.
Las infracciones serán sancionadas desde leves, con multas de hasta 60.000 euros; a graves, con multas de hasta 6 millones de euros, y muy graves, con multas de hasta 100 millones de euros.