Comienza la cuenta atrás para que el Partido Socialista y Unidas Podemos cierren el programa ‘marco’ por el que se regirá un posible Gobierno de coalición entre ambos. Toca ponerse de acuerdo sobre las políticas que desarrollarán, y está por ver cómo se encaja la ‘ortodoxia’ económica que defenderá la Vicepresidenta económica, Nadia Calviño, con la expansión del gasto que propondrá el futuro Vicepresidente ‘social’ Pablo Iglesias.

Se trata de dos figuras antagónicas que tendrán que convivir en la misma mesa de Gobierno, por lo que el propio líder morado ya ha avisado a sus bases de que “van a tener que renunciar a muchas cosas”. No es para menos, porque cuando se echa un vistazo al programa electoral de Podemos se puede comprobar el difícil encaje que tienen algunas de sus políticas con las del Partido Socialista.

En las más de 289 medidas del partido morado se recogen numerosas propuestas que afectan directamente a derechos tan básicos como el de la propiedad, y se aboga por la nacionalización o intervención del Estado en numerosos sectores de la economía del país. ¿El más comentado? El de la banca. La formación morada tiene entre ceja y ceja a la banca, por lo que tiene varias medidas para limitar su ‘poder’.

Lo más básico y conocido: frenar la privatización de Bankia y apostar por la creación de una banca pública que ‘ayude’ a los sectores más desfavorecidos, pero también introduciendo otros elementos que permitan la competencia dentro de la banca. Además propone la puesta en marcha de un Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica que asuma “las principales inversiones para la transformación productiva” que consideran que necesita el país.

Las energéticas

El energético es el segundo sector más ‘perseguido’ por Podemos, a quien acusan de los problemas de pobreza energética de algunos sectores de la sociedad. Apuestan por la creación de una empresa pública eléctrica “para llevar a cabo la transición ecológica, luchar contra el cambio climático y rebajar la factura de la luz”.

Promueven también la creación de nuevas empresas públicas eléctricas municipales (como la que ha creado Ada Colau en Barcelona), así como promover por parte de los Ayuntamientos y otras entidades locales nuevas instalaciones de renovables.

Esa empresa pública de energía tendrá que asumir también la explotación de las centrales hidroeléctricas. No se hará mediante la expropiación o la incautación, tan sólo asumiendo la gestión de aquellas cuyas concesiones vayan venciendo o hayan caducado ya. ¿Objetivo? “Proteger la salud de los ríos y garantizar el riego, el control de las crecidas y el suministro de agua potable sin que interfieran intereses económicos espurios”.

Infraestructuras

Los de Iglesias también proponen prohibir la “mercantilización del agua”, por lo que -entre otras cosas- proponen “revertir y paralizar” las privatizaciones del suministro, riego, saneamiento y la depuración de aguas. Algo que, según el programa, haría “inviable” que hubiera escándalos como los del caso Lezo o Acuamed. Todo un proceso que debería hacerse en una sola legislatura.

También quieren revertir todas las carreteras de peaje que hay en España, por lo que abogan por “frenar la renovación de las concesiones de autopistas a grandes corporaciones”. Un proceso, por cierto, que en este momento está en stand by dado que el actual Gobierno de Sánchez ya ha dicho que no tiene pensado renovar los contratos de aquellas autopistas que vayan venciendo.

Sobre los puertos del Estado destaca que deben orientarse hacia “el interés general de la ciudadanía y del país”. Para ello abogan por revertir todas las normas que permitieron la “liberalización” y que “conlleven una pérdida de soberanía y un expolio de las inversiones públicas”.

Transporte

Reconocer y blindar al taxi como un servicio público, así como establecer por ley que una VTC sólo pueda ser reservada con dos horas de antelación. Es una de las máximas del programa de Podemos y que sí podría tener un cierto encaje en un futuro Gobierno. Es cierto que ya existe una regulación estatal, pero no podría descartarse un nuevo cambio en la reglamentación en los próximos años.

Además el equipo de Iglesias propone “garantizar un precio mínimo por kilómetro” para proteger los derechos de los pequeños y medianos transportistas.

Telecomunicaciones

La propuesta de Podemos pasa por garantizar que cualquier ciudadano tenga una conexión a internet de 30 Mbps. Para ello quiere que Red.es sea un “agente importante para garantizar el acceso a internet y la telefonía móvil”.

Para lograr que la compañía pública pueda alcanzar una cobertura del 100%, quieren incorporar “un canon a las operadoras destinado a financiar la ampliación de la red, que permanecerá en vigor hasta alcanzar el objetivo del 100 % de cobertura”. Mientras tanto, el 10% del tráfico de las redes actuales debe destinarse al uso de los clientes de Red.es

Alquileres

Frenar la burbuja de los precios del alquiler es otro de los objetivos que tiene Podemos. Para ello proponen “intervenir” los precios para garantizar un “alquiler estable y seguro” para inquilinos y propietarios.

Se limitará también el número máximo de viviendas de uso turístico que puede haber en cada barrio “para descentralizar la actividad turística”, y pretenden también terminar con el régimen de Socimi “por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda”.

Agricultura

Podemos quiere introducir por ley un precio mínimo que cubra los costes de producción de los agricultores. Una cifra que se haría de “manera objetiva” por un organismo de control como la Agencia de Información y Control de Alimentos (AICA).

También quieren negociar con Bruselas que la Política Agrícola Común destine, al menos, el 10% de los fondos a establecer medidas eficaces que “corrijan los desequilibrios del mercado”.

Cierres industriales

Uno de los objetivos de la formación morada es que el peso de la industria sobre el PIB llegue al 20%, tal como exige la Unión Europea. Parte de su estrategia pasa por “activar” los recursos del Estado para “garantizar la continuidad y permanencia de las empresas que sean una fuente crítica o fundamental de empleo”.

Además, quienes reciban ayudas o subvenciones públicas firmarán un contrato de diez años de permanencia en la región. Si alguna quiere cerrar o trasladarse tendrá que recibir el beneplácito de la Administración para “apoyar técnica y financieramente” a sus trabajadores “en la adquisición de la compañía si así lo deciden”.

Si esa transición no pudiera llevarse a cabo, el Estado debe ser capaz de “asumir” las instalaciones para “evitar la eliminación abrupta” del empleo y con el objetivo de que sean los trabajadores quienes acaben haciéndose con la empresa. Si el caso fuera muy grave y la compañía fuera irrecuperable, será el Gobierno quien garantice que se “recuperan dos puestos de trabajo por cada puesto desaparecido en la misma comarca”.

Casas de apuestas

Iglesias podría proponer al Partido Socialista acabar con algo que se ha convertido en un problema social: las casas de apuestas. Su objetivo es que el 90% de los locales cierren en un máximo de dos años. ¿Cómo? Impidiendo que abran antes de las diez de la noche, prohibiendo su publicidad u obligándoles a colocar un cartel que advierta sobre el riesgo de la ludopatía.

Toda una declaración de intenciones contra el derecho a la propiedad que preocupa a las empresas. La CEOE, a través de su presidente Antonio Garamendi, ha hecho llamamientos en los últimos días a que no haya tentaciones de limitar uno de los derechos fundamentales que se garantizan en la Constitución.

Ahora será el turno del propio Iglesias moderar el mensaje, pero también del PSOE poner freno a su futuro vicepresidente si se excede.