Iberdrola no cree que la propuesta de la CNMC que ha levantado ampollas en el sector energético sea tan grave, aunque tampoco la considera perfecta. "Las cifras que se han publicado no son diferentes a lo que ya se comentó hace meses, no sé por qué hay sorprendidos", explicaba este miércoles el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, en una conferencia con analistas tras la presentación de resultados.
Una postura con la que la vasca marca distancias con las gasistas, que estos días han sido muy duras en sus críticas contra el borrador de retribuciones a las energéticas propuesto por el regulador que preside José María Marín Quemada, y que afecta de forma muy directa al gas. Así, la propuesta de la CNMC presentada el pasado 5 de julio, pasa por recortar un 17,8% de la retribución que reciben las empresas por la distribución de gas y un 7% de la retribución por distribuir electricidad.
Para Iberdrola, la nueva regulación supone un avance hacia un marco "más predecible y estable". Por lo tanto, ofrece "aspectos positivos", como que fija las normas a 6 años y supone la armonización de la retribución aplicable a la electricidad y el gas. Esto, sumado al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) enviado a Bruselas por el Ejecutivo de Sánchez, supone para el presidente de la eléctrica vasca que "estamos haciendo las cosas de una manera racional. Tenemos un plan muy ambicioso de electrificación en el país".
Son necesarios "algunos ajustes"
No obstante, no es oro todo lo que reluce. Para el presidente de Iberdrola, cumplir con este plan y con los objetivos marcados requiere de incentivos. "Soy positivo, porque tenemos más predictibilidad y estamos empleando estándares internacionales, pero tienen que proporcionar algún tipo de incentivo para intentar acelerar las inversiones en la electrificación de la economía. Para que se pueda transformar", resaltaba Sánchez Galán.
Ya el mes pasado, la CEO de la eléctrica, Ángeles Santamaría, defendía durante el Congreso de Aelec que las inversiones deben producirse "a un ritmo suficiente como para llegar a los objetivos de 2030 en un entorno en el que los países tienen retos similares y va a haber una lucha por las inversiones".
Por lo tanto, a ojos de Iberdrola, la propuesta de la CNMC "precisa de ciertos ajustes". "La tasa de rentabilidad propuesta resulta insuficiente para movilizar las inversiones en redes necesarias para los objetivos del PNIEC", asumía el presidente de la compañía, que resaltó no obstante que la nueva norma "no va a afectar para nada" los planes de la compañía.
Tanto es así que, según ha explicado la compañía en su presentación de resultados semestrales, la aceleración del ritmo inversor apunta a un incremento en el objetivo de desarrollar 13.000 nuevos MW durante el periodo 2018-2022. Esto significaría aumentar la potencia del grupo en más de un 40% respecto al inicio del Plan Estratégico.
Naturgy estudia alternativas judiciales
Un discurso que, sin embargo, es muy diferente en el lado de las compañías más afectadas por estos recortes en las retribuciones, las gasistas. Este mismo miércoles, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, arremetía contra la propuesta de la CNMC en la conferencia con analistas de la compañía. "Realiza un diagnóstico erróneo del sistema de gas español y da como resultado una retribución insuficiente", explicaba.
A juicio del presidente ejecutivo de la eléctrica, esto provoca "que las eficiencias se compartan de manera asimétrica y que se obligue a las compañías de distribución de gas a realizar inversiones que no son rentables". Además, señalaba, el periodo de transición es demasiado breve y falta visibilidad más allá de 2026.
Sobre Nedgia, su filial de distribución de gas, están sobre la mesa todas las opciones como la paralización temporal de las operaciones comerciales, "siempre cumpliendo con los compromisos adquirido"s y sin alterar las inversiones de mantenimiento y seguridad. "Está en marcha un análisis en profundidad de futuras alternativas de negocio", explicaba Reynés.
Pese a las diferencias en las posturas de las dos eléctricas, ambas están preparando sus alegaciones para remitirlas al regulador antes del 9 de agosto, fecha límite. Sin embargo, Naturgy prepara otras armas analizando con detalle todas las alternativas judiciales con las que puede contar.
Alegaciones en las que también están trabajando a destajo los sindicatos, desde CCOO hasta UGT. Para los representantes de los trabajadores, los recortes del regulador pueden poner en riesgo puestos de trabajo y hacer huir a inversores del mercado español.