El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto en materia de transporte y movilidad por importe de 663 millones de euros, así como una ampliación de la capacidad de endeudamiento de Renfe hasta los 1.000 millones de euros para compensar la caída de demanda. 

Así lo ha anunciado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que el real decreto se articula en torno a tres ejes dirigidos a proteger la salud de los trabajadores y los viajeros, garantizando la disponibilidad de bienes y servicios esenciales, proporcionar liquidez a las empresas del sector y reducir las cargas administrativas simplificando trámites y procedimientos.

A esto se suma la ampliación de la capacidad de endeudamiento máxima de Renfe hasta los 1.000 millones de euros para compensar la caída de ingresos y el mantenimiento de una parte sustancial de los servicios, tanto de obligaciones de servicio público como comerciales, lo que permitirá a la compañía retomar la ampliación de servicios en función de la demanda. "Con esta línea de ayuda vamos a poder hacerlo más extensivo", ha apostillado.

Además, ha indicado que se aprueba un crédito extraordinario para Seittsa de 110 millones de euros para no interrumpir determinadas obras.

Esta sociedad estatal, como medio propio de la Administración, gestiona una serie de obras ferroviarias y de carreteras, y ante la prórroga de los Presupuestos de 2018 era "más que necesario" la culminación de las mismas, ha apuntado el ministro. Este crédito es distinto de la gestión de las autopistas radiales.

Transporte por carretera

En cuanto al transporte por carretera, se regulan los aplazamientos de los pagos del principal de las cuotas de contratos de préstamos, leasing y renting para la adquisición de autobuses y camiones para autónomos y empresas de transporte discrecional de viajeros, un sector "muy castigado" con la crisis.

La medida se destina a ese sector de servicios discrecional de viajeros y al transporte de mercancías cuando hayan experimentado una reducción de ingresos o facturación inferior al 40% e implica un coste de 250 millones de euros para el primer caso y de 330 millones para el segundo.

En cuanto al sector de servicios públicos, el decreto plantea un procedimiento de reequilibrio con una línea de 14 millones para compensar la reducción de ingresos y el coste añadido de carácter sanitario, como desinfección de vehículos y la adaptación de los mismos. También se plantea en el ámbito concesional a la obra pública y autopistas, si bien todo sometido a lo relacionado con las pérdidas.ç

Prórrogas ITV

Por último, en el ámbito administrativo se validan los visados caducados por un año más hasta la plena normalización en 2023 para evitar el colapso en la gestión administrativa. También se abre la posibilidad de que en los visados con problemas en tramitación se vuelva al principio para ser tramitados "convenientemente", y se recoge el alargamiento de la vida de ambulancias que tienen un periodo válido para ejercer.

Lo mismo se contempla para las inspecciones técnicas de vehículos, con una prórroga de tres meses en la ITV cuyo vencimiento se haya producido entre el 21 de junio y el 31 de agosto.

El titular de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana destacó que estas prórrogas en el vencimiento de las ITV que caduquen hasta el 21 agosto darán prioridad a los transportistas profesionales a la hora de acudir a esta a inspección.

Aerolíneas 

Por otro lado, Ábalos ha explicado que el cónclave ministerial también ha hecho obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones elaboradas por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y el Centro Europeo para la prevención y control de enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) en materia de transporte aéreo.

Estas medidas, según ha señalado Ábalos, estarán recogidas en el real decreto aprobado este martes y supondrán "un paso más allá que los socios europeos" que aún lo mantienen como recomendación.

Así mismo, Ábalos ha señalado que el Gobierno no hará nada "que no sea a requerimiento de las compañías aéreas" en materia de ayudas ante las necesidades financieras y económicas que presentan derivadas de la crisis del coronavirus.

Ábalos, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, ha destacado que no se va a "imponer nada", en materia de ayudas económicas, y que "hasta ahora todo funciona a petición y solicitud" de las compañías.

Así, ha señalado que estas compañías se beneficiarán del fondo de 10.000 millones para ayudar a las empresas viables con problemas de solvencia derivados de la crisis del Covid-19. En este sentido, ha destacado que están "en ello" y que tendrán que administrar el fondo "con el criterio de las compañías".

Ábalos ha recordado que las compañías aéreas "ya dispusieron de unos 1.800 millones de euros aproximadamente del primer paquete de medidas" para ayudar a la liquidez a través de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por lo que ha recalcado que "no es cierto que no han sido atendidas".

Asimismo, ha señalado que mantienen una relación "fluida" con las compañías y que se ha diseñado este fondo, así como su dotación, atendiendo a las necesidades financieras comunicadas por estas compañías, enmarcadas en un sector que ha sufrido "como ninguno" la crisis derivada del coronavirus.