Nadie quiere quedarse fuera, en un momento en el que muchas miradas se posan sobre la energía nuclear en el debate de la transición energética. Como una de las principales fuentes de generación de energía eléctrica en España (produce más del 22%), la discusión se centra en si cerrar las centrales cuando vayan cumpliendo sus 40 años de vida útil o alargarlas algunos años más. Entre los protagonistas de esta historia, destaca el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), clave en este proceso.
Formado por un presidente y cuatro vocales, nombrados por el Congreso para un periodo de seis años, el CSN es el encargado de decidir en última instancia -de la mano del Gobierno y de las diferentes compañías- cuál es el futuro de cada una de las centrales nucleares que operan en España. Una tarea que, como no podría ser de otra forma, trata de llevar a cabo conjugando los intereses de todos los actores implicados. Teniendo en cuenta que en las próximas semanas el CSN ha de nombrar otro presidente -que concluye su cargo- y renovar los nombres de tres de los cuatro vocales- dos por agotar también el periodo y el último por cumplir 70 años-, los partidos tratan de poner sobre la mesa nombres "técnicos" que puedan ser elegidos.
Así, mientras el actual presidente, Fernando Martí, y dos de los vocales, Fernando Castelló y Javier Díes, fueron elegidos a propuesta del PP; la vicepresidenta, Rosario Velasco, y el último vocal, Jorge Fabra, fueron sugeridos por el PSOE. No obstante, la Cámara baja ha cambiado en los últimos seis años, y ahora otros partidos también quieren jugar sus cartas. De este modo, y aunque los nombres se pondrán sobre la mesa en la Comisión de Transición Ecológica antes de someterse a votación en el Congreso, fuentes parlamentarias consultadas por este periódico reconocen que Unidos Podemos tiene interés en conseguir también una silla en el CSN. Conversaciones que, según estas fuentes, se están desarrollando entre los tres partidos, aunque no haya todavía fecha para la próxima comisión.
Lo cierto es que urge que estos relevos se hagan cuanto antes. De hecho, el presidente ya cumplió su mandato a finales de diciembre y tanto Velasco como Castelló lo hacen el próximo 22 de febrero; por su parte, Fabra cumple 70 años, edad límite para formar parte del CSN. Un proceso de elección de nombres del que no todos los partidos quieren participar. De ello presume Ciudadanos, que asegura mantenerse al margen de las negociaciones que se están sucediendo en los pasillos del Congreso desde hace semanas. "Nosotros no estamos en conversaciones ni nos estamos repartiendo sillones. Planteamos que sea un método meritocrático, y que sean elegidos por un organismo técnico", explica a este periódico la diputada de la formación naranja Melisa Rodríguez, que asegura que los tres partidos están "negociando callados para repartirse el poder".
¿Qué hacer con la nuclear?
Entretanto, en el sector eléctrico esperan a conocer cuáles son los próximos movimientos en el CSN, en un momento en el que la central nuclear de Almaraz (Extremadura) protagoniza el primer debate de este 2019.
Así, está previsto que este mes se celebre una asamblea de propietarios extraordinaria en la central. En esa reunión, las tres propietarias -Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%)- tendrán que decidir su futuro; es decir, si solicitan la prórroga de explotación de la central o si, por otro lado, piden su cierre. Una decisión que tiene que tomarse antes del 31 de marzo.
Y es que aunque el permiso de explotación de esta central termina en junio de 2020, las compañías sitúan el fin de su vida útil en el año 2023. La discusión está, pues, en que las tres propietarias no quieren lo mismo. Mientras Endesa se inclina por pedir la autorización para que funcione 10 años más, prologando su vida útil, Ibedrola y Naturgy abogan por seguir utilizándola otros cuatro años, hasta 2023, cuando termina.
Discusiones que, sin duda, se irán sucediendo a lo largo de los próximos años, ya que las siete centrales en explotación en España (son cinco, pero Almaraz y Ascó tienen dos unidades gemelas) sitúan el fin de su vida útil entre 2023 y 2028. Con partidos políticos defendiendo medidas diferentes (PSOE y Podemos se inclinan por cerrarlas al final de su vida útil, PP por alargarla), y empresas enfrentadas según sus intereses en cada uno de los casos, quiénes se sienten en el CSN podrían resultar determinantes.