Pocas veces se ha visto una propuesta política tan efímera como la prohibición de vender coches contaminantes a partir de 2040 que lanzó el PSOE en su Propuesta abierta para un programa común progresista. Un guiño a los sectores más ecologistas de Podemos que no llegó a las ocho horas puesta en negro sobre blanco.

Si Pedro Sánchez explicaba su programa a las doce de la mañana de este martes, a las ocho de la tarde el propio PSOE emitía una rectificación del punto 256 en el que la palabra prohibir desaparecía. Desde ese momento la intención de los socialistas era “adoptar las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos [...] reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones 0gCO2/km”.

¿Por qué el cambio? La versión oficial, proporcionada por vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, habla de un error fruto de los distintos documentos que tuvieron que preparar antes de hacer pública la versión definitiva. Vamos, que alguien se coló al copiar y pegar de un papel a otro y salió una idea que estaba desfasada. 

Rompe los acuerdos

Sin embargo, la realidad es que por detrás hubo algo más: llamadas del sector del automóvil en pleno para protestar por una medida unilateral que rompía con los acuerdos alcanzados con el Gobierno en el marco del Consejo Estratégico de la Automoción. Unos consensos que no hablan de prohibición, sino de limitar las emisiones que los coches podrán efectuar en los próximos años, en línea con lo que dice la Unión Europea.

Las propias fuentes del sector explican que esos límites podrían ser más exigentes, incluso, de los que fija la propia Unión Europea. Todo dependerá del acuerdo final que se logre con el Gobierno, pero no con el que hay en funciones, con el nuevo que se forme (si se forma) o el que salga de unas próximas elecciones. Así que habrá que esperar.

En esas llamadas al Gobierno y al propio Partido Socialista, los representantes del sector pusieron encima de la mesa tres ideas: la primera, que ya había un acuerdo en ese tema; la segunda, que la incertidumbre que existe en torno al futuro del automóvil ha provocado que las matriculaciones lleven 4 meses consecutivos de caídas (11 si eliminamos la subida de abril) y, la tercera, que la propia Comisaria de Industria, Elzbieta Bienkowska, ya ha dicho que un Estado no puede prohibir la venta de ningún tipo de coche.

Si a esos argumentos le sumamos el hecho de que el automóvil en España factura 66.500 millones, invierte 3.000 millones, proporciona una recaudación fiscal de 30.000 millones de euros, da empleo a más de 600.000 personas en España y que muchas de las empresas no tendrían problema en mover su producción hacia países más baratos, tenemos el cóctel perfecto para que un Ejecutivo y un partido que quiere formar Gobierno se piensen muy mucho no atender sus peticiones.