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El Partido Popular mantiene un rechazo frontal a las medidas en materia de vivienda que ha aprobado el Gobierno mediante los correspondientes reales decretos-ley. Y afirman que, si ganan las elecciones generales, los derogarán, sólo se quedarán (si acaso) con las deducciones fiscales a inquilinos y propietarios e implantarán el Plan Feijóo.

El Gobierno ha aprovechado el adelanto electoral para aprobar de nuevo los decretos-ley de vivienda y que se tengan que someter a la Diputación Permanente en vez de en la Cortes, que acaban de ser disueltas.

En la Diputación Permanente, las matemáticas parlamentarias sí que le funcionan al PSOE y a Sumar, al menos para el primer decreto-ley, que contiene el grueso de las medidas de Sánchez para paralizar los desahucios y prorrogar los alquileres: no es necesario el voto de Junts para revalidarlo.

Eso no cambia la postura del partido líder de la oposición, el PP, ante ambas normas: mantienen su no ambas medidas, a sabiendas de que probablemente el primer RDL, del que más presumen los socialistas, salga adelante.

Por ello, voces del Partido Popular indican que, si ganan las elecciones, derogarán esta norma (o normas, si por algún tipo de carambola política salieran adelante las dos).

De esta derogación, afirman, sólo se plantearán conservar las deducciones fiscales, que forman parte, de hecho, de los planteamientos sobre vivienda del PP. También el plan público de préstamos a interés cero para cubrir la hipoteca de una primera vivienda.

Sin embargo, un posible Ejecutivo popular cancelará los capítulos normativos destinados a elevar la fiscalidad de los propietarios que suban los alquileres o tengan pisos vacíos.

También todo lo relativo a la suspensión de los desahucios y la prórroga de los alquileres, así como las limitaciones a las subidas de precios.

Los populares insisten en que su estrategia pasa por aplicar las medidas que avanzó el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, hace unas semanas.

Una estrategia (diseñada por Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP) que, entre otras cosas, recoge avales públicos para la compra de la vivienda (que cubrirían hasta el 100%, según el caso) y rebajas fiscales sobre la compraventa de las casas, sobre todo en jóvenes, con reducciones de hasta 26.000 euros.

También hay medidas para acelerar la construcción. El político gallego afirma que, si gobierna, se construirán 250.000 viviendas al año (un millón, en toda la legislatura). Para ello se movilizará todo el suelo público con precios rebajados. Y se impondrán tiempos máximos para que las administraciones resuelvan resoluciones sobre obras.

Todo esto incluye, cómo no, una nueva Ley del Suelo que permita agilizar los planteamientos urbanísticos, acortando los tiempos medios de desarrollo a la mitad.

Los planes del PP pasan también por eliminar la Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno de Sánchez en la anterior legislatura y los controles de precios.

Además, implantará normas para que se garanticen desalojos y desahucios en un plazo máximo de 48 horas. Con un incremento de las penas por ocupaciones de vivienda ilegales.