España debe relajar las restricciones de acceso a los servicios profesionales de arquitectos, ingenieros, abogados, agentes inmobiliarios y guías turísticos, según figura en las recomendaciones publicadas este viernes por la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario se queja de que los sucesivos Gobiernos españoles apenas han hecho progresos durante los últimos años en la supresión de la regulación desproporcionada que asfixia el crecimiento económico en este sector.
En la actualidad, hay casi 6.000 profesiones reguladas en toda la Unión Europea, aunque la cifra varía mucho de un Estado miembro a otro. Alrededor del 22% de los trabajadores europeos -es decir, unos 47 millones de ciudadanos- están directamente afectados por regulaciones profesionales que lo que hacen básicamente es restringir el acceso, según los datos de Bruselas.
El Ejecutivo comunitario sostiene que la excesiva regulación socava el rendimiento económico en estos sectores. En contraste, la apertura de los mercados a la competencia impulsaría la productividad, la innovación y el emprendimiento. Además, bajarían los precios y aumentaría el consumo final. Sólo con eliminar las barreras en cuatro profesiones (abogados, contables, arquitectos e ingenieros), el PIB de la UE aumentaría en 14.000 millones de euros y se crearían más de 50.000 puestos de trabajo, según Bruselas.
En España, existen un total de 186 profesiones reguladas, de las cuales el 40,9% son servicios sanitarios y sociales, el 19,9% son servicios empresariales y el 5,9% corresponden al sector de la construcción. Las restricciones regulatorias en nuestro país son más altas que la media de la UE para las profesiones de ingeniero civil, arquitecto y guía turístico. Para los abogados y los agentes de patentes son inferiores. Las profesiones de asesor fiscal y agente inmobiliario no están reguladas a escala nacional.
Por lo que se refiere a los arquitectos, el Ejecutivo comunitario reclama en particular a las autoridades españolas que relajen los requisitos accionariales de sus empresas. En la actualidad, al menos el 50% del accionariado de las compañías de servicios de arquitectura debe estar en mano de arquitectos o ingenieros cualificados, mientras que el resto de las acciones puede estar en manos de otros profesionales o no profesionales.
En cuanto a los ingenieros, Bruselas pide al Gobierno que reevalúe la exigencia de obtener autorización de su Colegio Oficial para realizar determinados proyectos o trabajos. En el caso de los procuradores legales, España debe liberalizar las actividades que tienen reservadas de forma exclusiva para que puedan ejercerlas también los abogados, por ejemplo la representación técnica o la comunicación de documentos a los tribunales. Se debe facilitar que los abogados presten servicios de asesoría jurídica en internet.
El Ejecutivo comunitario censura que algunas comunidades autónomas como Cataluña regulan la profesión de asesor inmobiliario, reservándole determinadas actividades y protegiendo el título. "España debe revisar las normas regionales vigentes, ya que pueden conducir a la confusión por lo que se refiere al acceso y al ejercicio a esta profesión y pueden crear obstáculos a la movilidad", dice la recomendación.
Guías turísticos
En el caso de los guías turísticos, Bruselas lamenta también las diferentes regulaciones contradictorias que existen en las comunidades autónomas. Por ejemplo, la duración de la formación oscila entre un mínimo de 690 horas en Aragón y un máximo de 2.000 horas. Los guías deben registrarse en cada región y algunas comunidades les aplican restricciones territoriales.
"España debe revisar el acceso a la actividad de guía turístico, que actualmente difiere entre comunidades autónomas, lo que limita el acceso y el ejercicio de la profesión para proveedores establecidos y temporales", reza la recomendación. La Comisión reclama además que las autorizaciones tengan validez nacional y no sólo autonómica.
Los servicios a las empresas, muchos de los cuales son servicios profesionales regulados, representan alrededor del 13% del valor añadido de la UE y alrededor del 14% del empleo. Bruselas insiste en que un sector de servicios profesionales que funcione correctamente "puede ser una fuente importante de crecimiento económico y bienestar". El buen funcionamiento de este sector "será importante para lograr una sólida recuperación económica tras la crisis de la Covid-19".
"Nuestras recomendaciones dan un nuevo impulso a los Estados miembros para mejorar la competitividad y la resiliencia de nuestro mercado único de servicios y contribuyen a la recuperación posterior a la Covid-19. Los escasos avances en materia de reformas en los últimos cuatro años ponen de manifiesto la necesidad de acelerar el ritmo", ha dicho el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.