El cierre de filas de los empresarios para defender medidas como la ampliación de los ERTE, el refuerzo de las líneas ICO y el no sacar del diálogo social cambios que afecten a cuestiones como la reforma laboral, ha tenido impacto en el Gobierno y en el principal partido de la oposición.

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El PP, que tradicionalmente ha compartido el ideario de la patronal, está siguiendo especialmente de cerca el transcurso de estas jornadas en las que hay algunas medidas que coinciden con su programa. Es el caso del impulso a la competitividad, la permanencia de reformas estructurales (como la del mercado laboral de 2012) y evitar las subidas de impuestos.

"La cumbre es una oportunidad para escuchar una parte esencial de nuestra economía. Son voces representativas de nuestro sistema económico, voces autorizadas que han construido país a lo largo de muchas décadas y que, desde la responsabilidad, quieren contribuir a su reconstrucción", explica a Invertia el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso de los Diputados, Mario Garcés.

El también coordinador de asuntos económicos del GPP considera que es una prueba de que la "sociedad civil quiere coadyuvar activamente en la recuperación" en un momento en el que "cierta izquierda radical estigmatiza el progreso económico, alejándose de los principios que rigen una economía moderna de mercado".

Y en ese contexto, Garcés cree que es acertado plantear propuestas como los incentivos fiscales, la vuelta de la agenda reformista o el mantenimiento de la reforma laboral de 2012.

Unidad y consenso

Como recordó Antonio Garamendi en el arranque de esta cumbre, los empresarios no quieren identificarse con un color político. Quieren negociar como les corresponde en el diálogo social y ayudar a tender puentes en el mundo de la política.

Tanto es así que las palabras "consenso", "concordia" y "unidad" han salido a relucir en los discursos de prácticamente todos los ejecutivos que han participado en los dos primeros días de un evento que tiene como objetivo aunar esfuerzos para la recuperación de la economía española.

La gran cumbre de la CEOE se coló este martes en el Consejo de Ministros, pero el Gobierno evitó hacer una valoración tan detallada de las medidas de los empresarios como la reflexión que hace el PP.

Tanto la ministra portavoz, María Jesús Montero, como su compañera de Industria, Reyes Maroto, salieron a defender la actuación del Gobierno ante las peticiones de más ayudas que han lanzado los empresarios para reforzar la llamada 'red de seguridad'. Esas medidas que están permitiendo sostener el empleo y no cerrar muchas empresas en un momento crítico para la economía.

El foro de la CEOE tendrá una duración de 10 días y tiene como objetivo consensuar una batería de reformas para que la patronal las apruebe en Asamblea. Con ese punto de partida, la CEOE pasará a defenderlas después ante los representantes de los distintos partidos políticos y ante el Gobierno en el marco del diálogo social.

Sin embargo, hay cuestiones tan acuciantes para la empresa, como el caso de la prolongación de los ERTE, que el objetivo de la CEOE con el evento era marcar agenda desde el primer minuto de retransmisión. Y parece que lo está consiguiendo.

Antonio Garamendi con representantes del sector asegurador.

Pese a que no todos los empresarios comparten un recetario exacto (un ejemplo claro se vio en la mesa del sector de la energía, donde se aportaron calendarios distintos para la transición ecológica), lo cierto es que en lo básico los representantes del mundo de la empresa sí parecen estar de acuerdo.

España necesita certidumbre para las inversiones, seguridad jurídica, no hacer experimentos con una reforma laboral que ha demostrado ser eficaz para la creación de empleo y reforzar las ayudas a los sectores más afectados por la pandemia, según todos los ponentes.

En este último punto, el Gobierno está tomando nota de las reclamaciones de los empresarios, si bien la situación de las finanzas españolas complica pensar en medidas de más calado.

"Las expectativas del sector industrial y empresarial son ambiciosas. Intentamos dar respuesta en la medida de lo posible", reconoció este martes Montero en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. La ministra defendió el tamaño del paquete de respuesta del Gobierno a esta crisis al afirmar que es "homologable a la de otros países de la Unión Europea".

La ministra portavoz, María Jesús Montero, entre Isabel Celaá y Reyes Maroto, en Moncloa. Efe

En la jornada de este martes, el presidente de Iberia, Luis Gallego, recordó al Gobierno que otros países han dado ayudas públicas a las aerolíneas y que el sector afronta la peor crisis de su historia. Mientras, el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, urgió a activar más ayudas para evitar el cierre.

Maroto les respondió desde el atril de la sala de prensa del Consejo de Ministros al afirmar que el Gobierno ha estado en permanente diálogo con el sector desde el primer momento de la crisis y enumeró algunas de las ayudas que ha aprobado para esas empresas.

No obstante, ante el clamor empresarial por salvar a este sector clave para la economía española el Ejecutivo ha dado pasos esta semana, aunque en público no se quieren vincular a la cumbre empresarial.

ICO y ERTEs

Por ejemplo, tras semanas sin novedades sobre la activación de nuevas líneas de avales, el Ejecutivo anunció ayer que habilitaba el último tramo de las líneas ICO. Las empresas podrán recibir financiación con hasta 100.000 millones de euros de avales públicos si lo necesitan, una cifra que duplica lo que estimaba el Ejecutivo al arranque de esta crisis.

Esta decisión se tomó cuando, según los datos del Ministerio de Economía, se han avalado préstamos por 52.761 millones de euros. Y por primera vez (al margen de la línea de Thomas Cook), se incluyó una mención específica para el Turismo al que se reservan 2.500 millones de euros de estos avales.

Precisamente el lunes, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín había pedido al Gobierno más ayuda para las empresas del sector turístico. Un mensaje que reiteró este martes el presidente de Mapfre, Antonio Huertas.

También en el caso de los ERTE, que están a la espera de ser prorrogados más allá del 30 de junio, el Gobierno parece dispuesto a escuchar a los empresarios sin que esto garantice un triunfo de la patronal en la decisión final.

La comisión tripartita del diálogo social que está haciendo el seguimiento de la negociación de los ERTE no logró un acuerdo el lunes después de que la CEOE pidiera suprimir la restricción de estos procedimientos por fuerza mayor a las empresas a las que el covid-19 "impida o limite la actividad" al considerar que hay empresas que pueden abrir pero no tienen negocio y por tanto, podrían estar abocadas al cierre.

El último acuerdo para extender los ERTE hasta junio fue complicado de defender por Garamendi en el seno de la CEOE por no cumplir los requisitos que muchos sectores de la patronal consideraban esenciales. Parece que ahora, el Gobierno quiere lograr un acuerdo con el que los empresarios estén más cómodos.

Se trata de avances tímidos para los empresarios, pero muestran que su impacto en la opinión pública es tenido en cuenta desde el mundo de la política y el Gobierno. De hecho, Montero insistió en señalar en que el Ejecutivo trabajará todas las medidas en el marco del diálogo social.

Puentes con Unidas Podemos

El tono de la cumbre ha hecho que hasta un partido antagónico a sus ideas y que forma parte del Ejecutivo, como es Unidas Podemos, abra la puerta a tender puentes con los empresarios para colaborar.

El portavoz en el Congreso de esta formación, Pablo Echenique, reconoció este martes que ve posible "compartir hoja de ruta" en algunos puntos con el Ibex 35 que está presente en esta cumbre, según informó Europa Press.

El dirigente de Podemos recordó sus diferencias con la CEOE en asuntos como la "precariedad" que en su opinión ha traído la reforma laboral y el impuesto de sociedades. Pero insistió en que los empresarios "deben formar parte de la construcción" y aseguró que su opinión es "valiosa".