De todos los asuntos que se tratarán estos días en la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid, los relativos a la movilidad sostenible son sin duda unos de los que suscitan mayores focos de interés social y económico y que más retos representan ante la nueva década que inauguramos en apenas unos días.

La tendencia irreversible al aumento de población urbana amplifica el debate ciudadano entre la libertad de circulación y el derecho de todos a la salud y respirar un aire limpio, que se habrá de resolver ponderando estos derechos fundamentales declarados en nuestra Constitución, dejando en manos de las Administraciones la responsabilidad de poner los medios para que se cumplan de una manera proporcionada.

A nivel europeo, la Directiva 2008/50/CE de Calidad del Aire, establece límites precisos para las emisiones de gases contaminantes dentro de las ciudades, y en España, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmosfera, imponen a los municipios de más de cien mil habitantes la elaboración de planes y programas para el cumplimiento y mejora de los objetivos de calidad del aire en el marco de la legislación sobre circulación y seguridad vial y la planificación autonómica.

En este sentido, por ejemplo, la Ordenanza Reguladora del Taxi de Madrid, consciente del peso específico de los taxis en la ciudad al ser responsables de casi un 10% del conjunto de las emisiones del área central, establece expresamente unos límites de emisiones por encima de los cuales no podrán prestar servicio los vehículos taxi, así como un calendario de implementación por fases, que impone que, a partir del próximo 1 de enero de 2020, sólo podrán prestar servicio vehículos ECO, CERO, o diésel euro 6 (excepto transitoriamente aquellos adquiridos antes del 14/12/2012, hasta 2022).

Según datos del propio Consistorio, la capital cuenta con 4295 taxis híbridos (27,62%), 2784 propulsados por GLP (17,89%) y 8135 (52%) con motor diésel. El Área Municipal de Barcelona también ha trabajado seriamente en la renovación de flotas, contando con 3221 vehículos híbridos (30,71%), 797 de GLP (7,60%) y 6201 (59,12%) diésel.

Estas estadísticas de las dos principales conurbaciones de España, a las que podríamos añadir Sevilla, Málaga o Valencia con porcentajes similares, reflejan que el sector del taxi, por su implicación como servicio público de interés general severamente intervenido por Comunidades Autónomas y Ayuntamientos ha hecho gran parte de los deberes en materia de sostenibilidad con un esfuerzo económico importante y escasamente apoyado, por el momento, renovación de flotas y se sitúa, incluso en muchos casos, como más limpio que otras flotas municipales como autobuses, policías, etc.

No obstante, para eliminar totalmente la polución por estos vehículos, existe un reto pendiente para la calidad del aire del taxi que consistiría en la electrificación de las flotas. Los vehículos eléctricos son todavía una minoría en el sector.

Tan solo existen 24 (0,23%) en Barcelona y 20 (0,12%) en Madrid, pero precisamente por lo limitado de la flota de taxis y su valor de referencia para el ciudadano, esta opción por la electrificación se valora cada vez más como una solución tanto para este tipo de servicio público como para todos aquellos otros vinculados con la micromovilidad, siendo su “talón de Aquiles” la escasez de puestos de recarga distribuidos por la ciudad.

En 2009, la ciudad de Madrid se adhirió al proyecto piloto MOVELE, liderado por el IDAE, de demostración de los efectos energéticos y ambientales de la movilidad eléctrica en su uso urbano (resultando en la instalación de 24 puntos de recarga en vía pública), y el proyecto Movilidad Eléctrica Madrid está aún pendiente de un decidido impulso por el municipio.

Buscar la colaboración público-privada para apoyar económicamente la renovación de flotas hacía el vehículo eléctrico será en todo caso la medida que decantará esta apuesta por las emisiones CERO.

La gestión más eficiente de las paradas de taxi también puede contribuir mucho a la reducción de la circulación en vacío y por tanto disminución del tráfico y la congestión, siendo para ello la tecnología y el Big Data en su modalidad abierta o de gestión púbica la mejor herramienta para alcanzar el objetivo.

En muchos aspectos del mundo de la automoción, los taxistas, como profesionales del volante, han sido pioneros o referentes de cambios a lo largo de la historia y podrían serlo en la gestión eléctrica de este servicio público. Pocos dudan también que el coche autónomo verá sus primeros servicios en el mundo del transporte profesional de pasajeros bajo la modalidad de coche eléctrico.

Por último, pero no menos importante para reducir la polución, minorando la circulación de los vehículos particulares, son los cambios regulatorios en relación a la puesta en marcha del taxi compartido posibilitando la contratación de los vehículos por plazas individuales (carpooling), algo en lo que ya ha avanzado la Comunidad de Madrid mediante su Decreto 35/2019, de 9 de abril, y están también trabajando la Junta de Andalucía, Galicia y otras regiones, bajo la modalidad del taxi a demanda, pero para entornos rurales.

¿Será mucho pedir que estas previsiones de regulación se extiendan, por el Ministerio de Transición Ecológica, con carácter general para toda España? ¿Será posible que las administraciones permitan ofrecer a los usuarios del servicio de interés general del taxi lo que ya permite hacer a empresas como Blablacar?

Además del efecto sobre la calidad del aire (algunos estudios en ciudades del este de EEUU los cuantifican hasta un 25%), las previsiones sobre un servicio de taxi compartido en tiempo real gestionado por plataformas tecnológicas, arrojan en ciudades como Madrid unas previsiones de un incremento de servicios de taxi entre un 8% y un 12%. Aquellos países donde se ha incorporado este servicio tecnológico, reflejan incrementos parejos y muy positivos.

En conclusión, hasta la fecha los taxistas españoles aprueban con nota el examen de la movilidad sostenible, y están preparados para contribuir al conjunto de la sociedad frente al reto de la década sobre la calidad del aire y la emergencia climática. Ahora solo falta que nuestros políticos estén a la altura.

*** Emilio Domínguez del Valle es abogado y secretario técnico de la Federación Española del Taxi (FEDETAXI)